Colusión millonaria de empresas productoras de alimentos para salmones: FNE pidió máximas sanciones

Escándalo en acuicultura: Revelan pruebas de cartel de colusión que manipuló precios de alimentos para salmones entre 2003 y 2015

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó este 1 de julio al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) imponer sanciones récord a las empresas Biomar, Skretting y Salmofood por un acuerdo anticompetitivo en la producción de alimentos para salmones, vigente entre 2003 y 2015.

Según la FNE, esta colusión distorsionó los precios del sector, perjudicando a productores y consumidores. «El cartel afectó un insumo clave para la acuicultura nacional», señaló la Fiscalía en un comunicado.

En su alegato ante el TDLC, el subjefe de la División de Litigios de la FNE, Eduardo Aguilera, presentó evidencia de que las empresas intercambiaron listas de precios para coordinar alzas. «Inicialmente, la manipulación se centró en los valores de los alimentos; luego, en los costos de materias primas», explicó Aguilera. Los antecedentes incluyen correos electrónicos y declaraciones obtenidos mediante delación compensada de Ewos (empresa colaboradora) y allanamientos en oficinas de las compañías.

La investigación reveló que ejecutivos de alto nivel, incluidos gerentes generales, comerciales y de compras, participaron activamente en el esquema. «Hubo una clara colaboración para fijar precios facturados a clientes», detalló Aguilera. La FNE destacó que esta conducta no solo dañó la competencia, sino que también impactó al sector acuícola, uno de los más importantes para la economía chilena.

Por la gravedad y duración del cartel, la FNE pidió al TDLC aplicar las máximas multas previstas por la ley: 30 mil UTA por empresa (equivalente a $24.800 millones de pesos cada una). En total, las sanciones sumarían $75.500 millones (US$ 79,8 millones), una de las cifras más altas en casos de colusión en Chile. «Buscamos sancionar y disuadir prácticas que atenten contra la libre competencia», afirmó Aguilera.

El caso destaca por su complejidad y alcance temporal. Según la FNE, las empresas operaron el cartel por más de una década, evadiendo la detección mediante tácticas sofisticadas. «La coordinación fue sistemática y deliberada», subrayó la Fiscalía. Los documentos incautados muestran que los ejecutivos utilizaron reuniones y comunicaciones cifradas para ocultar sus acciones.

Este escándalo se suma a una lista de casos de colusión en Chile, reavivando el debate sobre la efectividad de las regulaciones antimonopolio. Organizaciones de consumidores y legisladores han exigido mayor rigor en la vigilancia, especialmente en sectores estratégicos. Algunos de ellos fue la “Colusión Farmacias” Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand en 2008; la “Colusión del Papel” que involucró a CMPC Tissue y SCA Chile (anteriormente Pisa) Entre 2000 y 2011; “Colusión Pollos”, en 2011,  que involucró varias empresas avícolas de coludirse para fijar el precio de venta del pollo; “Colusión Pañales”, entre 2002 y 2009, entre CMPC y Kimberly-Clark en el mercado de pañales y otros productos sanitarios; “Colusión Oxígeno”, durante la pandemia, se investigó una posible colusión entre empresas proveedoras de oxígeno para aumentar sus precios en un momento crítico para la salud pública.

El fallo del TDLC sobre la colusión de productores de alimentos salmoneros, se espera en los próximos meses y podría sentar un precedente para casos similares. Mientras, las empresas involucradas enfrentan además demandas civiles de afectados. Para la FNE: «La FNE, al perseguir acciones legales en este ámbito, refuerza su compromiso con una economía más equitativa y transparente, asegurando que los entes reguladores actúen con firmeza ante actos que vayan en contra del bienestar económico y social de la nación”, destaca publicación de ICF.