Lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner: Corte Suprema la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos

La Corte Suprema confirmó la condena en contra Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, que establece una pena de 6 años, la cual cumplirá en prisión domiciliaria y la deja inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Organizaciones sociales y políticas que apoyan a Cristina han anunciado movilizaciones a nivel nacional.

Por Javier Pineda Olcay

Este martes 10 de junio la Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la causa Vialidad. Este fallo se produce tan solo días después de que Cristina confirmara su candidatura a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, a realizarse en septiembre de este año. Esta condena proscribe a Cristina de futuras elecciones y no tiene posibilidades de ser apelada por la vía ordinaria, por lo cual ha sido calificado como un nuevo caso de lawfare que afecta a un expresidente progresista en América Latina.

La causa Vialidad

Esta causa tiene su origen en el año 2016 cuando se investigó la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. Estas adjudicaciones se produjeron entre 2003 y 2015, mientras ocupaban la presidencia Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

Los cargos contra CFK fueron por liderar una asociación ilícita y por una administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. Las acusaciones penales son por actos de subordinados y no se comprobó ninguna gestión propia de CFK. Sin embargo, fue condenada por el delito de administración fraudulenta a una pena de 6 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.

Esta sentencia fue confirmada en noviembre de 2024 por la Cámara de Casación. Como resultado de un recurso de queja presentado por la defensa de Cristina, la causa está actualmente siendo conocida por la Corte Suprema de Argentina.

Este juicio ha estado lleno de irregularidades. La defensa de CFK destaca dos aspectos clave en este caso. El primero de ellos es que estos contratos ya habían sido revisados por tribunales de Santa Cruz por lo cual se vulneraba el principio non bis in idem (un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces) y, en segundo lugar, se señala que en la audiencia de juicio se incorporaron pruebas de otros juicios que la defensa de CFK conoció solo en ese momento, lo cual vulneraría el debido proceso.

Además, la expresidenta de Argentina, recusó a dos magistrados del Tribunal que dictó su primera condena. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini fueron recusados por CFK, ya que fueron vistos en un torneo privado en la Quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, con quien los jueces tenían una manifiesta amistad. Esta recusación fue rechazada tanto por el tribunal penal de primera instancia como por la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, la defensa de Cristina recusó al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien realizó diversas declaraciones públicas sobre esta causa, lo cual permite concluir que no está frente a un juez imparcial. La Corte rechazó esta recusación.

La sentencia de la Corte Suprema

La defensa de CFK solicitaba a la Corte Suprema que se revise el expediente de su caso, el cual estaría plagado de irregularidades e inconsistencias jurídicas. En el caso de ser aceptada esta solicitud se tendría que realizar un nuevo juicio.

Estos recursos no tienen un plazo para ser resueltos, siendo una regla general que la tramitación de estos casos se extiendan por varios años. Sin embargo, de forma excepcional, la Corte Suprema anunció que este martes 10 de junio vería la causa Vialidad. Esta decisión excepcional, según las organizaciones políticas peronistas y la defensa judicial de Cristina, señalan que se habría producido por intervención directa del ejecutivo, quienes habrían presionado a la Corte Suprema para que proscriba a CFK y así se le impida participar en las próximas elecciones. CFK hace pocos días había anunciado que se presentaría como candidata a legisladora en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires previstas para septiembre de este año, por ello se ha acusado una persecución judicial y política en contra de CFK.

Sin embargo, la Corte Suprema ratificó la condena, por lo cual la sentencia que condena a CFK a una pena de seis años de cárcel queda firme y ejecutoriada, no procediendo ningún recurso ordinario para modificar esa decisión. Sumada a la pena de prisión, Cristina quedará inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos y no podrá participar en las próximas elecciones legislativas.

El rechazo de esta sentencia por organizaciones políticas y sociales

Las irregularidades del caso y la fecha en que se produce la sentencia de la Corte Suprema, en la previa a las elecciones legislativas donde CFK sería candidata han provocado que las organizaciones sindicales, sociales y políticas denuncien este caso como un nuevo caso de lawfare.

La sede del Partido Justicialista en Buenos Aires es el epicentro de las convocatorias en apoyo a CFK donde se están concentrando miles de personas. El peronismo se ha unificado en defensa de Cristina. Sergio Massa, excandidato presidencial en las últimas elecciones y referente del Frente Renovador, ha señalado que “la causa está plagada de irregularidades”, Por su parte, Juan Grabois, presidente del Partido Patria Grande y excandidato presidencial en las últimas PASO, adelantándose a la sentencia, afirmó que “la detención de la ex Presidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura”.

Asimismo, algunos sindicatos han realizado cortes de ruta bajo la consigna “Corte Corrupta”, incluyendo la Autopista entre Buenos Aires – La Plata y varios cortes en la Panamericana. Por su parte, las centrales sindicales convocarán a un paro nacional para los próximos días.

También es probable que se pronuncien presidentes progresistas de América Latina, así como ya lo han hecho algunos expresidentes víctimas de lawfare, como ha sido el caso de Rafael Correa. Días antes CFK se describió como «una fusilada que vive».