Según documentos judiciales y el Diario Constitucional, entre los años 2017 y 2019, la empresa recibió pagos de una productora (Aylo) para trasmitir videos de mujeres sin su consentimiento para ser publicados. Y a partir 2016, la empresa recibió solicitudes de eliminación de dichos videos, debido a que diversas mujeres afirmaban que se les había engañado, y a pesar de enterarse de una demanda contra la productora en 2017, no cumplió con las solicitudes de eliminación, ni verificó el consentimiento de las mujeres que aparecían en los videos.
En tanto, en 2019, después de retirar los videos de la productora, algunos usuarios publicaron los mismos videos. Ante esto, en un comunicado, la compañía comunicó: «Nos preocupa saber que una productora utilizó métodos delictivos para producir su contenido y presentó documentación de consentimiento que ahora sabemos que se obtuvo mediante fraude y coerción. Debemos estar atentos para detener a quienes buscan utilizar nuestras plataformas ilegalmente y responder a amenazas y desafíos en constante cambio».
Ante esto, el nuevo director de dicha empresa, dijo en una entrevista que la empresa no reconoce ninguna responsabilidad penal, pero que «se han implementado medidas para evitar incidentes» en el futuro.