No es Ecuador, es Chile: Experto señala que el país “cruzó un nuevo umbral del crimen organizado”

Crimen organizado e infiltración de las FFAA

En enero de 2024, el presidente Gabriel Boric intentó calmar las alarmas al afirmar que «Chile no es Ecuador«, refiriéndose a la crisis de seguridad en dicho país sudamericano, como consecuencia de las bandas criminales.

Sin embargo, los hechos recientes parecen demostrar que, aunque las realidades no son idénticas, Chile sigue un camino peligrosamente similar.

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En Ecuador, la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, el 20 de junio de 2025, vinculado a tráfico de drogas y armamentos, cabecilla de Los Águilas en Ecuador —con la complicidad de 19 militares— revela cómo el crimen organizado corroe instituciones clave, consigna una publicación de Ecuador.

Un militar ecuatoriano implicado declaró: «Se nos recomienda una acción específica… Ya viene de arriba la autorización», exponiendo la lógica de obediencia jerárquica que facilita estas redes.

Hoy, con militares chilenos detenidos por narcotráfico, la frase de Boric adquiere otro tono: No es Ecuador, es Chile, considerando que la infiltración criminal ya no es una hipótesis, sino una realidad.

Chile cruza el umbral

En Chile, la infiltración en las Fuerzas Armadas en el caso de narcomilitares, secuestros políticos y centros de tortura locales revelan una crisis que, según el académico y Doctor en Derecho, Matías Aránguiz,  en CIPER Chile, exige acciones inmediatas antes de que «la línea entre seguridad pública y nacional se desdibuje por completo».

El punto de no retorno llegó con la detención de seis suboficiales de la II Brigada Acorazada, quienes intentaron ingresar 192 kilos de cocaína desde Bolivia. Aránguiz destaca que no se trataba de «conscriptos tentados», sino de personal entrenado con acceso a rutas logísticas, consigna en CIPER.

El operativo del OS-7 expuso lo que manuales del Comando Sur de EE.UU. llaman «narco-captura»: cuando el Estado pierde control de su infraestructura ante el crimen. «El uniforme se convirtió en pasaporte ilícito», sentencia el experto, alertando sobre el riesgo de seguir los pasos de México o Brasil.

Paralelamente, en Linares, la PDI descubrió la primera «casa de tortura» de fabricación local, operada por Andrea Allende, alias «La Reina del Sur». El hallazgo de celdas insonorizadas y restos de sangre evidenció que la violencia extrema, antes asociada a bandas internacionales como el Tren de Aragua, ahora se reproduce con «mano de obra chilena». Aránguiz advierte que esto desplaza el umbral de lo «socialmente aceptable», normalizando tácticas de terror propias del narcotráfico colombiano.

La escalada también involucra el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, extorsionado con amenazas de ejecución. Para Aránguiz, este caso marca un giro: el crimen ya no solo busca lucro, sino enviar mensajes de poder. «El salto del secuestro ‘económico’ al ‘político’ es estratégicamente subversivo», escribe, citando patrones vistos en Venezuela y Colombia.

El hilo conductor, según Aránguiz, es la «transferencia acelerada de capacidades» del crimen organizado. Mientras bandas adoptan tácticas militares y de inteligencia, el Estado «cursa a duras penas el nivel introductorio» de contramedidas. «Cuando la corrupción salta la valla de los puestos de avanzada, el efecto es devastado», insiste el académico.

Ante esto, propone tres medidas clave: auditorías patrimoniales en FFAA, un centro de inteligencia focalizado en rutas bolivianas y peruanas, y una ley que tipifique la tortura con fines criminales. «Chile dispone todavía de una ventana estratégica: la infiltración está detectada, las rutas de la droga mapeadas y los actores identificados. Pero la oportunidad se mide en meses, no en años. Una respuesta creíble exige, de inmediato, auditorías patrimoniales anuales en las fuerzas armadas, un centro nacional de inteligencia (rol que corresponde a la ANI) con foco directo a las operaciones de Bolivia y Perú, y una ley que tipifique la tortura con fines de crimen organizado como delito autónomo y proporcionalmente sancionado (…) Sobre todo, requiere voluntad política para admitir que el país ha cambiado: la violencia ya no es un fenómeno de “zonas rojas”; es una ecuación geopolítica donde Chile ha dejado de ser retaguardia, destaca en su publicación de CIPER.

La advertencia final de Aránguiz resuena como un llamado a la acción: «Si el Estado no se re-profesionaliza al ritmo en que el crimen se profesionaliza, la línea que hoy divide la seguridad pública de la seguridad nacional se desdibujará por completo. Y entonces, cuando miremos hacia atrás, constataremos que el momento de actuar eran aquellos siete días vertiginosos de 2025 que, por incredulidad o comodidad, dejamos pasar”, consigna el académico.

Mira la columna completa en el siguiente enlace:

Chile cruzó un nuevo umbral del crimen organizado (Por Matías Aránguiz)