La amenaza de otro golpe y una elección fraudulenta se cierne sobre Bolivia

Por Denis Rogatyuk

A menos de dos semanas de las elecciones bolivianas del 18 de octubre, la situación política vuelve a alcanzar altos niveles de tensión. 

Tras la decisión de la presidenta golpista, Jeanine Añez, de rechazar su candidatura, otra crisis sacudió su Gobierno de facto, con 3 ministros clave (economía, desarrollo productivo y trabajo) renunciando a sus cargos por sus negativas a iniciar la privatización de la eléctrica estatal ELFEC. Con los múltiples casos de corrupción en curso, la mala gestión de la pandemia COVID-19 que resultó en una de las tasas de muerte per cápita más altas por el virus, la crisis económica más aguda en los últimos 15 años y los continuos abusos contra los derechos humanos, el escenario está listo para uno de los procesos electorales más turbulentos de la historia del país. 

La gran mayoría de las encuestas realizadas en los periódicos privados y los  ‘think-tanks’ (tanques de pensamiento) apuntan a una victoria en la primera ronda del Movimiento al Socialismo (MAS), o al menos a Luis Arce Catacora liderando al resto de los candidatos por un margen significativo.

El estudio realizado por la Fundación Jubilee (que fue parte activa del golpe de Estado de noviembre) demostró que Luis Arce ganaría cómodamente en la primera vuelta de las elecciones con el 40,3 % de los votos, seguido por el expresidente Carlos Mesa con 26,2 % y el exlíder cívico de extrema derecha Luis Fernando Camacho con 14,4 %. Un resultado similar también lo mostró el ‘think-tank’ CELAG que pronosticó una victoria en la primera vuelta para Luis Arce con 44,4 % de los votos, seguido de Carlos Mesa con 34 % y Luis Fernando Camacho con 15,2 %.

La anticipación de una probable victoria del MAS parece haber provocado que la oposición de derecha, los miembros del actual régimen de facto y las secciones de las fuerzas militares comenzaran los preparativos para evitar otro Gobierno liderado por los socialistas.

Los documentos recibidos por el autor y recopilados por miembros antigolpistas del Estado boliviano señalan varios escenarios posibles bajo los cuales se «sabotea y frustra» el proceso electoral, con una posterior instalación de una junta militar y una nueva ronda de persecución y represión similar a las masacres en Sacaba y Senkata durante las protestas antigolpistas de mediados de noviembre de 2019.

Los diferentes escenarios de resultados

Bajo el primer escenario, la participación del MAS en las elecciones se impediría por la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar a Luis Arce Catacora como candidato presidencial, con base en una presunta violación a la ley electoral durante el mes de julio. Arce comentó que las encuestas internas de su partido indicaban que el MAS sería el ganador de las próximas elecciones, acción que sus opositores políticos consideraron ilegal según las leyes electorales del país. En el caso de la decisión del TSE de descalificar al MAS, efectivamente evitaría que el 40 % de la población del país votara por un candidato de su elección y probablemente causaría un levantamiento social masivo y una posible guerra civil, tomando en consideración el nivel actual de polarización política.

Bajo el segundo escenario, el MAS puede participar y logra el primer lugar en la carrera electoral. En línea con el objetivo político central del golpe de Estado de noviembre de 2019, es poco probable que los partidos de ultraderecha acepten una victoria electoral del MAS.

De ahí que se organice y estimule un levantamiento social por medio de comités cívicos y plataformas ciudadanas que piden la anulación de las elecciones. El objetivo sería cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional y que Áñez permanezca como presidente un año más. Esto se considera creíble, ya que algunos análisis de periódicos privados como Pagina Siete señalan que Jeanine Áñez ha buscado constantemente prolongar su presidencia retrasando las elecciones 3 veces este año. Alternativamente, la agitación social conduciría a la «renuncia» de Áñez y la entrega del Gobierno a una junta militar.

No se sabe qué posición adoptaría el demócrata liberal Carlos Mesa ante una hipotética victoria del MAS. Está claro que su voz será fundamental para intentar deslegitimar el nuevo golpe de Estado.

