Durante 2024: Contraloría prevé potenciar fiscalización a servicios vinculados con emergencias, seguridad y delincuencia

Durante 2024, la Contraloría General de la República (CGR) prevé potenciar la fiscalización a servicios que se relacionan con las áreas de emergencia, seguridad y delincuencia que afectan a la ciudadanía.

Así lo aseguró la contralora (S), Dorothy Pérez, durante la rendición de la cuenta pública de la institución, efectuada este lunes 25 de marzo.

Pérez se refirió al nuevo impulso que tendrá organismo de control durante el transcurso de este año, cuyas labores se direccionarán a los temas que actualmente más demandan las personas, como la fiscalización a los servicios que se relacionan con temas de seguridad y delincuencia, fijando como directrices la especial preocupación por acciones como quema de drogas, incautación y control de armas, entre otras tareas.

Indicó que se considerará la destinación de más personal y recursos para la correcta fiscalización de estas materias.

Asimismo, durante su alocución, la contralora (S) destacó que desde enero de 2024 está en pleno funcionamiento la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, creada con el propósito de potenciar la descentralización, tener más contacto con las regiones y sus áreas de riesgo, a fin de concretar un accionar más eficaz.

En la misma línea, señaló que otro eje del trabajo institucional será mejorar la oportunidad de las respuestas de la Contraloría antes las emergencias ciudadanas, para lo cual se determinó redestinar personas a labores directas de línea en control externo y control de juridicidad.

A nivel interno, Pérez destacó que se buscará fortalecer el principio de carrera funcionaria en la Contraloría.

Las cifras que marcaron la gestión 2023

Como parte de la rendición de la Cuenta Pública, enmarcada en el cumplimiento del artículo 143 de la Ley N° 10.336 Orgánica Constitucional de la CGR, la contralora (S) Dorothy Pérez se refirió a las principales cifras que marcaron la gestión institucional del año pasado, las cuales dividió en cuatro grandes áreas de trabajo: función de auditoría, función jurídica, función contable y función jurisdiccional.

Reportó que se realizaron 381 auditorías de cumplimiento, las cuales en su gran mayoría incluyeron exámenes de cuentas, 41 auditorías de estados financieros, 213 auditorías o fiscalizaciones simplificadas, 103 investigaciones especiales, 1.275 referencias de auditoría y 94 inspecciones de obra pública. Asimismo, se hizo el seguimiento de 6.584 observaciones y se recibieron y procesaron 143.403 declaraciones de patrimonios e intereses.

En cuanto a la función jurídica, en cifras, se examinó la juridicidad de 34.745 actos administrativos, se emitieron 21.222 dictámenes y oficios, se finalizaron 153 procedimientos disciplinarios, 40.720 casos fueron sometidos a control posterior y, como resultado de ello, se formularon 42.264 observaciones.

Con relación a la función contable, indicó que se procesaron 49.199 informes contables y presupuestarios, se analizaron 2.861 actos que aprueban o modifican presupuesto, así como 415 documentos de deuda pública, al tiempo que se emitieron 4 informes financieros.

En lo relativo a la función jurisdiccional, Pérez informó que se presentaron 115 nuevas demandas o reparos, para perseguir la recuperación de fondos públicos por la suma de $15.187.945.129. El Juzgado de Cuentas, en tanto, emitió 145 sentencias definitivas de causas previas, referentes a responsabilidad patrimonial, mientras que en segunda instancia se emitieron 139 fallos.

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