Margarita Romero sobre la expropiación de Colonia Dignidad: «Es posible llevar adelante una medida de este tipo si hay determinación y voluntad política»

El Gobierno oficializó la medida que afecta a 117 hectáreas del enclave alemán, marcando un hito en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de crímenes contra los derechos humanos. En entrevista para El Ciudadano, Margarita Romero, dirigenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad, valora la medida y anuncia los desafíos para este sitio de memoria.

El pasado lunes 7 de julio, los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Vivienda, Carlos Montes; y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, concretaron la firma del decreto expropiatorio de la ex Colonia Dignidad. La medida busca convertirla en un sitio de memoria, respondiendo de esa forma a una larga demanda de agrupaciones de derechos humanos, y avanzando en el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia.

Margarita Romero es presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad, y con sus conocimientos y trayectoria en el tema, es enfática al señalar que la firma de este decreto es un acto muy significativo para la memoria histórica y los derechos humanos en el país. Este paso es un hito en la larga lucha por justicia, verdad y reparación en un sitio que fue símbolo de horror, impunidad y complicidad estatal.

De Enclave Nazi a Símbolo de Memoria

Colonia Dignidad fue fundada en 1961 por el líder nazi Paul Schäfer y posteriormente convertida en un centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El anuncio del “Plan de Expropiación de Terrenos de Colonia Dignidad” fue realizado en marzo pasado, pero ya comienza a materializarse para sentar las bases de un precedente significativo en la reparación y justicia para las familias de las víctimas de los crímenes cometidos en sus terrenos.

El sitio pasará por una expropiación que abarca un total de 117 hectáreas, divididas en seis puntos estratégicos que concentran la mayor parte de las edificaciones ligadas a la represión y tortura, así como fosas y lugares clave en la desaparición de víctimas. Entre estos se encuentran la casa de Paul Schäfer, el Hospital y la Bodega de Papas, incluyendo las fosas donde se inhumaron y exhumaron víctimas, además de los caminos que conectan estas zonas para el futuro acceso al sitio de memoria.

Romero destaca la acción por parte del Gobierno, ya que: «la decisión del Presidente Boric demuestra que era posible llevar adelante una medida de este tipo si hay determinación y voluntad política», señala. La expropiación es vista como una medida necesaria para avanzar en verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición, siguiendo el precedente de casi todos los sitios de memoria en Chile, que son de propiedad fiscal.

El Futuro de los expropiados

El decreto se enfoca en la reparación a las víctimas directas de los crímenes de lesa humanidad, pero deja en incertidumbre el destino de aquellos que aún residen en lo que fue Colonia Dignidad. Grupos de excolonos que se oponen a la expropiación se han manifestado preocupados por no ser incluidos en el proceso de compensación, planteando un desafío en la gestión.

Según Margarita Romero, en el caso de las personas que se oponen a la medida: «es importante entender que el Estado está expropiando a un conjunto de sociedades comerciales, es decir personas, jurídicas”, aclara. Y añade que no es efectivo que el Estado expropiará a personas naturales, pero sí asume que estas personas pasan por un problema de tenencia a la propiedad que habitan.

Romero sugiere que las personas que residen actualmente en las hectáreas expropiadas, que son una mínima parte del total del predio (117 de casi 4.800 hectáreas), podrían ser reubicadas si las sociedades comerciales, de las cuales son accionistas, les otorgan títulos de dominio en otras parcelas. Para la Asociación y su presidenta, estas sociedades tienen la: «responsabilidad ética de distribuir los dineros que recibirán por la expropiación entre todos quienes fueron obligados a trabajar en un sistema de esclavitud».

La presidenta de la Asociación reconoce la existencia de una legítima preocupación derivada de la necesidad de vivienda y de resolver la irregularidad en la que residen. Sin embargo, enfatiza que la expropiación podría ser una oportunidad si el Estado escucha estas necesidades y las aborda dentro de sus atribuciones, tal como lo hace con otros ciudadanos en situaciones similares.

Desafíos para el Sitio de Memoria

Este proceso de expropiación y la transformación de Colonia Dignidad en un sitio de memoria son pasos cruciales para que Chile siga sanando las heridas de su pasado y garantice que los horrores ocurridos en este lugar nunca se repitan. Bajo la fachada de una comunidad agrícola alemana, este centro de operaciones secretas de la dictadura donde se coordinaron desapariciones forzadas y torturas a opositores políticos, se mantuvo en un contexto de impunidad que se extendió por décadas.

De cara al futuro, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad ha planteado varios desafíos cruciales para el éxito del sitio. Según su presidenta Romero, es fundamental: «asegurar el acceso público al espacio, para las víctimas y familiares que hasta hoy realizan conmemoraciones en fechas emblemáticas, porque eso es parte de la reparación simbólica». Esto permitiría que el sitio cumpla su función de reparación simbólica.

Además, Romero enfatiza la necesidad de una gestión en la que se evalúe el estado de conservación de estos lugares: «debe efectuarse prontamente un diagnóstico del Monumento Nacional», señala con la intención de proteger lo que ya es identificado como un lugar de interés en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Asimismo, solicita: «avanzar en la conformación de una mesa de trabajo entre el Estado y las organizaciones que hemos luchado por recuperar este Sitio de Memoria, para definir colectivamente las acciones en el mediano y largo plazo», concluye, esperando una colaboración activa para la preservación.

La relevancia de la expropiación no solo radica en la materialización de un sitio de memoria, sino también en el reconocimiento estatal de los horrores ocurridos en este lugar, un enclave que durante décadas encubrió la coordinación de desapariciones forzadas y torturas a opositores de la dictadura de Augusto Pinochet. Este acto del Estado chileno es un precedente para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y la no repetición de estos crímenes.