Finalmente, bajo el tercer escenario, se evita que se lleve a cabo una elección libre y justa a través de una serie de atentados con bombas, ataques de bandera falsa y “falsos positivos” que se realizan con el fin de culpar al MAS y su liderazgo por la violencia y justificar la cancelación de los resultados, una toma inmediata del Gobierno por los militares y los miembros de la ultraderecha.

El tercer escenario es particularmente alarmante considerando la historia de los regímenes militares en América del Sur y su brutal represión de la disidencia y de la oposición y los abusos de los derechos humanos.

La cronología del segundo golpe y una posible junta militar

El siguiente es el análisis de los documentos obtenidos por los miembros del Estado boliviano:

Desde las protestas masivas de julio y agosto que pedían elecciones generales para el 3 de septiembre, ha habido una campaña mediática concentrada con el apoyo del Gobierno de Áñez contra el MAS y su liderazgo. Hay más de un indicio de que los ministros de Gobierno y Defensa han estado sembrando condiciones para «falsos positivos». Entre algunos de los ejemplos está atribuir al MAS el bombardeo de antenas de telecomunicaciones en El Chapare y Santa Cruz durante junio y julio, la incautación de más de 126.000 municiones calibre 22 en Cochabamba acusando al MAS de preparar acciones guerrilleras durante agosto, o que los líderes del MAS son responsables de algunos de los incendios en la región de Chiquitania en septiembre.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas se han registrado dos desplazamientos insólitos por parte de miembros activos y pasivos de las Fuerzas Armadas.

El jueves y viernes 24 y 25 de septiembre se llevaron a cabo varias reuniones entre el ministro de Defensa, Julio López; el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana; el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra; y el comandante de División del Chapare, Cnl Javier Espinoza Daza. Aunque no se dispone de detalles, el objetivo de esta reunión fue analizar la información recopilada por la inteligencia militar que se ha redoblado en la zona del Chapare desde hace más de dos semanas, según fuentes militares.

Además, se ha registrado la presencia de Fuerzas Especiales de Challapata en el departamento de Oruro, que llegaron hace dos semanas. Estas fuerzas están al mando del mayor Santiesteban, quien es hijo del general Jorge Santiesteban, quien estuvo involucrado en las acciones desestabilizadoras contra el Gobierno de Evo Morales en 2008-2009.

En un desarrollo más preocupante, los militares pasivos organizados en torno a la CNM (Coordinación Nacional Militar) de orientación de derecha y ultraderecha han estado en contacto directo con el ministro de Defensa y, también, con el exlíder cívico Luis Fernando Camacho.

Los jefes militares del CNM llevan un mes trabajando en los siguientes objetivos operativos:

-Trabajo para obtener información sobre los hoteles donde se alojarán los observadores internacionales de las elecciones generales.

-Recogida de información de estos hoteles y su contexto externo (vías de acceso, etc).

-La colocación de artefactos explosivos en hoteles (dentro o fuera de ellos).

La división del trabajo entre los comandantes militares sería la siguiente:

-El coronel Oscar Pacello Aguirre sería el encargado de diseñar el plan y buscar el lugar exacto para hacer las explosiones, dejando huellas que incriminan al MAS. Esta acción busca incriminar al MAS y provocar una reacción de la sociedad afectando a civiles, si es posible, niños.

-El coronel Julio César Maldonado Leoni será el encargado de lanzar la noticia mortal (no dijeron cuál) de 3 países diferentes como hecho investigado.

-El general Marco Antonio Bracamonte es el encargado de movilizar a los miembros de las iglesias cristianas pidiendo la paz. «Chiqui» y «Toboaldo Cardozo» son los encargados de hacer conexiones con grupos paramilitares en Santa Cruz (Unión Juvenil Cruceñista), Cochabamba (Juventud Kochala) y La Paz (La Resistencia).

-División general Iván Hilarión Alcalá Crespo, director de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) y hombre muy vinculado a la Embajada de Estados Unidos, es el responsable del suministro de vehículos y combustible a los militares en el sector pasivo.

