En 2017, mientras aún era diputado, José Antonio Kast presentó el proyecto de ley N.º 11364-06, que buscaba ampliar las inhabilidades por parentesco para ingresar al Estado.
La moción proponía impedir que cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad de altas autoridades —incluido el Presidente, ministros, subsecretarios, diputados y senadores— accedieran a empleos públicos mientras durara el vínculo.
No contemplaba plazos: la prohibición se mantenía mientras existiera la relación familiar.
Su argumento era claro —según Kast—: “terminar con el nepotismo y la captura del Estado por intereses personales”.
El proyecto no prosperó.
Paradójicamente, apenas un año después, en abril de 2018, Exequiel Rauld Saade, yerno de Kast, ingresó al Ministerio de Educación, específicamente en la Subsecretaría de Educación Parvularia, sin concurso público.
Según los registros de Transparencia, fue contratado como profesional grado 7 en la División de Políticas Educativas, con una remuneración bruta de $2,46 millones más horas extra.
Su formación era de Ingeniero Comercial, titulado probablemente entre 2014 y 2015, lo que sugiere que en ese momento no cumplía los años mínimos de experiencia exigidos por el DFL N.º 2/2015 para desempeñar cargos de jefatura (grados 4 o 5).
En abril de 2019, apenas un año después de su ingreso, fue promovido a Jefe del Departamento de Estudios y Estadísticas, con grado 4 E.U.S. y una remuneración de $3,09 millones mensuales.
De acuerdo con el DFL 2/2015, dicho grado exige al menos 4 años de experiencia profesional posterior al título (si el título es de 10 semestres) o 5 años (si es de 8 semestres).
Considerando su titulación más cercana a 2015, no cumplía aún con esos requisitos al momento de asumir la jefatura, lo que refuerza la hipótesis de una designación anticipada por vía política y no técnica.
Tras unos meses en ese cargo, Rauld continuó vinculado mediante contratos a honorarios, asesorando directamente a la Subsecretaria en materias estratégicas.
Entre 2018 y 2021 percibió más de $133 millones brutos, incluyendo pagos por horas extraordinarias y asesorías sin concurso.
Su evolución contractual muestra un patrón frecuente en la administración chilena: nombramientos discrecionales inicialmente irregulares que luego se “normalizan” a través de honorarios o asesorías prolongadas.
Mientras tanto, Kast abandonó el Congreso, fundó Acción Republicana y, posteriormente, el Partido Republicano, consolidando un círculo político-comunicacional que incluyó a Cristián Valenzuela, ex vocero de su campaña y actual jefe de comunicaciones del partido.
Fue justamente Valenzuela quien, el 8 de octubre de 2025, publicó en La Tercera la columna “Parásitos”, donde denuncia un Estado “podrido, lleno de operadores y apitutados que viven del erario fiscal”.
Allí afirma: “Los parásitos no tienen color político. Se reproducen en todos los gobiernos, en todos los partidos… Son los mismos que te hablan de meritocracia con el currículum lleno de favores.”
El contraste es elocuente: el discurso moralista de Kast y su entorno —que se presenta como cruzada contra la corrupción, el despilfarro y el nepotismo— colisiona con la práctica concreta de su propio grupo político y familiar.
Rauld, el yerno, fue beneficiario directo del mismo sistema de redes personales y nombramientos discrecionales que la ley de Kast pretendía erradicar.
Valenzuela, el vocero, denuncia ahora los “parásitos del Estado”, pero su entorno participó del mismo ecosistema que critica.
En la práctica, la historia de Exequiel Rauld se convierte en un espejo del poder que el discurso republicano prefiere evitar: una estructura que repite los vicios que dice combatir, donde las convicciones éticas terminan subordinadas a los lazos de sangre, de confianza y de conveniencia política.