El exsargento Víctor Roa: El traficante de armas y municiones del Ejército

“Tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes”.

Ricardo Martínez, Excomandante en Jefe del Ejército.

Por Jorge Molina Araneda

-Datos generales

En la última década la prensa chilena ha dado cuenta del robo o extravío de aproximadamente 370 armas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Además de pistolas, revólveres y escopetas; destaca la desaparición de armas de alto poder de fuego: cinco subametralladoras UZI, tres fusiles AK-47, dos fusiles SIG y un fusil Galil, como mínimo, han sido sustraídos o “perdidos”. Incluso, se registra la pérdida de una granada del Ejército en Quillota el año 2012.

Carabineros lidera la cuenta, con 150 armas robadas o extraviadas. Luego asoma la Policía de Investigaciones, con 73, seguida de cerca por el Ejército, con 68 armas desaparecidas. En otro orden de proporciones, Gendarmería registra el robo de 3 revólveres y la Fuerza Aérea, por su parte, la sustracción de un fusil Galil.

De acuerdo a Resumen (2023), Carabineros de Chile ha indicado que ha extraviado, perdido o sufrido robo de 150 armas en los últimos diez años.

Se trata de 63 revólveres, 76 pistolas, 6 escopetas y 5 pistolas ametralladoras robadas, perdidas o extraviadas en distintos lugares del país en la última década.

Desglosado por año, el 2017 fue el momento en que más armas habrían desaparecido: una pistola ametralladora, una escopeta, 13 pistolas y 15 revólveres. 30 armas en total.

Luego lo sigue el año 2015 (18), 2016 (18) y 2018 (18). Sigue el 2019 con 17 armas; el 2014 con 14 armas; el 2013 con 10; 2021 9 armas; 2020 y 2022 7 armas; y este 2023 que hasta marzo registra 2 armas. 79 de éstas son informadas en la Región Metropolitana. La sigue Valparaíso (17); Araucanía (15); Bío Bío (9); Coquimbo (7); O’Higgins (5); Maule (4); Los Ríos (4); Tarapacá (3); Atacama (2) y Chiloé (2); y Antofagasta (1), Aysén (1) y Los Lagos (1).

Entre 2012 y 2022 la Corte Marcial de Santiago (con jurisdicción sobre el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros) y la Corte Marcial de la Armada (ubicada en Valparaíso) registraron al menos 38 casos de robo de armamento -y de materiales afines, como chalecos antibalas, uniformes y otros- perpetrados por militares o carabineros, los que culminaron con condenas para 54 uniformados. En al menos 15 de estos casos hay pruebas o indicios de que las armas sustraídas estaban destinadas a delincuentes, incluyendo narcotraficantes. En seis de estos casos las investigaciones de la justicia militar consiguieron registrar de manera fehaciente el nexo entre los uniformados involucrados y los delincuentes. En otros nueve, aunque no se describe de forma taxativa el vínculo con criminales, se incluyen detalles que apuntan en esa dirección.

En la revisión de estos procesos, se encontraron 14 sentencias condenatorias de la justicia militar en que alguno de los involucrados confesó el monto que recibió o que pretendía pedir por el armamento, debido a que en algunos casos no se alcanzó a concretar la compraventa. En varias de estas causas se presentaron los avalúos del armamento, encargados por los mismos tribunales o efectuados por armeros de las instituciones de la defensa. De esta manera, es posible identificar el alto sobreprecio que en la mayoría de los casos se pagó o se iba a pagar en el mercado negro por estas especies.

Fusiles avaluados entre $1.300.000 y $2 millones por unidad, granadas a $30 mil, pistolas vendidas en $300 mil y revólveres a $100 mil, visores nocturnos a $200 mil la unidad, son algunos de los precios que se pusieron a armas robadas desde los cuarteles. Así se desprende de las sentencias dictadas entre 2012 y 2022 por la Corte Marcial de Santiago y la Corte Marcial de la Armada. Asimismo, en varias sentencias se constataron precios que sobrepasaban el 100%, y en algunos casos hasta el 200% del valor original.

-Tráfico de armas en el Ejército

En noviembre de 2018, un reportaje exclusivo de The Clinic reveló que oficiales y suboficiales del Ejército de Chile traficaron armas para bandas de narcos. Era el entonces Comandante en Jefe de la institución castrense, Ricardo Martínez, quien reconocía -en un encuentro privado en la Escuela Militar– que uniformados “compran armas por la vía legal, que después las dan por perdidas. Pero lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes“.

En ese momento, ya el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) tenían en la mira a dos sospechosos. Según una investigación de Meganoticias, se trataba-originalmente- de Jonathan Olave Ahumada y Jonathan Alfaro.

A través de escuchas telefónicas, la Fiscalía y las policías lograron desbaratar el mecanismo de tráfico, que incluía la venta de granadas de fragmentación. En las conversaciones, los implicados utilizaban términos como “pelotas” y “cargadores”. Pero hubo una palabra que alertó a los investigadores: “fragmentación“.

El inspector de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI, Raúl Muñoz, explicó que “en base al análisis que hicimos de la información, pudimos determinar que esos comunicados hacían referencia a granadas de fragmentación“.

En tanto, para Milibor Bugueño, de la Fiscalía Metropolitana Sur, “es un hecho con bastante peligro para la sociedad”. El fiscal que llevó la investigación comentó que una granada de fragmentación “cuando estalla, salta en muchos más pedazos, dañando a mucha más gente“.

A través de las escuchas, se logró determinar que existía un nexo entre Olave y Los Gálvez, una conocida banda de narcotraficantes de La Legua Emergencia que intentó resurgir en 2018. “La idea era poner a disposición de los narcos cinco granadas, que estaban próximas a ser entregadas. Estaba la lista hecha”, detalló Bugueño.

La pieza clave del engranaje dentro del Ejército, sin embargo, era Víctor Roa Alburquenque, sargento segundo del Ejército, quien proveía las armas. Según Muñoz, el uniformado “era quien llevaba el suministro de munición y las entregaba a distintos regimientos. Aprovechaba esa facultad para ir a buscarla y desviarla a bandas delictuales“.

El inspector de la Brico de la PDI señaló que adquiría las armas “de manera solitaria. No había más funcionarios involucrados. Se aprovechaba de la confianza que había por él ser un funcionario antiguo. Nadie lo registraba al momento que salía”.

Así, la investigación concluyó que era Roa quien extraía las armas y municiones desde los almacenes de guerra ubicados en Batuco. Luego, se las entregaba a Jonathan Olave, que las distribuía entre bandas de crimen organizado.

En junio pasado, Víctor Roa y Olave fueron condenados, respectivamente, a 12 y 13 años de cárcel, por los delitos de tráficos de armas y municiones. En tanto, Jonathan Alfaro resultó asesinado en la población Santa Adriana, en Lo Espejo, dejando dudas respecto al paradero de las demás armas de guerra.

He aquí finalmente, estimado lector, el porqué las bandas de narcotraficantes poseen un alto poder de fuego.

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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