Según se sabe, serían cinco los objetivos centrales de las acciones terroristas:

1. Forzar un boicot a la conducción de las elecciones y crear una demanda masiva para la suspensión o anulación de las elecciones.

2. Expresar la condena social y mediática por los daños colaterales a civiles en el momento de la detonación de los explosivos.

3. Presionar para que se realicen elecciones dentro de un año, argumentando que no hay garantías en el país debido a la violencia organizada por el MAS.

4. Pedir que se entregue el gobierno a los militares. Se habla a favor de la asunción del coronel retirado Mario Alberto Almeida Salas, quien también aporta los recursos económicos.

5. La clausura de la Asamblea Nacional Legislativa y el anuncio de la Refundación de la República de Bolivia, poniendo así fin a la condición de Estado Plurinacional de Bolivia y restituyendo ilegítimamente la constitución anterior a 2008.

Otra información proporcionada por los documentos mostró los nombres de las siguientes figuras militares que se encuentran involucradas en los preparativos de la represión de los movimientos sociales y el MAS:

1. Cnel. reserva activa Ramiro Eduardo Calderón De La Riva Lazcano

2. Cnel. Edwin Ivan Suaznabar Ledezma

3. Cnel. Saúl Torrico Peredo

4. Cnel. Luis Sagredo Torrico

5. Cnel. Grober Quiroga Gutiérrez

Otros militares cuyas filas no pudieron ser identificadas, todos agrupados en la Logia Renovación 12 del general Alcalá, son los siguientes:

• Marcelo Gandarillas

• Ariel Alcides Canaza Gómez

• Roger Hurtado Lazo

 Osar Guillen

• Álvaro Rueda Peredo

• David Paukara Poma

Análisis y conclusión

Evidentemente, existe un alto grado de tensión en torno a las elecciones generales del 18 de octubre. La lógica general adoptada por el bloque de derecha del país opuesto al regreso de un Gobierno del MAS sigue el siguiente patrón:

a) La principal apuesta de la ultraderecha y la derecha liberal es que el TSE evitaría que el MAS participara en las elecciones de octubre. La pregunta es si el TSE se atreverá a cancelar la personería jurídica del MAS cuando la campaña ya es bastante intensa.

b) La apuesta a que el «voto útil» logrará un número suficiente de votos a favor de Carlos Mesa o Luis Fernando Camacho, ya sea para evitar la victoria del MAS en la primera vuelta con más de 10 puntos de ventaja sobre la segunda o, si es posible, para lograr la victoria de Mesa o Camacho el 18 de octubre.

c) El actual Gobierno subestima el nivel de organización y la capacidad de los movimientos sociales para organizar movilizaciones de masas en caso de que se le niegue al MAS un resultado electoral favorable. El Gobierno está seguro de que los movimientos sociales no podrán responder suficientemente a tal evento, con base en la respuesta de los movimientos sociales a los hechos del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. El Gobierno también tiene la certeza de que durante las protestas masivas de agosto, los movimientos sociales no tuvieron la capacidad de lograr el objetivo de concretar las elecciones del 3 de septiembre ni de obligar a dimitir a Áñez.

d) La decisión de Camacho de no salir de las elecciones es una estratagema contra el resultado electoral favorable. La presión de grupos de poder externos (EE. UU., UE, Brasil y Colombia) para que el exlíder cívico rechace su candidatura, si una nueva encuesta muestra al MAS como ganador, es muy grande.

Por otro lado, en el campo del MAS y los movimientos sociales, se puede observar la conciencia que tiene el Gobierno y los partidos de ultraderecha en buscar por todos los medios la manera de evitar el triunfo electoral del MAS.

Los documentos demuestran así la urgente necesidad de que observadores internacionales neutrales y objetivos se presenten en Bolivia durante las elecciones, de que el Gobierno actual respete el derecho de todos sus ciudadanos a participar en unas elecciones libres y justas, de que los militares del país no intervengan en el proceso electoral, y que las organizaciones sindicales y de movimientos sociales del país tengan el derecho a reunirse y protestar ante las irregularidades que se descubran durante las elecciones.