El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella criminal por el delito de fraude al fisco que se habría cometido en la compra efectuada por Codelco de la empresa australiana Lithium Power International Limited (LPI), dueña del “Proyecto Blanco” en el Salar de Maricunga, por un valor de 236 millones de dólares, equivalente al doble de su valor bursátil.
El Ciudadano
La acción presentada por Julián Alcayaga Olivares, abogado, economista y presidente de “O.N.G. Recuperemos El Cobre De Chile”, busca que se investigue un delito de fraude al fisco que se habria cometido en la adquisición por parte de Codelco de la empresa australiana Lithium Power International Limited (LPI), la que a través de su subsidiaria Minera Salar Blanco S.A. es dueña del “Proyecto Blanco”, el cual busca explotar litio desde el Salar de Maricunga, ubicado en la Región de Atacama.
En la presentación se señala que Codelco ya cuenta con numerosas pertenencias mineras en el Salar de Maricunga que le permiten realizar explotación de litio en dicho lugar, en un contexto donde Codelco también cuenta con un Contrato de Operación Especial de Litio (CEOL) otorgado por el Ministerio de Minería para dicho fin. En contrate con esto, el “Proyecto Blanco” no cuenta con un CEOL que le permita extraer litio.
Además la querella destaca el papel de Máximo Pacheco, Presidente del Directorio de Codelco, quien impulsó activamente esta compra. Se señala que al concurrir a una sesión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y frente a las preguntas de sus integrantes, Pacheco reconoció que las pertenencias mineras del «Proyecto Blanco» no autorizan legalmente a explotar litio, que es el objetivo para el cual Codelco habría hecho la compra de LPI. Además reconoció ante los parlamentarios que ni LPI ni su subsidiaria, Minera Salar Blanco S.A., cuentan con ningún activo físico destinado a la explotación industrial de litio.
Preguntado por los diputados sobre la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que en primera instancia obtuvo el “Proyecto Blanco” ante el Servicio de Evaluación Ambiental, la querella criminal destaca que Pacheco terminó reconociendo que dicha autorización fue impugnada ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, cuya decisión está aun pendiente, y que dicho proceso puede terminar con la anulación total o parcial de la RCA, sin perjuicio que aún queda la posibilidad que el caso sea llevado ante la Corte Suprema.
Uno de los pilares de la querella criminal es el monto que Codelco pagó por la empresa Lithium Power International Limited (LPI), considerando que sus acciones se cotizaban en la bolsa de australiana al momento en que se acordó la adquisición, a 0,25 dólares por acción. No obstante esto, Codelco compró la compañía pagando un precio de 0,57 dólares por acción, esto es, más del doble de su valor bursátil.
La querella criminal señala que Máximo Pacheco reconoció en la Cámara de Diputados que los 236 millones que se pagaron corresponde efectivamente al doble del valor bursátil de LPI, pero trató de justificar el sobreprecio afirmando que se trataría de “un premio” por la compra del 100% de las acciones de la australiana. Sin embargo, la acción penal sostiene que resulta fraudulento que Codelco haya pagado como “premio” el doble del valor de una empresa que no tiene ningún activo físico para desarrollar explotación de litio, con un proyecto cuyas pertenencias no dan derecho a realizar dicha actividad, sin que tenga un Contrato Especial de Operación de litio requerido para explotarlo, y con una Resolución de Calificación Ambiental cuya nulidad se encuentra aun pendiente antes los tribunales de justicia.
Los antecedentes se remitieron por el Juzgado de Garantía a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público, para su investigación, solicitándose en la querella que se cite a declarar a Máximo Pacheco y al resto del directorio de Codelco, además de revelar todos los antecedentes vinculados con esta cuestionada adquisición, realizada en un contexto de crisis financiera de la estatal, la cual mantiene en la actualidad una deuda superior a los 22 mil millones de dólares.
El delito de fraude al fisco por el cual se presentó la querella acogida por la justicia, tiene una pena de entre 3 años 1 día y 10 años de cárcel.
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