Por «falta a la probidad» y tras un sumario viciado, fue desvinculada el mismo día en que debía reincorporarse a sus labores.
La situación laboral de Pilar Rojas, asistente de la educación que se desempeñó como inspectora del Instituto Nacional desde 2021, terminó por un despido de la Municipalidad de Santiago, contradiciendo una orden judicial. El proceso se inició cuando Rojas denunció a una docente, lo que llevó al municipio a iniciar un sumario en su contra, bajo un supuesto rumor de «encubrir encapuchados».
La abogada Daniela Chávez señaló que la investigación estuvo viciada, con omisión de testigos de la trabajadora y preguntas que inducían respuestas por parte del fiscal. Por su parte, Pilar Rojas criticó que con esto pudo comprobar: «En carne propia cómo las mentiras pueden destruir a una persona, solo para proteger sus propios intereses», asegura.
Rojas presentó una denuncia en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el cual falló a su favor. La sentencia estableció que la Municipalidad vulneró la integridad psíquica y la honra de la trabajadora, ordenando el pago de una indemnización y la reincorporación de Rojas a sus funciones en el Instituto Nacional, a lo que el empleador interpuso un recurso de nulidad contra el fallo.
Lo anterior derivó a que la defensa solicitara una medida cautelar de reintegro inmediato para proteger la salud mental de la asistente de educación, la cual se ha visto seriamente afectada. Chávez confirmó que el tribunal acogió la petición y la Municipalidad: “Apeló y recientemente la Corte de Santiago confirmó la orden de reintegro», estableciendo así una doble ratificación judicial para que la funcionaria regresara a su puesto de trabajo.
Pese a esto, la administración de Mario Desbordes optó por desobedecer. La notificación para el reintegro se realizó el pasado 7 de octubre, debiendo Rojas volver a sus labores al día siguiente. Sin embargo, ese 8 de octubre fue citada al Departamento de Educación Municipal —DEM— y, en lugar de ser reincorporada, se le notificó el término de su contrato por una supuesta «falta a la probidad», dando fin al breve sumario iniciado previamente. Al interior del DEM existiría una especie de competencia disfrazada de profesionalismo, según Rojas, comentando que allí: «Se premia la envidia, se normaliza la mentira, se alimenta el ego, se practica el doble discurso y se aplaude la hipocresía», sentencia.
Daniela Chávez calificó la desvinculación como una: «Represalia en contra de Pilar y un evidente desacato a lo ordenado por el tribunal», ya que la resolución condenatoria, a su juicio, carece de todo tipo de fundamento. Al contrariar la reposición de la trabajadora, la Municipalidad demostró que la decisión de sancionar estaba tomada, sin considerar los argumentos jurídicos de la defensa. En este escenario, la funcionaria se encuentra gravemente afectada y ha señalado que «la están matando en vida con mentiras, indiferencia y abuso de poder».
La defensa de Rojas afirma que este despido constituye una nueva vulneración a la garantía de indemnidad, un derecho que busca proteger a los trabajadores de ser sancionados o despedidos por haber denunciado irregularidades laborales. «Esto va a implicar una nueva condena económica, mucho más alta que la anterior», advirtió la abogada, ya que la ley establece en estos casos una indemnización adicional que puede llegar hasta las once remuneraciones.
Finalmente, la defensa interpreta el actuar de la Municipalidad como una señal política preocupante: «Prefieren pagar que acatar los fallos del tribunal y la Corte». Daniela Chávez relaciona el caso con el de S.C. —colega de Rojas—, quien también enfrentó situaciones de represalia desde 2019, sugiriendo que la Municipalidad está dispuesta a usar fondos públicos para mantener sanciones sin fundamento judicial y enviar un mensaje de resistencia a la fiscalización de los tribunales. Cabe destacar que si bien las funciones de Rojas cesaron en el presente año, los problemas de las colegas se arrastran incluso desde la administración municipal de Felipe Alessandri.
Pilar Rojas concluye que, después de todo lo vivido, lo único que espera es justicia y reparación real, no solo en lo laboral, sino también en lo humano. Añadiendo que: “Mi mayor anhelo es que mi voz sea oída, porque el silencio duele más que la injusticia”, finaliza.
