Amplio rechazo a proyecto ley que busca la amnistía para agentes del Estado por violaciones en estallido social
Organizaciones de Derechos Humanos proponen la creación de un Informe Nacional de Verdad y Violencia Institucional para investigar los hechos ocurridos entre 2019 y 2021.
Una amplia coalición de organizaciones de derechos humanos, memoria y sociales, junto a un grupo de senadoras y senadores, alzó la voz para rechazar de manera categórica el proyecto de ley que busca conceder amnistía e inmunidad civil a agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden por los hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 1 de enero de 2021.
La declaración, firmada por decenas de entidades a lo largo de todo el país y difundida por La Marejada, califica la iniciativa legal (Boletín N° 17.784-07), actualmente en trámite en el Senado, como un intento de “institucionalizar la impunidad” al evitar la revisión caso a caso de los procedimientos. Señalan que una amnistía general para graves violaciones de derechos humanos es incompatible con los estándares internacionales y con la propia Constitución chilena, que obliga al Estado a respetar los tratados en la materia.
Las organizaciones enfatizaron que, a más de cinco años del estallido social, persiste una “impunidad estructural” evidenciada por miles de causas abiertas, más de 3.000 querellas patrocinadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y más de 400 personas con trauma ocular. Criticaron que las condenas sean mínimas debido a “uso extensivo de archivos provisionales, demoras y falta de identificación de autores”, lejos de ser “excesos aislados”.
Frente a este escenario, no solo solicitaron el archivamiento del proyecto en la Comisión de Constitución del Senado, sino que también plantearon una propuesta alternativa: la creación de un Informe Nacional de Verdad y Violencia Institucional (2019-2021). Este organismo independiente tendría como mandato establecer un registro unificado de víctimas, describir patrones de actuación y cadenas de mando, determinar responsabilidades y emitir recomendaciones para una persecución penal efectiva. Asimismo, buscaría impulsar una reparación integral para las víctimas y establecer garantías de no repetición, como la reforma de protocolos y un control civil robusto.
El llamado final es al Senado, para que detenga una iniciativa que “contraviene obligaciones internacionales y daña la confianza pública”, y al Gobierno, para que patrocine el mencionado informe. “La democracia no puede construirse sobre el olvido ni sobre la impunidad. Nuestra historia reciente nos enseña que sin verdad, no hay justicia; sin justicia, no hay reparación; y sin memoria, no hay garantías de no repetición”, concluye el documento.
Mira la declaración completa con adhesiones en siguiente enlace:
«No a la amnistía para agentes del Estado. Sí a la verdad, la justicia y la memoria»