Promulgación Ley de Fraccionamiento Pesquero: ¿En qué consiste y cómo pone fin a la corrupta Ley Longueira?

Chile comienza a poner fin un ciclo de inequidad con la promulgación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero: Comenzará a regir en enero de 2026

Este 10 de julio, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Fraccionamiento Pesquero. La norma, impulsada por el Ejecutivo, redistribuye las cuotas de captura entre los sectores industrial y artesanal, estimándose en unos US$160 millones anuales hacia las caletas locales y poniendo fin a 12 años de un modelo criticado por su concentración y corrupción bajo la llamada Ley Longueira.

La ley modifica la legislación pesquera vigente, estableciendo un nuevo esquema para 23 pesquerías de importancia nacional. «Esta es una reparación concreta al sector artesanal, que por años fue marginado», destacó el Ministerio de Economía. El texto garantiza que los aumentos de cuotas para pescadores artesanales se distribuyan con equidad regional, evitando la concentración en grandes grupos.

Según estimaciones oficiales, el traspaso de recursos desde la industria permitirá financiar plantas de procesamiento Pymes y mejorar infraestructura en caletas. «Dinamizará economías locales y beneficiará a decenas de miles de familias», afirmó la versión comunicacional del Gobierno. La ley también introduce un cobro de patente especial a industriales que adquieran cuotas internacionales, resguardando ingresos fiscales.

Entre las innovaciones destacan el endurecimiento de sanciones a la pesca ilegal y la prohibición de aumentos de cuota para empresas con infracciones graves, buscando terminar con la impunidad en daños a ecosistemas. Además, se mantienen certezas jurídicas para el sector industrial, que conservará sus coeficientes de participación vigentes, resalta la figura.

La normativa reemplazada, denominada Ley Longueira, impulsada en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, fue investigada por cohecho, fraude y financiamiento ilegal de campañas, con casos emblemáticos como las condenas al exsenador UDI, Jaime Orpis (5 años de prisión) y a la exdiputada UDI, Marta Isasi. Un reporte de CNN Chile reveló que 35 políticos —incluyendo ex candidatos presidenciales— recibieron aportes de pesqueras entre 2009 y 2013, beneficiando a siete familias económicas.

En la ceremonia de promulgación, el Mandatario enfatizó que la ley «cierra una página de abusos». La norma comenzará a regir en enero de 2026, con una actualización anual de cuotas.