Ex alcalde de Cunco: Abuso de poder y las grietas de la justicia chilena

La admisión de culpabilidad del exedil Alfonso Coke por abuso sexual reiterado da pie a un debate crucial sobre la justicia y la reparación para las víctimas.

El Juzgado de Garantía de Temuco declaró culpable a Alfonso Coke por los abusos cometidos entre 2013 y 2021, donde se aprovechó su posición jerárquica. La aceptación de los cargos por parte del exjefe comunal asegura una condena, y la fiscalía solicita que esta sea de tres años y un día de cárcel, lo que paralelamente genera inquietud sobre el mensaje que esto envía a la sociedad.

La abogada Vivian Franco, con una década de experiencia en litigación y especialista en casos de violencia de género, afirmó que la admisión de responsabilidad de Coke fue: «parte de los elementos relevantes que permitieron arribar a un veredicto condenatorio antes de lo pensado, pero no le llamaría expedito. Aquí pasaron años de impunidad», explicó, asegurando que al aceptar los hechos se aplica un procedimiento abreviado, que si bien agiliza el proceso y asegura una condena, la pena generalmente es menor.

Por su parte, la vocera de la Asamblea Feminista Cunco, Rocío Luna, expresó su preocupación por una condena que no supere los tres años, considerando que el exjefe comunal: «reconoce que provocó estos delitos y hubo abuso de poder, la pena impuesta es insuficiente frente a este daño causado», sostiene. Para Luna, este fallo puede interpretarse como una minimización del sufrimiento de las víctimas, generando desconfianza en la justicia y revictimización «a quienes han abusado de su poder en otros municipios, esta condena podría interpretarse con un mensaje de permisividad, que incluso cuando se cometen actos graves, las consecuencias legales pueden ser manejables o poco significativas».

Sin embargo, existe un punto aún más preocupante, sobre el cual la abogada Franco señala que «es muy posible que el exalcalde no pise la cárcel, si se le abona el tiempo que estuvo cumpliendo cautelares», advirtió. También señaló que la probabilidad de que esto ocurra es altísima y que dependerá de la pena exacta que determine el tribunal al leer la sentencia.

Si bien esta situación es legal, la abogada Vivian Franco considera que puede agudizar la percepción de injusticia, dando a entender que los políticos gozan de privilegios en los tribunales. En ese sentido, Rocío Luna lo confirma respecto al profundo impacto que el acoso causa en las víctimas, señalando que deja marcas en su salud mental, dignidad y vida familiar. Además, la vocera enfatizó que la reparación no solo implica una sanción penal, sino también una condena social, medidas de reparación simbólica, apoyo psicológico y garantías de no repetición.

Más allá de la condena penal, ambas expresaron coinciden en que quedan pendientes medidas de reparación integral para las víctimas. Rocío Luna enfatizó la necesidad de que esta condena sea solo el primer paso y que «la justicia y las instituciones trabajen para erradicar la impunidad y promover una cultura de respeto, dignidad y responsabilidad en el ejercicio del poder público». Por su parte, Vivian Franco planteó la interrogante sobre los mecanismos de protección laboral y social: «nuestra mirada de justicia con perspectiva de género no se agota en una condena individual, debe transformar las condiciones que permitieron lo ocurrido», sentenció.

La audiencia para la lectura de la sentencia definitiva está programada para el jueves 17 de julio, fecha en la que se conocerá el dictamen final que determinará el futuro del exjefe comunal y las medidas de reparación para las víctimas.