Educación

Municipio de Santiago contra estudiantes: Un Alcalde desbordado

La retoma de los establecimientos educacionales ha demostrado la incapacidad de la autoridad municipal, Mario Desbordes, para resolver los problemas de educación de la comuna.

Municipio de Santiago contra estudiantes: Un Alcalde desbordado

Autor: Ivette Barrios

La retoma de los establecimientos educacionales ha demostrado la incapacidad de la autoridad municipal para resolver los problemas de educación de la comuna.

En un clima de creciente tensión, la Municipalidad de Santiago, liderada por el alcalde Mario Desbordes, intensificó su conflicto con los estudiantes de liceos emblemáticos. Esta escalada coincide con la reocupación de varios establecimientos en la comuna desde el pasado 28 de julio, desafiando los desalojos previos de Carabineros y la postura intransigente del jefe comunal.

La medida fue calificada por los estudiantes como un intento de criminalizar la protesta estudiantil cuando quedan menos de cinco meses para el traspaso oficial de estos establecimientos a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La tensión en aumento

La actual escalada de las movilizaciones estudiantiles en los liceos emblemáticos de Santiago, que incluyen marchas masivas y tomas, parece tener un motor más allá de las tradicionales demandas de infraestructura y seguridad. Un reclamo formal ha puesto al alcalde Mario Desbordes en el centro de una controversia, pues se ha generado un profundo malestar en las comunidades educativas, que interpretan sus acciones como una estrategia para desacreditar y criminalizar su legítima protesta.

La aparente contradicción de que la entidad sostenedora de los establecimientos denuncie a sus propios estudiantes, lo que implicaría destinar recursos municipales a la defensa legal de los liceos, es duramente criticada. El círculo estudiantil argumenta que esta denuncia busca intensificar la ya delicada situación de la educación pública con un fin político, además de señalar que esta acción se suma a decisiones previas del edil, como la eliminación de murales en los liceos durante el mes de marzo, cuyo contenido presentaban un carácter político y de derechos humanos.

Estas situaciones añaden una presión considerable a las comunidades escolares, quienes se sienten atrapadas en un conflicto que va más allá de lo puramente educativo.

Un diálogo tenso y sin acuerdos

La reunión convocada por el alcalde Mario Desbordes con los centros de estudiantes de los liceos emblemáticos, realizada el lunes 28 de julio en el municipio, transcurrió en un ambiente de notoria tensión y confrontación. Según Matías Valdez, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, el alcalde los «increpó constantemente», una actitud que, a su juicio, ha sido reiterada a lo largo de su gestión municipal. En esta reunión puntual, los estudiantes lamentaron que los avances fueran mínimos.

Anelis Muñoz, presidenta del Liceo 1 Javiera Carrera, también expresó su descontento, señalando que la convocatoria del alcalde se produjo tras meses de solicitudes de reunión por parte de los estudiantes, que no tuvieron respuesta. La falta de insumos básicos en los liceos, las precarias condiciones de infraestructura como baños y techos en mal estado, y la falta de seguridad en los alrededores de los establecimientos, fueron parte de los petitorios que los estudiantes buscaron entregar al alcalde, sin éxito. La promesa inicial de que Desbordes los recibiría se diluyó, generando frustración entre los jóvenes.

El único punto de «acuerdo» alcanzado en la reunión, según los estudiantes, fue la continuidad de encuentros con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro, entidad que asumirá la administración de estos recintos a partir del 1 de enero del próximo año. Sin embargo, esto es insuficiente para los estudiantes, quienes enfatizan la necesidad de consultar entre ellos antes de definir la continuidad de las movilizaciones.

La percepción general es que el alcalde optó por mantener una línea dura, reiterando su postura de no dialogar bajo presión y anunciando querellas criminales contra quienes recurran a «actos vandálicos», una señal que daría indicios sobre qué tan próximo se encuentra el conflicto a resolverse. Esta situación también recuerda la fallida administración de Alessandri, quien no resolvió ningún conflicto educacional aplicando la Ley de Aula Segura.

La mirada estudiantil

Las demandas estudiantiles no son nuevas y se arrastran desde administraciones anteriores, convirtiéndose en problemáticas históricas que para los estudiantes, no están siendo abordadas con la seriedad que merecen. Las falencias estructurales son una constante: baños rotos, cañerías en mal estado, sistemas eléctricos defectuosos y la falta de techos o puertas en las salas de clase, como algunos ejemplos de las condiciones indignas que denuncian. Anelis Muñoz subraya la falta de insumos básicos y problemas con el suministro eléctrico en el Liceo 1, afectando directamente el desarrollo de las clases.

Pero más allá de la infraestructura, los alumnos expresan una profunda preocupación por la criminalización de la protesta y la vulneración de su derecho a la libertad de expresión. Matías Valdez denunció que la gestión del alcalde Desbordes ha buscado «acosar a las comunidades estudiantiles», llegando incluso a borrar murales con décadas de trayectoria en los establecimientos como espacios de expresión artística. Esta acción, sumada a los dichos del alcalde que los califican de «mentirosos» o «jóvenes delincuentes» por buscar un diálogo, sólo profundiza la brecha entre la autoridad y los estudiantes.

La preocupación por el inminente traspaso a los SLEP el primer día de 2026 también es un factor determinante en las movilizaciones. Los estudiantes temen que muchas de las carencias estructurales y de las preocupaciones de la comunidad educativa no sean abordadas antes de este cambio de administración. La estrategia municipal, centrada en la seguridad con la duplicación de guardias y la instalación de cámaras y torniquetes, es vista por los jóvenes como una medida «antiética» que desvía el foco de los problemas de fondo.

Para los estudiantes, es fundamental que se conozca públicamente la verdadera situación de la educación pública en Santiago, y se entienda que sus movilizaciones buscan condiciones adecuadas para estudiar, no la criminalización de sus demandas.


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