Gobierno argentino de Milei y Bullrich utiliza registro antiterrorista para perseguir a comunidad mapuche de Río Negro
Según informa Prensa Obrera, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ha incluido a miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo. La fuente señala que esta medida, tomada por el gobierno de Javier Milei, busca “reforzar una política de ataque contra los pueblos originarios en beneficio de un puñado de terratenientes y capitalistas que buscan apropiarse de las tierras para hacer negocios”.
El medio detalla que entre las personas incluidas en el registro se encuentran María Isabel Nahuel, tía de Rafael Nahuel, el joven asesinado en 2017 por la Prefectura, y Gonzalo Coña, quien resultó herido en el mismo hecho. La publicación afirma que, como consecuencia de esta disposición, “sus cuentas bancarias fueron cerradas y dejaron de percibir ayuda social”, incluyendo la asignación universal por hijo y una pensión por discapacidad. Esta acción se enmarca en una política de “persecución supremacista y absolutamente criminal”, según la Asociación Gremial de Abogados citada por el medio.
El medio obrero recuerda que, como antecedente, el gobierno incluyó en ese registro a un presunto grupo mapuche llamado RAM, “cuya existencia no ha sido probada”.
Además, Prensa Obrera sostiene que el gobierno ha creado por decreto un “centro nacional antiterrorista” bajo control de la SIDE, alineándose con el Grupo de Acción Financiera Internacional. La fuente advierte que “el gobierno considera terrorista a cualquier sector que defienda una causa social justa” y que estas estructuras, inspiradas en modelos extranjeros, han derivado en “el reforzamiento de un clima de represión contra los trabajadores”. El medio también denuncia que esta ofensiva “apunta también contra el conjunto de los trabajadores argentinos”, utilizando a los mapuches como chivos expiatorios.
Finalmente, la publicación cita a la Asociación Gremial de Abogados que defiende a los miembros de la comunidad, quienes calificaron esta persecución como una de las más graves, que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático: “Es una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios y que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático. Se inició una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas”.