Rechazo mapuche y lluvia de críticas a proceso de consulta del Gobierno de Comisión Paz y Entendimiento

Gobierno de Boric fracasa en consulta mapuche. Fuentes mapuche denuncian «ley de punto final» para tierras  

La Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, creada en 2023 por la administración de Gabriel Boric, entregó en mayo de 2025 su informe final en La Moneda. Desde el 13 de agosto, el gobierno inició una consulta a comunidades mapuche sobre las propuestas contenidas en dicho documento, proceso que ha recibido un rechazo categórico por parte de dirigentes y organizaciones. Tal como advirtió el periodista Andrés Figueroa Cornejo en su publicación, “los propósitos de la comisión están fracasando estrepitosamente contra la dignidad de todo un pueblo”.

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El werken de la comunidad Pepiukelen de Pargua, Francisco Vera Millaquen, calificó la consulta como “una forma muy elegante de llamar al despojo de nuestros territorios, del Biobío al sur, por el Estado de Chile”. Recordó que el Tratado de Tapihue de 1825 reconoció a los mapuche “como un Estado soberano y libre”, sin embargo, “el mismo ejército chileno, años después, invadió nuestras tierras a sangre y fuego”.

Vera Millaquen evocó además el “Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato” de 2003, donde se reconoció que diez millones de hectáreas fueron arrebatadas ilegalmente al pueblo mapuche. “Desde 1993 se han retornado apenas unas 700 mil hectáreas y ahora el informe de la última comisión dice que se devolverán alrededor de 300 mil hectáreas más. O sea, sólo un 10 % de todo el territorio mapuche reconocido por la propia institucionalidad chilena”, señaló.

Por su parte, en el reportaje de Figueroa, destaca a Sergio Santos Millalen, werken de Pikvun Mapu, quien denunció que la consulta viola el Convenio 169 de la OIT. “El Ministerio de Desarrollo Social y Familia mediante la Resolución Número 244 exenta, del 27 de junio de 2025, ha incumplido la participación en la consulta de todo el pueblo mapuche, abarcando sólo a la mitad de nuestra gente”, afirmó. Agregó que presentaron un recurso de protección y anunció: “El territorio no está a la venta; el territorio ancestral se defiende”.

Desde Purén, comunidades de La Araucanía advirtieron que la iniciativa “busca imponer una ley de punto final a la legítima restitución territorial de nuestro pueblo”. Enfatizaron que el nuevo sistema “facilitará que la tierra mapuche entre al mercado de ventas, arriendo, traspaso y comodato, permitiendo la instalación y ejecución de proyectos inmobiliarios, mineros, carreteros, centrales eléctricas, represas, forestales y planes extractivistas”.

A su vez, apo ülmen, machi y representantes de Osorno calificaron la consulta como “dañina, de mala fe y sin voluntad política”, mientras que comunidades de Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar denunciaron “la total falta de legitimidad que ha tenido todo el proceso”. En palabras recogidas por Figueroa, acusaron que los mecanismos de indemnización “sólo están pensados para beneficiar a los latifundistas, tratándolos como ‘víctimas de conflictos’”.

En un análisis publicado por la Coordinación Territorial Mapuche Wallmapu, Eduardo Curín planteó que el gobierno “se enfrenta a un desorden explícito en todo sentido, y nunca tuvo una clara agenda en torno a la temática mapuche”. Criticó que Boric “aprovechó la inmovilización temporal de los mapuche y abrió el diálogo con los partidos, priorizando su gobernabilidad por sobre la justicia y la paz”. A su juicio, la comisión es “un solapado acto violento a nuestra soberanía que viene a justificar su intención de destruirnos como sociedad”.

Curín recordó la vigencia de una tradición de “actos alevosos” contra las tierras mapuche, desde la ley 2.568 de Pinochet hasta el “nuevo sistema de adquisición de tierra”, que a su entender “revive la vieja lógica engañosa” y amenaza con que “las tierras sean prácticamente de propiedad de mafias organizadas, e incluso del crimen organizado”. Alertó que de continuar este proceso “el conflicto podría escalar a nuevo genocidio”.

Finalmente, el historiador y académico Pedro Marimán, en un artículo publicado en Wallmapu Blog, sostuvo que la consulta no busca resolver la deuda territorial, sino clausurarla. “No se trata de un nuevo sistema de tierras, sino de un mecanismo de cierre definitivo de la demanda”, señaló. Según explicó, el informe fija un fondo de 4.000 millones de dólares con “cota máxima” y crea un “universo cerrado” de solicitantes, convirtiendo un derecho histórico en “un gasto fijo”.

Para Marimán, el verdadero trasfondo es la admisión de que nunca hubo voluntad política. “En lugar de exigir más recursos, más tierras, más compromiso, la Comisión opta por la rendición institucional: si no podemos cumplir con lo que es justo, entonces cerremos el capítulo para siempre”. En su conclusión, sentenció que “no se busca reconciliación, sino clausura; no una paz basada en la justicia, sino en el agotamiento administrativo de la demanda”.