“Información confusa, excluyente y no cumple con estándares mínimos”: Abogada Natividad Llanquileo sobre consulta Comisión Paz y Entendimiento

«Proceso excluyente y bajo Estado de Excepción»: Abogada mapuche Natividad Llanquileo desnuda graves falencias en consulta

La abogada mapuche Natividad Llanquileo Pilquiman formuló duras críticas al proceso de consulta indígena iniciado por el Gobierno respecto al informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, entregado al Presidente Gabriel Boric el pasado 6 de mayo. Llanquileo señaló múltiples deficiencias que, a su juicio, invalidan la seriedad y legitimidad del proceso destinado a canalizar demandas de restitución de tierras y reparación del pueblo mapuche.

Llanquileo inició su análisis señalando: «Lo primero, señalar que el gobierno ha entregado información confusa entre lo que se va a consultar y los efectos que tendrá esta consulta liderada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social«. Detalló contradicciones entre autoridades: «Por una parte, el Director de Conadi señala que se modificara la ley indígena, mientras que el encargado del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión señala que no se modificara, sino se diseñara otra ley. Por su parte el secretario ejecutivo de la consulta indígena indica que se busca un complemento a la ley indígena. Lo anterior, indica que hay falta de claridad respecto de las medidas a consultar y las consecuencias de estas medidas«.

Respecto al contenido, la abogada fue categórica: «En lo concreto, al hablar de un nuevo sistema de tierra implica modificar la ley indígena, dado que establece una nueva institucionalidad para la compra de tierra, impone nuevos requisitos a las nuevas comunidades para acceder al fondo de tierras y entrega la posibilidad de establecer diversos contratos sobre las tierras protegidas. Por otra parte, es punto final a las reclamaciones de restitución territorial«. Además, criticó la exclusión territorial: «Asimismo, es muy proceso excluyente, dado que solo se aplica a 4 regiones, desconociendo las consecuencias históricas del despojo, y como la ocupación del territorio implico la migración de nuestra gente a las urbes«.

Llanquileo recordó el origen cuestionado de la Comisión que generó el informe sujeto a consulta: «Hay que recordar que la Comisión fue una Comisión presidencial, con personas designadas por el gobierno actual, llevada a cabo bajo un Estado de Excepción, con gran parte de dirigentes mapuche que reclaman derechos territoriales privados de libertad, a puerta cerrada, en que solo tenían acceso personas específicas«.

La abogada enfatizó que el proceso actual viola los estándares internacionales sobre consulta indígena: «Si se trata de proceso participativos, son los pueblos quienes deben establecer sus propias prioridades. Por otra parte, debemos aclarar que las consultas son derechos de los pueblos indígenas y obligatorias para el Estado. Las consultas deben ser de buena fe, previa, libre e informada, deben ser procesos transparentes, adecuados que buscan alcanzar acuerdos o el consentimiento«. Calificó la consulta de «exprés«, argumentando: «…lo que le quita seriedad y profundidad al debate, no permite verdadera articulación de las comunidades, dado que se hace de forma simultánea. Bajo esa forma se pretende modificar una ley gestada en un proceso histórico, de complejidad profunda. Entonces, lo que parte mal, termina mal. A estas alturas veo muy difícil salvar todas las omisiones«.

Llanquileo vinculó el proceso con un contexto más amplio de conflicto y desencanto: «La verdad hay muchas sensaciones, por una parte, tenemos a un gobierno que ha golpeado fuertemente nuestros territorios, con alta presencia militar, la niñez mapuche sigue viviendo la misma violencia de hace décadas. Por otro lado, seguimos siendo objeto de los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, mientras perdimos el interés por lo esencial, por nuestro territorio, nuestras formas de vida, nuestra cosmovisión, nuestra lengua, por el futuro como pueblo. Constantemente nos están llevan a su cancha a jugar un juego que ni ellos entienden«. Expresó su desvinculación: «No puedo sentirme representada en un proceso que implica poner limite a nuestros derechos esenciales para nuestra supervivencia«.

Asimetría de poder

Denunció una profunda desigualdad en el proceso: «De la forma en que ha venido aplicando, a dependido de la voluntad de cada Ministerio… siempre termina determinando el poder dominante«. Y añadió: «Se siguen repitiendo errores que dicen relación con lo que supuestamente queremos, según su interpretación, desde una mirada muy paternalista, nos llevan a discutir temas que ni siquiera ellos entienden, como si las comunidades tuvieran las mismas herramientas a su disposición, no estamos de igual a igual, ellos tienen todo el aparato estatal, por nuestra parte si bien tenemos fuerza, nuestra historia y la convicción de que nuestros derechos son justos, nos terminan imponiendo sus formas«.

Alertó sobre la desinformación y el peligroso contexto: «Veo que hay mucha confusión, no creo que las comunidades estén recibiendo la información necesaria para poder responder frente a esta arremetida, en el entendido que los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos, los que de alguna forma se están sometiendo a votación, lo que es muy complejo dado el escenario, racista y clasista en que nos toca vivir«. Reiteró la necesidad de un análisis profundo: «Cuando se toca el corazón de los derechos de un pueblo para su existencia se debe analizar con mucho cuidado, con tiempo, con toda la información, de forma clara, transparente, con una mirada histórica y de futuro«.

Llamado a la alerta

Llanquileo concluyó con un llamado a la resistencia y una reflexión sobre el impacto cultural: «Debemos estar siempre en alerta, teniendo en consideración siempre nuestra historia, los intereses empresariales, nuestros territorios son espacios sagrados, no podemos separar la tierra del territorio, por más que la cultura dominante nos plantee esa visión”.

Agrega: “Creo que es necesario involucrarse más, los cargos en los gobiernos son pasajeros, mientras que por más que se quiera ser distinto no dejaremos de ser mapuche. Debemos pensar con mirada de futuro, como nos proyectamos como pueblo«. Finalmente, sentenció: «En términos jurídicos no cumple con los estándares mínimos, es un proceso excluyente, deja de lado a mapuche de otras regiones y si se trata de modificar la ley indígena, deja fuera el resto de los pueblos. En lo cultural, genera una discontinuidad de la vida mapuche, desconoce que el territorio es fundamental para supervivencia del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios«.

La consulta, iniciada el 13 de agosto, continúa en medio de estas críticas sustantivas que cuestionan su validez y legitimidad desde la perspectiva de los derechos del pueblo mapuche.