Ecuador: Parlamento elimina dos artículos de Ley de Violencia Digital

La presión social ejercida por gremios de la comunicación fue crucial para eliminar la penalización por la divulgación de información de terceros sin consentimiento del instrumento legislativo

El pleno de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador reconsideró su votación anterior y eliminó dos artículos referidos al delito de violación de la intimidad de la Ley de Violencia Digital aprobada la semana pasada.

«La reconsideración de la votación del mencionado proyecto que obtuvo 88 votos se dio luego de que el asambleísta José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del informe, propuso aprobar el texto del proyecto de Ley sin las reformas a los artículos 178 y 178.1 del Código Orgánico Integral Penal», dijo la Asamblea en un comunicado.

Los textos eliminados se refieren a la penalización por la divulgación de información de terceros sin consentimiento.

El proyecto inicialmente fue presentado para proteger a las víctimas de violencia sexual en el ámbito digital, y el ciberacoso sexual.

Sin embargo, durante el trámite, se incluyeron otras figuras que, según expertos, no sólo distorsionan el sentido original de la norma, sino que implican graves vulneraciones a libertades y derechos en el espacio digital.

La reconsideración realizada el lunes mantiene en otros capítulos sanciones de prisión por publicar secretos o información personal de terceros, lo cual, dicen gremios periodísticos, continúa siendo un atentado para la libertad de información y una amenaza para el periodismo de investigación.

La Ley fue aprobada el jueves 6, e inmediatamente generó la reacción de parte de organizaciones como la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y gremios periodísticos, entre otros, que sostenían que se intentaba censurar a la prensa y eliminar pruebas en casos de corrupción.

La Fiscalía General del Estado también se sumó a los cuestionamientos.

El proyecto será enviado al Ejecutivo para su análisis.La Presidencia de la República, según lo previsto en la Constitución Política del país suramericano, tiene un plazo de 30 días para aprobar o vetar total o parcialmente el proyecto de Ley.

Cortesía de Sputnik

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