El proyecto ingresado con suma urgencia por el Ejecutivo busca ampliar el período para calcular la jornada laboral y crear un régimen especial para el turismo. Aunque el Gobierno sostiene que la iniciativa entrega mayor flexibilidad, expertos advierten que podría debilitar la protección de los trabajadores, postergar el pago de horas extraordinarias y abrir espacios para abusos si no existe una fiscalización efectiva.
La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas fue presentada por el Gobierno anterior como uno de los principales avances en materia de derechos laborales de los últimos años. Sin embargo, una nueva iniciativa ingresada con suma urgencia a la Cámara de Diputadas y Diputados ha encendido las alertas entre especialistas y organizaciones sindicales, quienes advierten que las modificaciones propuestas podrían terminar flexibilizando la norma en favor de las empresas y debilitando las garantías para los trabajadores.
El proyecto propone modificar los artículos 22, 22 bis y 32 del Código del Trabajo para ampliar el período de referencia utilizado en el cálculo de la jornada laboral
Actualmente, el promedio de horas trabajadas se calcula sobre ciclos de cuatro semanas, pero la iniciativa del Ejecutivo plantea extender ese plazo hasta 16 semanas para todos los sectores productivos.
Además, crea un régimen especial para el turismo ,que incluye hoteles, restaurantes, bares, pubs, casinos, discotecas y operadores turísticos, permitiendo distribuir la jornada en ciclos de hasta 52 semanas mediante acuerdos colectivos o pactos sindicales.
Más flexibilidad para las empresas
Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago (Usach), Víctor Silva, la propuesta incorpora dos cambios de fondo.
Por una parte, extiende el ciclo de cálculo de la jornada desde cuatro hasta 16 semanas y modifica el sistema de compensación de horas extraordinarias para todos los sectores. Por otra, establece un régimen especial para el turismo que permitirá organizar la jornada durante un año completo y aumentar de ocho a doce los domingos consecutivos que podrán trabajarse.
Aunque el límite legal de 45 horas ordinarias por semana se mantiene, Silva explicó que el proyecto modifica la forma en que se administran los tiempos de trabajo y descanso, trasladando buena parte de esa flexibilidad hacia las empresas.
Horas extraordinarias que podrían pagarse mucho después
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el nuevo sistema para compensar las horas extraordinarias.
Actualmente, los trabajadores pueden acumular hasta cinco días hábiles de descanso como compensación por horas extras. El proyecto eleva ese máximo a diez días y amplía hasta doce meses el plazo para utilizarlos.
Según explicó Silva, la iniciativa mantiene el recargo legal de las horas extraordinarias, pero permite que la compensación pueda postergarse durante un período mucho más largo.
En la práctica, esto significa que las empresas podrán enfrentar períodos de alta demanda sin desembolsar inmediatamente el pago de horas extras, trasladando la compensación hacia meses posteriores.
El académico advirtió que este mecanismo exige un control mucho más riguroso para evitar que esas horas pendientes terminen convirtiéndose en una deuda laboral difícil de rastrear o incluso de cobrar.
Turismo: una industria con riesgos particulares
El Ejecutivo justifica el régimen especial para el turismo argumentando que se trata de una actividad altamente estacional, donde hoteles y restaurantes concentran gran parte de su actividad durante determinadas épocas del año.
Desde una perspectiva económica, Silva reconoce que existe lógica en permitir una mayor flexibilidad para enfrentar los períodos de alta y baja demanda.
Sin embargo, advierte que el principal problema no es el diseño del mecanismo, sino la capacidad real del Estado para fiscalizar su cumplimiento.
«La ley exige pactos escritos y calendarios previos, pero la Dirección del Trabajo enfrenta limitaciones importantes para fiscalizar a miles de empresas, especialmente pymes con alta rotación de personal», explicó.
El especialista sostuvo que para evitar abusos serían indispensables al menos tres condiciones:
- Fiscalización efectiva y permanente por parte de la Dirección del Trabajo.
- Registro digital obligatorio de las jornadas pactadas y efectivamente trabajadas.
- Organizaciones sindicales con capacidad real de negociación y no solo de firma formal de los acuerdos.
Riesgo de aumentar la precarización
Uno de los puntos más delicados, según el académico, es que el proyecto no modifica la situación de quienes trabajan a honorarios.
Al quedar fuera del Código del Trabajo, estos trabajadores seguirán sin límites de jornada, sin derecho a horas extraordinarias y sin acceso a los mecanismos de compensación contemplados por la iniciativa.
Silva advierte que esto podría generar un incentivo contrario al objetivo declarado por el Gobierno.
Si las empresas consideran demasiado complejo implementar los nuevos pactos o enfrentar eventuales fiscalizaciones, podrían optar por mantener o incluso aumentar la contratación mediante honorarios, evitando las obligaciones laborales propias de un contrato.
En lugar de avanzar hacia una mayor formalización del empleo, el resultado podría ser justamente el contrario: una expansión de formas más precarias de contratación.
El temor de los sindicatos
Otra de las preocupaciones compartidas por especialistas en derecho laboral y organizaciones sindicales tiene relación con los trabajadores temporales.
En actividades estacionales como el turismo, un trabajador podría desempeñar jornadas intensas durante la temporada alta bajo la promesa de recibir posteriormente días compensatorios.
Sin embargo, si el contrato concluye antes de completarse el ciclo anual de cálculo, existen dudas sobre cómo se garantizará efectivamente esa compensación.
Silva considera que ese vacío representa uno de los principales riesgos del proyecto, especialmente en sectores donde predominan contratos de corta duración y alta rotación de trabajadores.
Una reforma que abre más preguntas que certezas
Aunque el Gobierno presenta la iniciativa como una herramienta para adaptar la jornada laboral a la realidad económica de determinados sectores, especialistas advierten que la flexibilidad solo puede transformarse en un avance cuando va acompañada de mecanismos robustos de fiscalización y protección efectiva para los trabajadores.
De lo contrario, alertan, una reforma concebida para modernizar la organización del trabajo podría terminar debilitando uno de los principales avances laborales de los últimos años: la reducción de la jornada como instrumento para mejorar la calidad de vida de quienes trabajan.
El Ciudadano
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