Justicia de Perú evalúa pedido para anular investigación preliminar contra Pedro Castillo

Este miércoles 15 de junio, el Poder Judicial de Perú evaluó en una audiencia virtual un pedido de la defensa del presidente Pedro Castillo, que busca anular la investigación fiscal preliminar en su contra por los presuntos delitos de «organización criminal», «tráfico de influencias» y «colusión agravada».

En la audiencia de tutela de derechos, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, brindó sus fundamentos para que se anule la investigación que dispuso el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en contra del mandatario.

Esta investigación es por presuntamente ser parte de una organización criminal, que involucraría al exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva y que habría tenido como finalidad favorecer a diversas empresas en adjudicaciones de obras de infraestructura, entre ellas, algunas que presuntamente apoyaron al presidente en su campaña electoral.

«Es la primera vez que un fiscal se atreve a desafiar la Constitución», dijo Espinoza en la audiencia, haciendo referencia a la apertura de una investigación a un presidente en funciones, saliéndose de las excepciones establecidas en el artículo 117 de la Constitución de Perú para acusar a los mandatarios.

El recurso fue presentado por Espinoza ante el Poder Judicial, luego de que el Ministerio Público rechazara el pedido de la defensa del mandatario de dejar sin efecto las pesquisas.

En la contraparte, el representante de la Fiscalía de la Nación, Samuel Rojas, ofreció los argumentos para continuar con la investigación contra Castillo e indicó que el caso de este mandatario es diferente al de otros expresidentes, al considerar que se le imputa por ser el presunto líder de una organización criminal, lo que no había pasado con quienes lo precedieron, por lo que «corresponde tomar acciones distintas».

«El presidente esta siendo investigado por ser el líder de una organización criminal, por haber planificado el modo de intervención del exministro [Juan Silva], la estrategia de funcionamiento de la organización criminal a favor de las empresas», mencionó.

Rojas explicó que la pesquisa contra Castillo «no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso«, sino de información «gestada en investigaciones fiscales», derivadas de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respecto a las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.

Luego de que ambas partes expusieron sus argumentos, el juez supremo Juan Checkley Soria culminó la audiencia anunciando que el caso se resolverá en el plazo establecido.

Para el próximo viernes está previsto que Castillo comparezca ante la Fiscalía.

Fuente: RT.