No fue impunidad. Fue justicia (y fue demasiado tarde)

No fue impunidad. Fue justicia

Once años. Diez causas. Veintiocho fiscales. Seis equipos de la PDI.
Suena a exageración, pero es la cifra exacta del proceso que persiguió a Marco Enríquez-Ominami por más de una década.
Después de tanto tiempo, la justicia habló con claridad: es inocente. No hubo delito, no hubo dinero irregular, no hubo pruebas.

Sin embargo, en lugar de celebrarse como un acto de reparación, el fallo fue recibido con escepticismo por algunos sectores, incluso dentro del propio mundo progresista. La candidata oficialista Jeannette Jara (PC) dijo sentir una “sensación de impunidad”, calificando el caso como una “burla” hacia la ciudadanía. Pero lo que realmente ofende no es la absolución de un inocente: es la normalización del abuso judicial como herramienta política.

Once años de persecución, una justicia que llegó tarde

El fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago fue categórico: no existió prueba suficiente para acreditar delito alguno.
Ni aportes a campañas, ni facturas falsas, ni ilícitos tributarios.
Aun así, durante once años Enríquez-Ominami fue sometido a arraigo nacional, firma mensual y una cobertura mediática que lo trató como culpable antes de ser juzgado.

En entrevista con Verónica Franco, el líder del progresista fue tajante:

“Mi condición de inocente fue ratificada por el tribunal. No hubo dinero, no hubo delito. Fueron once años de desconfianza y de daño. El veredicto no es mi opinión: es la verdad jurídica.”

Vale la pena preguntarse: ¿por qué un caso sin pruebas pudo durar tanto? ¿Y por qué la justicia chilena no tuvo la misma energía para investigar a quienes sí fueron hallados culpables en otros escándalos políticos y empresariales?

La izquierda frente al espejo

La reacción de Jara refleja una tensión profunda dentro de la izquierda: el miedo a parecer condescendiente frente al poder, incluso cuando se trata de defender a un inocente. Pero confundir justicia con impunidad es un error ético y político.

Sentir “vergüenza” ante una absolución no es humildad, es amnesia.
La verdadera vergüenza es haber permitido que la Fiscalía gastara años, recursos y credibilidad persiguiendo a un adversario sin sustento.
Mientras tanto, los verdaderos responsables de corrupción —empresarios y políticos de derecha involucrados en cohecho— siguen evadiendo la rendición de cuentas.

Comparar a Marco con Longueira fue siempre una operación política. Longueira fue acusado de cohecho; Enríquez-Ominami, de supuestos delitos tributarios que nunca existieron. Mezclarlos en una sola causa fue una decisión deliberada que buscó empañar a todos por igual, sin distinguir responsabilidades ni pruebas.

El daño no fue solo a una persona, fue al Estado de Derecho

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que un proceso judicial excesivamente prolongado vulnera el derecho a un juicio justo. La demora injustificada se convierte en castigo, y el castigo sin condena es una forma de abuso de poder.

Eso es exactamente lo que ocurrió aquí.
Durante once años, la Fiscalía actuó sin control ciudadano, filtrando antecedentes, instalando sospechas y transformando el proceso en una pena anticipada. Fue —en los hechos— una sanción encubierta, prohibida por el derecho internacional.

En palabras del abogado Carlos Peña:

“El exceso temporal del proceso se transformó en pena. El Estado chileno debe revisar cómo se usó el poder judicial para fines políticos.”

La verdadera impunidad está en el poder que no rinde cuentas

No basta con celebrar la absolución. Chile debe mirar más arriba: al Ministerio Público.
¿Quién fiscaliza a los fiscales? ¿Quién evalúa los incentivos detrás de causas que se eternizan y terminan en nada, pero destruyen reputaciones en el camino?

El caso Enríquez-Ominami debería ser el punto de partida para una auditoría independiente sobre cómo se manejan las causas de connotación política. No para castigar, sino para proteger la justicia de la manipulación.

Porque si el Ministerio Público no responde por sus abusos, lo que se instala no es confianza, sino miedo. Y el miedo es lo contrario de la democracia.

La izquierda que cree en la justicia debe volver a creer en la verdad

Defender la inocencia de Marco no es un gesto partidista, es un acto de coherencia.
Una izquierda que duda de la justicia cuando esta favorece a uno de los suyos está repitiendo la misma lógica de los poderosos que siempre criticó.

Como señala el propio Enríquez-Ominami en Nuevo Ciclo Político:

“No pido perdón. Pido justicia. Y pido que quienes creen en la verdad no sigan callando.”

El desafío, ahora, es recuperar la fe en la justicia y en la verdad, aunque lleguen tarde.

Contexto del caso SQM: qué muestran los números

Para enmarcar el veredicto, conviene mirar el cierre general del megacaso SQM:

10 condenas, 132 salidas alternativas y 8 absoluciones; además, el fisco recaudó $4.600 millones vía rectificaciones y acuerdos. Estos datos desmontan lecturas binarias del resultado global.

En su “radar” del día del veredicto, CIPER enfatizó que el tribunal cuestionó la prolongación del juicio y la calidad probatoria presentada.

Clave: La absolución de ME-O responde a falta de prueba suficiente y vulneraciones procesales detectadas por el tribunal, no a una amnistía ni perdón político. La absolución es una decisión jurisdiccional tras un juicio completo.

En síntesis

Hechos versus percepciones: hablar de “impunidad” tras un juicio oral completo y un veredicto fundado es, como mínimo, impreciso. Aquí no hubo sobreseimiento exprés ni archivo; hubo litigio, contradicción y prueba por años, con resultado absolutorio.

Garantías para todos: el estándar del “plazo razonable” protege a cualquiera, sea de izquierda, derecha o independiente. Cuando se vulnera, la respuesta es jurisdiccional, no política.

En el programa “Candidato, llegó tu hora” (TVN) de la noche del pasado 23 de octubre, Marco Enríquez-Ominami sugirió que el próximo lunes 27 podría anunciar las acciones legales que tomará después de la persecución legal que injustamente vivió.

Ahora que decida la corrompida justicia de este país expuesta desde Hermosilla en adelante y si nos vamos en el tiempo desde que las corporaciones tomaron el control de tribunales