Trabajadores a la deriva tras quiebra de Corona

Denuncian el impago de finiquitos y la retención indebida de impuestos, mientras el holding intentaría liquidar activos millonarios.

Tras el cierre de la multitienda Corona en 2025, un grupo de profesionales informáticos inició acciones legales contra al verse obligados a aceptar sus finiquitos en cuotas, las cuales dejaron de pagarse en septiembre.

A través de la justicia, se busca descubrir qué pasó con el dinero que la empresa les descontó de sus sueldos para pagar impuestos, pero que nunca entregó, dejando en el aire el destino de esos fondos que pertenecen a los trabajadores.

Promesas incumplidas y deudas

El holding de la familia Schupper, a través de los Servicios Informáticos para el Comercio (CORSYSTEM), desvinculó su equipo informático completo prometiendo pagos parcelados que hoy se encuentran en mora, dejando en incertidumbre a un total de 38 ex trabajadores. 

Según su abogado representante, Matías Berríos, la situación es grave: «Presentamos la querella porque nos consta que no se enteró el impuesto único de segunda categoría. Sabemos que esos montos sí fueron retenidos por la empresa», sostuvo.

Los afectados, algunos con más de 36 años de trabajo en la empresa, denuncian un «portazo» por parte de los representantes legales. Aseguran que «desde septiembre no se ha cancelado ninguna cuota más. No nos dan una explicación y hay un silencio total ante nuestros correos», señalan.

El muro del silencio

Por lo que señala el abogado, a pesar de que el patrimonio de los Schupper superaría los 80 millones de dólares, los ex trabajadores de Corona relatan meses de angustia sin ingresos. Acusan que, incluso durante la pandemia, aceptaron rebajas salariales que jamás fueron compensadas, para luego terminar siendo despojados de sus derechos básicos tras décadas de servicio.

Ante esto, el abogado asegura que «es inaudito el trato a los trabajadores; llevan más de 5 meses sin recibir pago alguno». El jurista recalca que los mismos ejecutivos que hoy no responden, como Ximena Buhler y Matías Jarpa, fueron quienes firmaron los finiquitos comprometiendo dineros que la empresa parece no estar dispuesta a pagar.

Laberinto judicial

La defensa de los ex trabajadores de informática interpuso tres demandas: por no pago de finiquito, despido injustificado y unidad económica. Esta última es clave, ya que busca que todas las sociedades del holding respondan por las deudas laborales, dada la interdependencia que existía en el funcionamiento de la cadena.

Mientras tanto, el intento de vender un centro de distribución valorado en 20 millones de dólares se ha estancado. Según Berríos, gigantes empresariales como Canon y Grupo Patio, han rechazado negociar por temor a los embargos judiciales que pesan sobre la firma. Para los afectados, esta es la única forma de presionar a un clan familiar que, aseguran, les dio la espalda.