La propuesta de los países más ricos que quiere subir los impuestos a las grandes fortunas

El descalabro económico producido por la pandemia de Covid-19 está empujando decisiones hace tiempo anheladas para nivelar el reparto de la riqueza en el mundo. En la jornada realizada este fin de semana los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) recogieron una vieja demanda de tasación de las grandes fortunas y que adaptaría el sistema fiscal global para adecuarlo a los patrones de acumulación de transnacionales escogiendo paraísos fiscales en donde guardar el dinero.

También fue sorpresivo que la propuesta fuera presentada ya antes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Estados Unidos había propuesto inicialmente un impuesto de un 21%, bajándolo después a un 15%.

A fines de abril, Biden señaló que el 55% de las grandes empresas no pagó impuestos federales en Estados Unidos el año pasado, pese a que lograron 40.000 millones de dólares en beneficios.

Un informe producido por Fair Tax Mark calculó que entre 2010 y 2019, las Big Tech deberían haber pagado 252.100 millones de euros en impuestos, pero se limitaron a tributar 162.000 millones. El informe dio cuenta de que la conducta fiscal de empresas como Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple y Microsoft era la evasión de impuestos.

Con la pandemia, los ingresos de los gigantes tecnológicos aumentaron, mejorando un 14% sus ganancias reportadas. Entre julio y septiembre de 2020, Las cuatro grandes compañías tecnológicas Apple, Amazon, Google y Facebook fue de unos 228.486 millones de dólares.

Amazon ha sido uno de los principales beneficiados. Entre enero y marzo de 2021 reconoció ganancias por 8.107 millones de dólares, cifra que triplicó la cifra del mismo periodo del año pasado. La firma de comercio digital es dirigida por Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes.

LA PROPUESTA DEL G7

En el G7 se sumaron a la propuesta Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón, países que esperan llevar la propuesta fiscal a la reunión del G20 a realizarse el próximo mes de julio en Venecia. Luego podría ser levantada a nivel global.

Para evitar lo que llaman una carrera a la baja, en la que los países adaptan sus tasas impositivas para recibir grandes capitales, el G7 propuso imponer una tasa impositiva mínima global. Esta sería en torno del 15%.

Sin embargo, el G7 durante décadas fue sordo a las demandas de regular de mejor manera el mercado global. Desde la década de los ochenta, cuando comenzó a crecer y liberalizarse los mercados de capitales a nivel global, surgieron los paraísos fiscales que han permitido durante décadas eludir impuestos a grandes grupos económicos.

El economista Gabriel Zucman en un trabajo dedicado a la elusión fiscal calculó que cerca del 40% de las ganancias de las multinacionales lo que equivalía a más de 700.000 millones de dólares en 2017, eran trasladados a paraísos fiscales cada año.

Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, comentó en Público respecto de la iniciativa que “la respuesta de los economistas al servicio de las corporaciones, de los líderes políticos y los organismos internacionales era siempre la misma, a pesar de que la evidencia demostraba lo contrario: es técnicamente imposible evitar esa elusión fiscal y, además, no conviene hacerlo porque entonces se perjudicaría a la inversión y el empleo”.

Ya en 1971 el economista norteamericano James Tobin propuso un ITF (Impuesto sobre las Transacciones Financieras), que con el tiempo pasó a denominarse como tasa Tobin, siendo tomado como bandera de lucha por el colectivo ATTAC en la década de los noventa y, posteriormente tras la crisis económica de 2008, por organizaciones como Oxfam.

Más recientemente una Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional propuso un impuesto de un 25%, denominado como una Tax Justice Network, que implica distribuir el ingreso adicional de una compañía considerando el lugar en donde se llevó a cabo su actividad (ventas y empleo), por sobre su sede primaria.

Esta Taxt Justice Network permitiría recaudar más de 460.000 millones de dólares anuales, muy por sobre la tímida propuesta de los ministros del G7.

LA DISCUSIÓN SOBRE EL MECANISMO

El ministro de Hacienda de Reino Unido, Rishi Sunak, al sumarse a la iniciativa detalló que se buscaba construir un campo de juego equilibrado para las empresas globales. “Nos sumamos a la era digital global”- sostuvo además.

La medida contó con el apoyo de la OCDE, que consideró la propuesta como pionera, apoyando de ese modo la fijación de un tributo internacional a las grandes multinacionales y gigantes de internet en los territorios donde obtienen sus beneficios. Según informó Telesur, es la única forma de acabar con “tergiversaciones y desigualdades”.

“El efecto combinado de la globalización y la digitalización de nuestras economías ha provocado distorsiones y desigualdades que solo pueden abordarse eficazmente mediante una solución acordada multilateralmente”- afirmó el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

Además los ministros de finanzas acordaron que las nuevas exigencias impositivas hagan que las empresas paguen impuestos en los países donde venden sus productos o servicios, en lugar de en donde declaran sus ganancias. Esto era posibilitado por legislaciones laxas que permitían a los conglomerados tener un entramado de firmas legales domiciliadas en países con tasas impositivas más bajas, como en Europa ocurre con los Países Bajos e Irlanda.

En dicho continente los impuestos a las sociedades fluctúan según el país, siendo de un 30-33% en Alemania, un 25% en España y de un 12,5% en Irlanda. En cambio, en paraísos fiscales como Bermuda, este impuesto puede bajar entre un 0 y un 3%.

En los Países Bajos en los últimos años, el mecanismo denominado sándwich holandés, ha permitido un mínimo calculado de 22.000 millones de euros anuales en ingresos fiscales evadidos.

De igual forma, las tasas impositivas no dejarán de beneficiar a los países más ricos, debido a que son la sede fiscal de las grandes corporaciones.

El Ciudadano