Exministro Pardow en el foco por vínculos “no declarados” en medio de Acusación Constitucional

Abogado Gustavo Lorca expone supuestos conflictos de interés que involucran a su cónyuge y a un asesor, ambos relacionados con el sector eléctrico.

La controversia en torno a la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, se intensificó ante las declaraciones del abogado y candidato a diputado Gustavo Lorca, quien reveló una serie de antecedentes sobre presuntos conflictos de interés y omisiones en la declaración de patrimonio del investigado. Los señalamientos se producen en paralelo a la evaluación del libelo acusatorio por su rol en el ocultamiento del error de cálculo en las tarifas eléctricas.

El eje de las acusaciones de Lorca es la relación del exministro con Rodrigo Castillo Murillo, quien fue director de la Asociación Gremial de Distribuidores Eléctricas por más de una década, cuestionando esta conexión: «No es posible que alguien como Rodrigo Castillo, un operador del área eléctrica, le preste servicio a ambos lados de la mesa», afirmó Lorca, indicando que el asesor, con un historial de defensa de los intereses de las distribuidoras, actualmente defiende la gestión de Pardow ante la comisión.

Otro punto de la controversia es el vínculo del exministro con el estudio jurídico FerradaNehme, donde Pardow trabajó por 12 años. Según Lorca, la cónyuge de Pardow, Catalina Iñiguez, es socia en el área de Derecho de la Competencia y Regulación Económica de la firma, lo que representa una potencial incompatibilidad no transparentada. El abogado enfatizó que el asunto: «Es el conflicto de interés no declarado de que su actual cónyuge”, comentó, añadiendo que: “Es socia de un estudio jurídico que ve justamente temas de regulación y que le presta servicios al sector eléctrico». Lorca sugirió que esta omisión en la Declaración de Intereses y Patrimonio de la autoridad es un factor relevante para el análisis.

Asimismo, recordó que la Acusación Constitucional se basa en el incumplimiento de deberes ministeriales por parte de Pardow al ocultar por más de un año un error en el cálculo de las tarifas eléctricas que resultó en cobros excesivos a la ciudadanía. Lorca sostiene que las negligencias ya eran conocidas, señalando que él mismo las había denunciado hace año y medio. Respecto al juicio político, el abogado insistió en la necesidad de sanción: «La renuncia como ministro no es suficiente, aquí tiene que haber un juicio político», en favor de evitar una «sensación de fortalecimiento de la impunidad institucionalmente».

Adicionalmente, cuestionó el rol de los diputados en el proceso, especialmente aquellos del oficialismo que han manifestado su intención de votar en contra del libelo. Lorca llamó a los parlamentarios a priorizar el bien común y los intereses de la ciudadanía por sobre las lealtades políticas: «El ministro tiene el primer deber con la ciudadanía, no con los amigos, no con sus eventuales o antiguos clientes», sentenció, subrayando que los antecedentes son «suficientemente graves» para un juicio político.

Finalmente, Lorca planteó la necesidad de que los diputados, dentro de la Acusación Constitucional, tomen una decisión basada en los hechos y la defensa de los electores, en lugar de un cálculo político-partidista. La gravedad del caso, que afectó a las familias chilenas con alzas tarifarias que llegaron a duplicarse, exige la máxima transparencia y un juicio político consecuente. El abogado concluyó instando a los congresistas a dar explicaciones públicas a sus votantes, enfatizando en la importancia de que los diputados «actúen protegiendo los intereses de la ciudadanía» y no de la coalición política.