Una red dedicada a la comercialización ilegal de productos del mar, que logró mover casi 9 mil millones de pesos entre 2023 y 2024, fue desarticulada durante un gigantesco operativo y entre los 56 detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público aparecen tres carabineros en servicio activo, un exfuncionario de Sernapesca que hasta hace meses perseguía la pesca ilegal y un empleado de la Municipalidad de Valdivia.
El procedimiento que se desarrolló en cinco regiones con 61 entradas y registros, dejó al descubierto una asociación criminal sólidamente estructurada. Tres grupos organizados operaban desde Calbuco (Región de Los Lagos) hasta Valdivia y desde allí distribuían el producto ilegal hacia el Terminal Pesquero Metropolitano, La Araucanía y otras zonas del sur.
La investigación, que partió en 2024, reveló una mecánica precisa: adquirían los recursos hidrobiológicos sin documentación ni trazabilidad, las trasladaban de madrugada en vehículos propios y burlaban los controles gracias a una red de informantes y funcionarios infiltrados, consignó Bio Bío Chile.
Detenido exdirector regional de Sernapesca
El caso alcanza ribetes de alta política institucional con la detención de Guillermo Quiroz, biólogo marino y exdirector regional (s) de Sernapesca en Los Ríos, quien además fue candidato a diputado por el PPD.
Suspendido desde junio del año pasado y desvinculado en mayo, Quiroz pasó de ser el rostro de las fiscalizaciones a engrosar la nómina de imputados, reportó El Mostrador.
Según los antecedentes, su rol habría sido clave para garantizar impunidad y alertar sobre operativos de su propia exinstitución. A él se suman los tres carabineros —cuyas identidades aún no se revelan— y un trabajador del municipio valdiviano, todos acusados de facilitar el paso de los camiones con pescado ilegal y desviar patrullajes.
Pero la red no solo operaba con protección interna. La PDI también determinó dentro de esta estructura criminal participaron cinco empleadas del peaje Troncal La Unión, quienes presuntamente avisaban sobre fiscalizaciones en las rutas.
Una vez que la mercancía llegaba a Valdivia, se blanqueaba en plazas públicas: el Mercado Municipal y la Feria Fluvial se convirtieron en los principales puntos de venta de productos sin origen legal, desplazando a pescadores artesanales y comerciantes que cumplen las normas.
Más de $8.200 millones en ingresos no declarados.
El brazo financiero del caso, a cargo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Valdivia, arrojó cifras alarmantes. Entre 2023 y 2024, los investigados ingresaron más de $8.811 millones, pero declararon apenas $550 millones ante el Servicio de Impuestos Internos. La diferencia, superior a los $8.261 millones, corresponde a ingresos evadidos. Con esas ganancias ilícitas, la organización construyó un patrimonio notable: 29 vehículos avaluados en más de $581 millones, cuatro inmuebles por cerca de $395 millones y un gimnasio en Valdivia valorizado en $100 millones.
La causa judicial incluye delitos de asociación criminal, lavado de activos, cohecho, falsificación de instrumento público, delitos contra la salud pública e infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Desde la PDI advirtieron que esta actividad ilegal se ha convertido en una de las más rentables para el crimen organizado, justamente por su capacidad de infiltrar instituciones y mercados formales. Los 56 detenidos pasaron a control de detención y serán formalizados en las próximas horas, como parte de una trama que promete sacudir los cimientos de la fiscalización pesquera en Chile.
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