Oficialismo y oposición se unen para contener arremetida de los grandes empresarios contra la ley de delitos económicos: Acudirán a defenderla ante el TC

Un grupo transversal de senadores concurrirá al Tribunal Constitucional para defender la ley de delitos económicos promulgada el pasado 15 de mayo por el Congreso Nacional, esto luego de que la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) ingresara un «téngase presente» acusando visos de inconstitucionalidad en el proyecto que introduce penas de cárcel para los delitos de corrupción, colusión, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.

El senador Matías Walker (Demócratas) confirmó que desde Renovación Nacional hasta el Partido Socialista realizarán sus descargos ante el Tribunal Constitucional para evitar que «se borre con el codo» un proyecto que fue despachado con acuerdo transversal después de tres años de debate legislativo.

«La CPC debería aplaudir este proyecto, porque lo que hace es establecer el fair play, el respeto a la reglas del juego», señaló Walker, quien recordó que el proceso de tramitación de la ley fue acompañado «por los mejores profesores de derecho penal del país».

En una línea similar argumentó el senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, quien señaló que «es realmente inadmisible que la CPC recurra al TC», y acusó a los grandes empresarios de utilizar al Tribunal «como una tercera cámara».

Además de Matías Walker y Alfonso de Urresti, defenderán la ley ante el Tribunal Constitucional los senadores Ximena Rincón (Demócratas), Paulina Núñez (RN), Francisco Huenchumilla (DC) y José Miguel Insulza (PS).

Los reparos de la CPC

Este lunes, los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube acudieron hasta el Tribunal Constitucional en representación de la Confederación para la Producción y el Comercio para acusar «vicios de inconstitucionalidad» en la ley de delitos económicos.

Según se lee en el «téngase presente» de 34 páginas interpuesto por los abogados, la ley vulneraría garantías penales reconocidas en la Constitución al introducir penas de cárcel para conductas ilícitas como la colusión, la corrupción, el enriquecimiento ilícito o la malversación de caudales públicos. Lo anterior debido a que el derecho penal debería ser el «último recurso» utilizado por el legislador.

Además, el documento asegura que la ley de delitos económicos «selecciona» a un grupo determinado de personas -los empresarios- para aplicarles un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general.

Desde el Gobierno han manifestado su molestia con la actitud de la CPC, a quien acusan de saltarse el debate democrático que se dio durante tres años en el Congreso Nacional:

«Este proyecto de ley, el de delitos económicos y ambientales, ha tenido una amplísima discusión, ha contado con los mejores especialistas en la asesoría,tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ha tenido la oportunidad de que todo el mundo opine. Sin embargo, el sector privado pareciera que solo se enteró de la tramitación de este proyecto de ley en la parte final», señaló el ministro de Justicia Luis Cordero.

«La actitud de la CPC es lamentablemente una manera tradicional que tiene una parte del sector privado de abordar proyectos de ley que han sido aprobados por amplia mayoría en el Congreso», agregó.