Informe oficial de EE.UU. reconoce que sanciones perjudican la economía de Venezuela

Las sanciones de EE.UU. a Venezuela seguramente contribuyeron a empeorar el deterioro de la economía del país suramericano y generaron obstáculos para los trabajadores humanitarios, señaló un informe de un organismo de control del Gobierno estadounidense.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) no cuantificó, sin embargo, el daño, pero señaló diversos “factores que están detrás del colapso económico de Venezuela”, incluidas fallas del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, destacó una nota de AFP.

Tampoco dijo directamente si las sanciones perjudican a los ciudadanos venezolanos o al Gobierno, y precisó que EE.UU. ha enfatizado que las sanciones no restringen la ayuda humanitaria.

La evaluación de la GAO, solicitada por legisladores demócratas, se conoce cuando el presidente Joe Biden parece listo a ajustar la política hacia Venezuela, aunque preservando en gran medida la estrategia de su antecesor Donald Trump, infructuosa hasta ahora, para forzar la salida del presidente NIcolás Maduro, a quien ambos consideran un «dictador».

La GAO, una agencia del poder legislativo que fiscaliza al Gobierno Federal, indicó que la economía venezolana se ha contraído «constantemente» durante casi una década, pero ha caído «abruptamente» desde el inicio de las medidas punitivas de Washington en 2015, en especial a partir de 2019.

«Las sanciones, particularmente a la compañía petrolera estatal en 2019, probablemente contribuyeron a la caída más pronunciada de la economía venezolana, principalmente al limitar los ingresos de la producción de petróleo», señaló el informe.

«Sin embargo, la mala gestión de la petrolera estatal de Venezuela y la caída de los precios del petróleo son otros factores que también han afectado el desempeño de la economía durante este período», agregó.

Desde 2015, EEUU sancionó a más de 150 personas vinculadas al Gobierno de Maduro, y revocó la visa a cientos de venezolanos. Además, impuso medidas punitivas al Banco Central de Venezuela y a PDSVA, así como a entidades extranjeras con negocios con el Gobierno o la petrolera estatal.

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