Desalojo en San Rosendo: La desesperación y «muerte en vida» que enfrentan las familias de La Antena

Comunidad con casi cinco décadas de arraigo denuncia la violencia de un proceso estatal que ya cuenta con un sensible fallecimiento.

La comunidad de La Antena en San Rosendo, perteneciente a la Región del Biobío, sigue viviendo una profunda crisis. A la inminente orden de desalojo que afecta a familias con hasta 50 años habitando la zona, se suma el impacto emocional que ha llevado a situaciones límites como el suicidio de un vecino. Las notificaciones de SERVIU han intensificado la angustia de los residentes, quienes denuncian la falta de transparencia y la nula consideración por sus hogares y bienestar.

Según Jacqueline Muñoz Hidalgo, dirigente social de San Rosendo y trabajadora de la cultura comunitaria, el proceso ha sido brutal para los afectados, asegurando que los vecinos sufren insomnio, pesadillas, crisis de llanto constantes y una profunda sensación de incertidumbre provocada por un proceso marcado por la falta de información clara y transparente, situación que se agrava por la presión constante de funcionarios del SERVIU y del municipio, a quienes acusan de hostigar a los vecinos. Muñoz recalca que incluso quienes ya se han visto forzados a abandonar sus viviendas “viven hoy una muerte en vida”.

La tragedia más reciente enlutó a la comunidad por Luis Fernando González, un vecino que se quitó la vida a raíz de la desesperación por el desalojo: “La violencia del proceso ha sido real y sostenida, el Estado ha vulnerado gravemente los derechos fundamentales de estas personas”, señala Muñoz. Ante la falta de información oficial y la vulneración de sus derechos, La Antena se está organizando para buscar asesoría legal. Gracias a la difusión del caso y al impacto del fallecimiento de su vecino, han recibido apoyo de abogados vinculados a causas de derechos humanos, sociólogos, psicólogos y asistentes sociales. Estos profesionales colaborarán en la elaboración de informes que dimensionen el: “verdadero daño emocional, social y estructural que se ha provocado a las familias del sector”, según detalla la dirigente.

A pesar de que el informe de SERNAGEOMIN del 16 de junio de 2024 describe un “deslizamiento de regolito” en el cerro Las Antenas, los vecinos exigen un estudio individual y serio de cada terreno: «Piden que el proceso sea transparente y que se les trate como personas, con historias, arraigos, emociones y vínculos profundos con el territorio que habitan desde hace décadas”, enfatiza la dirigente, añadiendo que exigen respeto, escucha y humanidad. Además, señala que las soluciones transitorias, como los subsidios de arriendo o compra, no son viables en el contexto de San Rosendo, donde cerca del 80% de la población se dedica al rubro forestal.

La comunidad sospecha que detrás de la urgencia por desalojar hay intereses privados, dada la falta de claridad en las intenciones del SERVIU. Jacqueline Muñoz dice que: “Algunos vecinos han escuchado que se proyecta un parque en el lugar, con supuestas intenciones de fomentar el turismo. Sin embargo, nadie nos ha informado oficialmente. La verdad es que no entendemos por qué tanta urgencia en sacar a las familias”. La dirigente concluye con una alarmante advertencia: “nuestro miedo más grande hoy es que más vecinos están pensando en quitarse la vida. Lo dicen con desesperación, con lágrimas, con el alma quebrada”.

La situación de La Antena no es solo un conflicto por terrenos, sino un reflejo de la urgente necesidad de un diálogo estatal genuino con las comunidades.