Los datos que desmienten los mitos sobre los ECMPO
Un estudio encargado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), denominado Proyecto FIPA 2025-01 y titulado «Análisis y evaluación de impacto en la economía local con el establecimiento de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios», entregó resultados contundentes sobre la gestión de estos territorios.
La plataforma Espacios Costeros difundió los hallazgos del informe, que analizó 17 Espacios Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO) y concluyó que, lejos de los prejuicios, «en los Espacios Costeros Indígenas, el mar produce más».
Recuperación de recursos y participación
El primer hallazgo clave es el impacto positivo en la biodiversidad marina. Según el informe, el 75% de los encuestados indicó que los Espacios Costeros permiten recuperar recursos pesqueros (pág. 249). Además, el estudio desmiente la idea de que estas figuras excluyen a otros actores del mar: en 14 de los 17 Espacios Costeros analizados, se incluyó formalmente a «usuarios no titulares», es decir, organizaciones sociales y pescadores artesanales (pág. 59), demostrando que la administración indígena promueve la inclusión y la convivencia en el borde costero.
La verdadera traba: la burocracia estatal
El estudio también apunta a un problema estructural en la implementación de la ley. Aunque la normativa establece que la tramitación de un Espacio Costero debería demorar entre 2 y 3 años, la realidad es que el Estado se demora entre 6,5 y 13,5 años en completar el proceso (pág. 24). Esta lentitud no es responsabilidad de las comunidades, sino de la propia institucionalidad. La plataforma Espacios Costeros subrayó que «la ley de Espacios Costeros funciona», pero «falta que el Estado cumpla y apoye su implementación efectiva».
La conclusión del informe
El documento final del Proyecto FIPA 2025-01 concluye que los Espacios Costeros indígenas cuidan el mar y que el verdadero problema está en su implementación por parte del Estado. Los datos echan por tierra los argumentos de quienes se oponen a estas figuras de administración territorial, demostrando que no solo protegen la biodiversidad, sino que también fortalecen la economía local y la inclusión de diversos actores. La plataforma hizo un llamado a «deslizar para ver los datos y compartir» para que la ciudadanía conozca la evidencia científica y exija al Estado cumplir con los plazos que la propia ley establece.
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Ver también publicación del ilustrador Alejandro Loika
