“Muertes laborales en la próspera industria salmonera”: Reportaje internacional devela a la acuicultura en Chile

La muerte de doce trabajadores en 2026, principalmente buzos, evidencia las extremas condiciones laborales en la industria salmonera chilena. La falta de fiscalización, los recortes presupuestarios y la paralización de la ley de buceo agravan la crisis. Organizaciones denuncian trabajo forzado y un poder fáctico que captura políticamente los territorios.

“Muertes laborales en la próspera industria salmonera”: Reportaje internacional devela a la acuicultura en Chile

Salmonicultura en Chile: 12 buzos muertos en 2026, una ley de buceo paralizada y un gobierno que recorta la fiscalización

Imagen portada: Jaulas de cultivo de salmones en la Patagonia (Fotografía: Fundación Terram)

La muerte de doce trabajadores en lo que va del 2026 en la industria salmonera en el sur de Chile encendió la alarma, al evidenciar la parte débil de este multimillonario negocio de un espécimen que no es propio del país, según informó la agencia internacional IPS Noticias en una nota firmada por Orlando Milesi.

Las condiciones de riesgo son extremas para los buzos que alimentan a los salmones en cultivo, tanto en el mar como en los lagos, y que mantienen y reparan las jaulas de cría. «Muchos no descansan los tiempos necesarios y trabajan a mayor profundidad que la permitida. Y quienes fiscalizan no llegan a los centros de cultivos que están muy alejados», relató a IPS Gustavo Cortéz, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón.

Cortéz, quien trabaja hace 22 años en una planta salmonera en Quellón, Chiloé, explicó a IPS Noticias que los buzos tienen turnos de 15 días de trabajo y 15 de descanso, «pero generalmente trabajan para otra empresa en sus días libres». Además, denunció que los inspectores de la Dirección del Trabajo no tienen transporte marítimo propio y dependen de embarcaciones de quienes deben fiscalizar. «Hoy lo único que quiere la industria del salmón es crecer. Con este gobierno de Kast piden flexibilizar las normas y seguir trabajando libremente, sin fiscalización. Les importa crecer y muy poco el medioambiente, la contaminación y los trabajadores», afirmó a IPS.

El abogado Felipe Guerra, coordinador jurídico de la ONG Observatorio Ciudadano, advirtió a IPS Noticias que la fiscalización tendrá más dificultades porque el gobierno de José Antonio Kast adelanta recortes en el sector laboral para 2027: en la Dirección del Trabajo se reducirá 13% el presupuesto de fiscalización y 32% el de capacitación, además de otros programas relevantes. La Dirección de Territorio Marítimo, dependiente de la Armada, contabilizó 288 buzos accidentados entre 2004 y septiembre de 2026, de los cuales 18% son accidentes mortales. Una ley impulsada por el gobierno anterior de Gabriel Boric y aprobada en diciembre de 2025 entró en vigor en julio, pero está paralizada por falta de reglamento.

«Sin explicación alguna este reglamento fue retirado de manera no informada el 28 de agosto del 2026 dejando inaplicable a la única ley que combate el abuso, la explotación laboral, el trabajo forzado y las altas tasas de accidentabilidad y muerte en el sector acuícola chileno», sostuvo a IPS Noticias Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos.

Cárdenas también advirtió que las empresas trasnacionales «imponen condiciones abusivas o peligrosas de trabajo que están descritas en los 11 indicadores de trabajo forzado de la OIT», y que la industria «constituye un poder fáctico pues utiliza su poder económico para controlar el poder político». Según IPS, un 90% de los buzos de los centros de cultivo son mariscadores con licencia básica que «deben laborar largas jornadas que exceden las regulaciones y a profundidades de 30 metros cuando a buzos mariscadores sus licencias les permiten bajar solo hasta 20 metros».

La industria chilena de salmónidos es la segunda mayor productora mundial tras Noruega, genera 6.956 millones de dólares anuales y exporta a un centenar de países. Sin embargo, IPS Noticias consignó que, según Ecocéanos, Chile no tiene un régimen tributario diferenciado para que las empresas salmoneras tributen sobre ganancias y compensen el impacto medioambiental. «Esta omisión no solo es injusta sino ineficiente, pues abarata artificialmente los costos de producción e incentiva un modelo de expansión y sobreproducción», señaló Cárdenas. El abogado Guerra agregó que la industria «sigue enfrentando sus muertes laborales como si fueran hechos aislados» y que «la subcontratación no puede operar como un mecanismo de impunidad».

Un nuevo frente se abrió a fines de octubre cuando 120 chefs con estrellas Michelin se comprometieron a no incluir en sus preparaciones salmones cultivados en jaulas, como los producidos en Chile, en el marco de la campaña «Off the Table» impulsada por la organización escocesa WildFish.

La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, sostuvo que «no compartimos que una campaña internacional pretenda retirar el salmón de las mesas, desconociendo su valor nutricional y su contribución a la alimentación mundial», y defendió que «en Chile, la salmonicultura es una de las industrias más fiscalizadas y cumple con los más altos estándares internacionales», según consignó IPS Noticias.

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