HRW insta al Gobierno de Piñera a “poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos”

A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias.

El Gobierno de Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” que realiza en el marco de una ley de migración “y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”, señaló Human Rights Watch (HRW).

A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros, publicó EFE.

Tras examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también “violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas” antes de que se concrete la expulsión.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, apuntó que resulta “contradictorio” que el Gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, “condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos”.

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch: "La teoría del lawfare me  parece un total disparate"
Director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, Foto: AFP.

Se estima en que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.

HRW señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos “sin control judicial” y afectando principalmente a venezolanos.

Esta política del Gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la pena en su país, y también la de quienes ingresaron clandestinamente al país y se encuentran en una situación administrativa irregular.

De acuerdo con HRW, las decisiones no hacen referencia a las circunstancias individuales de cada caso, “que no parecen haber sido tomadas en cuenta” y si bien se presentaron resoluciones administrativas por cada persona deportada, “el lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico y no se realizó un análisis caso por caso”.

Al analizar las deportaciones en Chile, las agencias de la ONU en el país han destacado en reiteradas oportunidades que todas las personas tienen derecho a que se evalúen sus circunstancias de forma individual, incluyendo la necesidad de recibir protección y los riesgos que la deportación podría representar para su vida, su libertad o su integridad, recordó HRW.

Otras noticias de interés:


Comparte 👍

Comenta 💬