Denuncian que gobernador de Los Lagos aprueba concesiones industriales mientras lleva 13 Espacios Costeros de comunidades indígenas rechazadas
La plataforma Espacios Costeros difundió una publicación en redes sociales denunciando un «insólito» doble estándar en la tramitación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en la Región de Los Lagos. «El gobernador Alejandro Santana aprueba concesiones industriales y rechaza los espacios costeros de las comunidades», señala el texto. La denuncia se basa en la diferencia de requisitos que enfrentan los distintos tipos de solicitudes: mientras la Ley 20.249 permite que las comunidades indígenas administren su mar, en Los Lagos «un Espacio Costero necesita la aprobación política de 56 representantes: la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC)», a diferencia de las concesiones de acuicultura o las áreas de manejo.
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Según la plataforma, la CRUBC «ha rechazado 13 solicitudes de Espacios Costeros entre 2024 y 2026», pero «en las mismas votaciones, aprueba las solicitudes de concesiones industriales». Este contraste evidencia, a juicio de la organización, un trato desigual que perjudica a las comunidades mapuche que buscan administrar sus territorios costeros bajo la ley vigente.
Las solicitudes rechazadas el 6 de noviembre
El 6 de noviembre, la comisión rechazó cuatro nuevas solicitudes: Carelmapu, en Maullín; Isla Quihua y Quihua-San José, en Calbuco; y Chaumán, en Ancud. Estas se suman a una lista de solicitudes previamente negadas: San Juan de Chadmo, Yaldad, Barrio Costero e Isla Linaguá, en Quellón; Linao, en Ancud; Isla Tranqui, en Queilen; Nercón, en Castro; Isla Puluqui e Isla Tabón, en Calbuco; y Gulán Ñuke Lafkén, en Puerto Montt.
La espera de las comunidades
«Las comunidades llevan hasta 10 años esperando una respuesta», advirtió la plataforma, señalando que «el Estado sigue alargando y obstruyendo la tramitación de los Espacios Costeros». La plataforma cuestionó el rol de la CRUBC, que se ha convertido en un obstáculo para la aplicación de la Ley Lafkenche,.
La denuncia se suma a las críticas de otras organizaciones como Identidad Territorial Lafkenche, Observatorio Ciudadano y Defendamos Patagonia, que han advertido sobre la postura sistemática del organismo.
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