Navarro declara: “Chile será condenado por restringir libertad de reunión”

Parlamentario dijo que “lo que la derecha hace con la democracia es una suerte de femicidio, pues como están acostumbrados a violentarla, claramente no les importa asesinarla, como lo hicieron hace 34 años”.

Reiterando su tranquilidad ante la eventual acusación constitucional que prepara un grupo de diputados de derecha “porque no hemos cometido ningún acto que se salga de lo establecido en nuestra normativa vigente” el senador Alejandro Navarro dijo que “algunos parecen olvidar que el artículo 5 de la Constitución dice que los tratados suscritos por Chile pasan a ser normas garantizadas por el Estado, y de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el derecho a reunión sólo puede regularse por ley y no por decreto como ocurre en nuestro país y eso significa, incluso que Chile puede ser condenado por restringir la libertad de reunión”.

Sobre lo mismo, el parlamentario indicó que “nosotros no hemos cometido ningún atropello a la constitucionalidad, pues siguiendo la línea de lo establecido en la propia Constitución hemos hecho ejercicio de un derecho ciudadano que sólo puede ser limitado por una ley y que en el caso de Chile, debido a la carga normativa que aún arrastramos desde los tiempos de la dictadura, todavía se rige por un decreto. Por eso hemos presentado un proyecto de ley para que adecue nuestras leyes a los tratados internacionales que hemos incorporado, y de esta forma cualquier regulación al derecho a reunión sólo pueda establecerse por ley, lo que obliga a que eventuales restricciones sean discutidas en el Parlamento”.

“De esta forma -añadió- quedará claro cuáles son los conceptos de democracia que tienen los distintos sectores políticos y quienes están por asumir la democracia como un concepto estático, que considera a los ciudadanos sólo electores, aunque éstos cada vez se inscriban menos, y no sujetos activos de derechos, entre ellos los de reunión y expresión. De esta forma aquellos que pretenden erigirse en defensores de los trabajadores porque presentan un par de proyectos sobre temas laborales que antes han conversado con los empresarios, quedarán al descubierto, cuando quieran negarles su derecho a manifestarse”.

Navarro dijo que “es una pésima señal que la derecha, a propósito de la acusación que quieren construir artificialmente en mi contra, esté apostando a sentar algunos precedentes nefastos para nuestra convivencia democrática: primero, quieren convertir el derecho de reunión y la libertad de expresión en sinónimos de desorden, delincuencia y caos, tal como ya lo han hecho antes en la historia; dos quieren convertir la misión legal de la fuerza pública de mantener el orden público en represión a cualquier expresión ciudadana en las calles; y tres, quieren convertir al Tribunal Constitucional en un contrapoder, que tenga capacidad de veto sobre el Parlamento, lo que claramente viola el principio de que la soberanía popular reside en la gente. Esa es su visión de democracia restringida, a la que se niegan a renunciar”.

“En el caso particular de los parlamentarios -prosiguió- pareciera que algunos quisieran volver a tener un poder “legislativo” como el que constituían de facto los cuatro comandantes en jefe mientras existía la junta de gobierno, un poder legislativo encerrado entre cuatro paredes, sin contacto con la gente, aislado de la ciudadanía. Por eso, insisten en aferrarse a todos aquellos resabios autoritarios que sobreviven en la Constitución del 80, para tratar de violentar la democracia por secretaría, sin tener el más mínimo respeto por la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Lo que hacen con la democracia es una suerte de femicidio, pues como están acostumbrados a violentarla, claramente no les importa asesinarla, como lo hicieron hace 34 años”.

Finalmente, tras una reunión en la CUT, Navarro agradeció el apoyo y la solidaridad que ha recibido de parte de los dirigentes sindicales y sociales tras la agresión que sufrió el pasado 29 de agosto y por la campaña que la derecha ha venido desarrollando sistemáticamente en su contra tratando de configurar un escenario para la presentación de una acusación constitucional.