Osamentas de animales mezcladas con restos humanos: El caos interno que encontró el Gobierno durante la implementación del Plan Nacional de Búsqueda

Un profundo caos interno fue lo que se encontró el Gobierno durante las primeras etapas de implementación del Plan Nacional de Búsqueda. Un informe de auditoría al que tuvo acceso El Ciudadano revela que organismos y funcionarios del Estado confundieron material usado para docencia e incluso osamentas de animales con restos de ejecutados políticos, perjudicando la identificación de las víctimas y eventualmente la búsqueda de justicia en dichos casos.

La auditoría al Servicio Médico Legal fue ordenada en agosto de 2022 por la entonces ministra Marcela Ríos, y el informe derivado del proceso detalla que el organismo había recibido en 2001 la indicación -por parte del juez Juan Guzmán- de derivar al Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile todas las osamentas que podían estar vinculadas a casos de violaciones a los derechos humanos.

Desde esta fecha, y hasta el año 2013, la Universidad de Chile recibió 89 cajas con hallazgos vinculados a dichos casos, esto con el objetivo de ser custodiadas y eventualmente periciadas. Sin embargo, la casa de estudios advirtió en reiteradas ocasiones que no contaba con la experticia para realizar estas operaciones.

El documento señala que solo en 2012, tras once años derivando las osamentas a la Universidad de Chile, el juez Alejandro Solís mandató la devolución de la evidencia al Servicio Médico Legal. La auditoría arrojó que en todo este período no fue posible determinar ningún proceso de identificación efectiva de los restos.

Sin embargo, la orden de Solís no se concretaría hasta mediados de 2022, es decir, diez años después de emitida. Entonces la negligencia alcanzó ribetes aún más oscuros. Una vez devueltas las 89 cajas al Servicio Médico Legal, estas fueron enviadas a un laboratorio de Austria para realizarles un análisis genético. Cuando los funcionarios del organismo recibieron los resultados, se encontraron con que veinte cajas contenían material usado para docencia, mientras que otras cinco contenían restos de animales.

El informe señala que «de las 89 cajas, solo en 65 casos existiría congruencia entre lo “recibido” por la Universidad de Chile y lo entregado el año 2019 al Servicio Médico Legal, por lo cual existirían 24 cajas que no corresponderían al inventario original».

Finalmente, el informe de auditoría concluye que el Servicio Médico Legal solo logró corroborar la procedencia de 51 de las cajas «devueltas» por la Universidad de Chile. Al cierre de esta nota, el origen de las otras 38 sigue siendo desconocido.