¿Es una prioridad financiar el rodeo? Revelan que municipios destinaron 640 millones de fondos fiscales en 2024

Gasto fiscal en Rodeo Un análisis de los fondos públicos destinados al rodeo en Chile revela un aumento exponencial del gasto fiscal en los últimos años

¿Es una prioridad financiar el rodeo? Revelan que municipios destinaron 640 millones de fondos fiscales en 2024

Autor: Seguel Alfredo

Gasto fiscal en Rodeo

Un análisis de los fondos públicos destinados al rodeo en Chile revela un aumento exponencial del gasto fiscal en los últimos años. De acuerdo con datos del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, citados por la organización Derecho y Defensa Animal, los aportes a asociaciones y clubes de rodeo fueron de $670.221.427 pesos en 2024.

Esta asignación de recursos contrasta con múltiples necesidades sociales que permanecen sin financiamiento adecuado, resalta la organización.

Más allá del debate ético sobre el maltrato animal, un artículo publicado por DiarioConstitucional.cl el 23 de septiembre de 2025, introduce una dimensión jurídica crucial: la afectación de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). La publicación sostiene que exponer a NNA a espectáculos donde se normaliza la violencia hacia los animales vulnera el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los estados a protegerlos de toda forma de abuso físico o mental.

Este enfoque se ve reforzado por estándares internacionales. La Observación General N°26 del Comité de Derechos del Niño (2023), citada en el análisis, amplía explícitamente la protección al establecer que la violencia contra los animales constituye una forma de violencia que impacta psicológicamente a la infancia. El Comité ha recomendado previamente a países como España, Ecuador y Perú prohibir la participación de NNA en espectáculos taurinos, una lógica que, según el artículo, es aplicable al rodeo por sus similitudes estructurales.

La contradicción normativa nacional es evidente. Por un lado, la Ley N°21.430 sobre Garantías de la Niñez y la Ley N°20.380 de Protección Animal promueven el derecho a crecer en entornos libres de violencia y el respeto hacia los animales. No obstante, como señala DiarioConstitucional.cl, el artículo 16 de la Ley 20.380 excluye al rodeo de la aplicación de las normas de protección animal, reconociéndolo como deporte y permitiendo su autorregulación, lo que facilita su financiamiento con dineros públicos.

Un caso concreto de este gasto público, fue denunciado por el concejal de Colina, Federico Koch, según reportó ElCiudadano.com. Koch reveló que la Corporación Municipal de Deportes de Colina destinó $87.042.550 pesos al arriendo de ganado para un rodeo en la medialuna de Peldehue, adjudicado por trato directo y, según su denuncia, sin supervisión veterinaria independiente. El edil cuestionó el uso de fondos para una práctica que considera maltrato animal, existiendo otras urgencias comunales.

Desde una perspectiva legal, el abogado Cristian Apiolaza, en una columna para Mestizos.cl, argumenta que la solución ética es la prohibición, no la regulación. Apiolaza afirma que es imposible realizar el rodeo sin maltrato animal, describiendo prácticas como golpes, uso de electroshock y torturas para levantar a los novillos. Su postura es clara: el estatus legal de «deporte» y «tradición» que le otorga el artículo 16 es la llave que le da acceso a financiamiento público, que en 2019 superó los 1.130 millones de pesos a nivel nacional.

En conclusión, la persistencia del rodeo con fondos del Estado genera una triple contradicción: ignora el creciente consenso internacional sobre la protección de la infancia frente a la violencia animal, vulnera el principio del interés superior del niño consagrado en la ley chilena y mantiene una excepción legal que normaliza la crueldad. Las fuentes analizadas coinciden en la urgencia de adecuar la normativa interna a los estándares internacionales, prohibiendo la participación y exposición de NNA al rodeo y revisando críticamente la inversión pública en una práctica incompatible con un Estado de derecho que se precie de proteger a los más vulnerables.


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