Estatal CODELCO firma alianza hasta 2060 con SQM bajo acusaciones de opacidad y trato directo privilegiado
La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) oficializaron la creación de NovaAndino Litio SpA, la sociedad conjunta que se encargará de la exploración, explotación, producción y comercialización del litio en el Salar de Atacama por las próximas tres décadas y media, hasta el año 2060.
Esta entidad, de carácter inédito en el país, es el resultado de la fusión de las filiales Minera Tarar SpA (de Codelco) y SQM Salar SpA, y se constituye como una asociación público-privada con mayoría y liderazgo estatal. La primera sesión de su directorio, integrado de forma paritaria por tres representantes de cada empresa, está programada para este lunes 29 de diciembre.
Según anunció CODELCO, la nueva compañía concentrará todos los activos permisos, oficinas internacionales, conocimiento técnico y equipos humanos del negocio del litio de SQM, luego de un proceso de reorganización desarrollado entre 2024 y 2025. Según informaron las empresas a través de un Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el acuerdo garantiza la continuidad operacional en el Salar de Atacama bajo los contratos vigentes con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y los que regirán a partir de 2031.
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, calificó el paso como «estratégico» para que el Estado participe activamente en la producción de un «recurso clave para la transición energética y digital de escala global».
Una alianza de largo plazo
Esta materialización es el corolario del Acuerdo de Asociación firmado el 31 de mayo de 2024, un proceso que, según las empresas, fue revisado por más de 20 organismos e instituciones tanto en Chile como en el extranjero e incluyó una extensa consulta indígena liderada por Corfo. Todos los antecedentes del acuerdo han estado disponibles públicamente en el sitio web www.acuerdocodelcosqm.cl. Ricardo Ramos, gerente general de SQM, destacó que la sociedad conjunta permite «proyectar el desarrollo del Salar de Atacama» combinando «capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales».
Como parte integral de los compromisos de la asociación, SQM transfirió a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el Salar de Maricunga, un movimiento que fortalece significativamente la posición del Estado en ese territorio y habilita futuros proyectos. Las compañías también informaron que la materialización de la fusión tendrá un efecto positivo y material en los resultados financieros de Codelco para el cierre del año 2025, impacto que será reflejado en los estados financieros al 31 de diciembre.
Cuestionamientos por trato directo y presiones políticas
Pese al anuncio oficial, el acuerdo ha estado envuelto en una intensa polémica. El diputado Cristián Tapia (IND–PPD), presidente de la Comisión Especial de la Cámara que investigó el acuerdo, ha sido uno de los críticos más frontales. En entrevista con El Ciudadano, Tapia acusó a Codelco de intentar «impedir» la creación de dicha comisión investigadora, sugiriendo que hubo presiones para que parlamentarios bajaran sus firmas de la solicitud. «Si Codelco tiene esta actitud, es porque algo está escondiendo», afirmó el parlamentario, quien también cuestiona el «apuro» por cerrar el acuerdo antes del fin del actual gobierno.
Uno de los puntos más controversiales es la decisión de realizar un trato directo con SQM, evitando una licitación pública internacional. Tapia y otros críticos argumentan que, según el contrato vigente entre Corfo y SQM que vence en 2030, el Estado tenía dos caminos claros: recuperar el 100% de las pertenencias mineras para explotarlas directamente o llamar a una licitación abierta. En cambio, se optó por una negociación bilateral. El diputado calificó de «mentira» y «vergüenza» la justificación oficial de evitar un «valle productivo» (interrupción en la producción), argumento que, según él, fue desmontado técnicamente por expertos durante las investigaciones parlamentarias.
Secretismo, auditorías y un vicio de origen
Las críticas se extienden hacia la opacidad en el proceso. Tapia reveló que, durante la comisión investigadora, Máximo Pacheco se negó inicialmente a exhibir el contrato de asesoría con el banco de inversión Morgan Stanley, finalmente presentándolo «tarjado» (con información censurada) y en inglés. Según el diputado, este contrato, fechado el 30 de marzo de 2023, no solo establecía un pago confidencial con dinero del Estado, sino que además contenía incentivos para que Morgan Stanley llevara el acuerdo con SQM a buen término.
La polémica alcanzó a la Contraloría General de la República. El órgano fiscalizador, tras recibir un requerimiento de la bancada del PPD, habría señalado inicialmente su intención de realizar una auditoría exhaustiva. Sin embargo, horas después emitió un oficio condicionando la «toma de razón» (aprobación) del acuerdo, solicitando a Codelco que eliminara una cláusula referente a una investigación de la SEC en Estados Unidos. Para el diputado Tapia, esto es como «mostrar el camino» para aprobar el contrato, haciendo inútil una futura auditoría que podría demorarse meses. «¿Qué sentido tiene hacer una auditoría que se va a demorar siete, ocho meses… cuando ya tomó razón y el contrato se va a firmar por estos días?», cuestionó.
La legalidad misma del proceso es puesta en duda. En una carta dirigida a El Mercurio y publicada por El Ciudadano, el economista Manuel Cruzat Valdés expone lo que califica como un «vicio de origen». Señala que, mientras Corfo está obligado a licitar el arriendo de sus pertenencias mineras al término del contrato con SQM en 2030, Codelco no tiene esa obligación. Cruzat detalla la secuencia: en mayo de 2023, Codelco inició negociaciones directas con SQM; en octubre de 2023, Corfo traspasó en arriendo las pertenencias a una filial de Codelco; y en diciembre de 2023, Codelco anunció el acuerdo con SQM. La pregunta central de la carta es: «¿Sería entonces instrumental el acuerdo Corfo – Codelco para evitar un proceso de licitación a que estaría obligada la primera?». De ser así, toda la operación estaría viciada desde su inicio.
La sociedad NovaAndino Litio SpA nace, por tanto, bajo la promesa de una “nueva era para el litio chileno”, pero también bajo la sombra de acusaciones de falta de transparencia, procedimientos cuestionados y lo que sus detractores ven como una cesión de recursos estratégicos del Estado a perpetuidad, sin competencia y sin maximizar el beneficio para el país.
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