«Esta era la forma soterrada de ponerlos en libertad»: Diputada Fries acusa al Gobierno de usar rebajas de penas para liberar a criminales de lesa humanidad

La diputada Lorena Fries (FA) acusó al Gobierno de usar las rebajas de condenas a abusadores sexuales como una vía "soterrada" para liberar a criminales de lesa humanidad. En entrevista con Radio Biobío, denunció un "patrón de regresión" en derechos humanos que incluye el desmantelamiento del Plan de Búsqueda, la reforma al INDH y la falta de transparencia en la entrega de decretos.

«Esta era la forma soterrada de ponerlos en libertad»: Diputada Fries acusa al Gobierno de usar rebajas de penas para liberar a criminales de lesa humanidad

«Un patrón de regresión»: la diputada Fries denuncia desmantelamiento del Plan de Búsqueda y la reforma al INDH como parte de una agenda autoritaria

Las rebajas de condenas que inicialmente encendieron las alarmas por beneficiar a pederastas terminaron abriendo una controversia aún mayor: también alcanzaron a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Una decisión que la diputada Lorena Fries (FA) calificó, en entrevista con Radio Biobío, como una maniobra «soterrada» para dejarlos en libertad. «Yo creo que hay una estrategia detrás para que, ante la convulsión que producen tanto el proyecto de conmutación de penas como la exigencia de republicanos al Gobierno por el indulto, esta era la forma soterrada de ponerlos en libertad», afirmó la parlamentaria, refiriéndose a los casos del excarabinero Miguel Segundo Arias Navarrete y el exmiembro de la FACH, Manuel del Carmen Cabezas Pérez, ambos condenados por violaciones a los derechos humanos y hoy libres.

Fries explicó a Biobío, en el caso de los violadores de derechos humanos, «se han rechazado la mayoría de peticiones o amparos que se han presentado por parte de los condenados por crímenes de lesa humanidad por las cortes». Sin embargo, advirtió que «tanto el exsubsecretario Luis Silva como el ministro Fernando Rabat, lo que hicieron es optar por rebajar las penas y no dejar eso a la corte». Y sentenció: «Aquí hay una infracción claramente legal, porque los requisitos para optar a beneficios intrapenitenciarios por parte de criminales de lesa humanidad tienen un umbral más alto que aquí no se ha respetado».

La diputada también cuestionó la actitud del presidente José Antonio Kast, quien emplazó a la oposición a presentar una Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. «Esperan que la AC se presente sin los decretos porque eso le da más posibilidades de salir bien parado al ministro», señaló a Radio Biobío, y acusó que «son artimañas opacas, poco transparentes y mentirosas por parte de este Gobierno». Además, apuntó a un «patrón de regresión» en materia de derechos humanos que incluye los despidos de jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda, el freno a la glosa presupuestaria para la búsqueda y digitalización de documentos, y la reforma al INDH que busca restarle atribuciones.

Respecto a esta última, Fries fue categórica: «Lo que buscan es concentración del poder y que no haya contrapesos. En materia de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es el contrapeso al Gobierno». Y advirtió: «Imagínese una transición con gente designada por el Gobierno que tiene que levantar la voz contra el Gobierno. Eso no va a pasar». La diputada comparó la situación con lo ocurrido en Venezuela con el Defensor del Pueblo y alertó que, si la reforma se consuma, «Chile va a perder la acreditación de nivel A, es decir, de primer nivel, que tiene en Naciones Unidas. Eso quiere decir que el Instituto no sirve para nada».

Finalmente, Fries llamó a las organizaciones de derechos humanos a hacer valer su voz dentro y fuera del Parlamento. «Ya empezaron las audiencias. Me ha impresionado mucho que numerosas organizaciones que trabajan en distintos ámbitos de los derechos humanos hayan pedido estar presentes y hayan hablado del trabajo que hace el INDH en el territorio», declaró a La Tercera. Y concluyó: «Cuando no se respetan las instituciones, cuando se trata de coartar organismos autónomos y se busca concentrar el poder de manera que no haya disidencia alguna con lo que plantea el Gobierno, estamos empezando a erosionar la democracia y a seguir una línea que es básicamente la de un Gobierno autoritario».

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