«Herramientas contra la impunidad y el olvido»: Organizaciones defensoras de DDHH firman convenio de colaboración en Temuco

Ante el negacionismo histórico: Corporación Miraflores 724 y Centro de Investigación y Defensa Sur firman convenio de colaboración

En la calle Miraflores de Temuco, llegando a Av. Caupolicán, hay un edificio residencial cuya primera planta, entre los años 1981 y 1986, fue utilizada como lugar de detención y tortura de la Central Nacional de Informaciones, mandatada por la dictadura cívico-militar de Pinochet. El 2024 fue Declarado Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico tras arduas gestiones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía.

En junio del 2025 abrió sus puertas al público con la gestión de la Corporación Miraflores 724, realizando hasta la fecha diversas actividades de promoción, educación, investigación y creación artística, para transmitir las memorias de resistencia en La Araucanía, contribuyendo a una cultura democrática que respete y garantice los Derechos Humanos de los pueblos que habitan estos territorios.

En este lugar, el miércoles 28 de octubre se celebró la firma de un convenio de colaboración entre la Corporación Miraflores 724 y el Centro de Investigación y Defensa Sur, organización que desde el 2011 investiga y documenta vulneraciones de Derechos Humanos, brindando defensa jurídica a personas indígenas y no indígenas que producto de su participación en actos relacionados a la protesta social sean perseguidos penalmente, o vean vulnerados sus derechos fundamentales por agentes del Estado.

“En el contexto actual, con la liberación de violadores de Derechos Humanos, violadores de niños y niñas, criminales relacionados con narcotráfico, se hace urgente la colaboración entre organizaciones que miramos un mismo horizonte», señaló Sebastián Saavedra, abogado y presidente del Centro de Investigación y Defensa Sur, haciendo referencia a los 56 condenados que obtuvieron rebajas de condenas mediante decretos firmados por el actual ministro de Justicia Rabat y los subsecretarios Luis Silva y Pablo Miras, con el respaldo del presidente Kast.

El convenio firmado entre ambas organizaciones, establece una relación permanente de trabajo en diversas áreas, tales como la investigación, el archivo y la documentación de casos de violaciones de Derechos Humanos ocurridos en el sitio, de los cuales aún no se tiene registro; la tramitación de causas judiciales, formación y autoformación para promover la valoración de Derechos Humanos desde la Araucanía, apoyo en el ámbito comunicacional, entre otras.

«Nos faltaba la lectura del ámbito jurídico, levantamiento de casos, acompañamiento de compañeros y compañeras que aún no se han querellado en el proceso de reparación y reconocimiento de justicia. Necesitábamos encontrar un soporte para tener una mirada más integral tanto del pasado como del presente», señaló Marisol Chávez, Trabajadora Social y encargada del Área de Investigación y Archivo Comunitario del Sitio de memoria Miraflores 724.

Entre los hechos documentados que ocurrieron en este lugar, se encuentra la detención  de 19 hombres y tres mujeres desde un campamento de trabajo en el fundo El Rocío en Lautaro, en enero de 1986, llevados a este cuartel de la CNI, donde fueron torturados, sometidos a vejámenes y obligados a inculparse. Parte de estas vulneraciones fueron confirmadas por sentencia judicial de la Corte Suprema en octubre del 2011, condenando a los agentes Jorge Palacio Mery, Pedro Guzmán Olivares y Segundo Bravo Huaiquiñir como autores en el ilícito de apremios ilegítimos de 13 personas.

Carlos Oliva Troncoso, presidente de la Corporación de Derechos Humanos y Memorias Miraflores 724 y de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía, valoró que esta firma de convenio venga a fortalecer una relación colaborativa que ya existe hace al menos una década, pero que se vuelve imprescindible “en estos momentos de tanto negacionismo y retrocesos, que es cuando tenemos que estar más cerca, fortaleciéndonos y apoyándonos porque en esa medida seremos capaces de resistir e incidir la agenda de este Gobierno».

Por su parte, la abogada de CIDSUR, Rayen Daza Pilquinao, valoró el fortalecimiento de agrupaciones que comparten este territorio: “es importante el trabajo de organizaciones de Derechos Humanos por toda la violencia y criminalización que ha sufrido el pueblo mapuche, que también sufrió en la época de la dictadura y que no cuenta con un archivo tan veraz donde se pueda consultar”.

En la ceremonia asistieron integrantes de ambas organizaciones que destacaron la urgencia de que “no sea el olvido, la impunidad y el negacionismo el que se instale, con discursos que intentan ridiculizar los Derechos Humanos”, ante lo cual “buscamos fomentar el bienestar de las personas, el küme mongen, el buen vivir”, puntualizó la abogada Daza Pilquinao.