Remezón en la Araucanía: Fiscal Velásquez estaría suspendido por denuncia de abuso sexual, mientras arrastra acusaciones de racismo y discriminación

El fiscal Miguel Ángel Velásquez fue suspendido tras ser denunciado por abuso sexual contra una estudiante de una universidad de Temuco donde impartía clases. El persecutor, conocido por su rol en la criminalización mapuche, arrastra un prontuario que incluye agresión a un menor en 2016, negligencia en el caso Erica Hagan y acusaciones de racismo y casos de tortura.

Remezón en la Araucanía: Fiscal Velásquez estaría suspendido por denuncia de abuso sexual, mientras arrastra acusaciones de racismo y discriminación

Nuevo escándalo sacude a la Fiscalía de La Araucanía: suspenden a Miguel Ángel Velásquez tras denuncia de abuso sexual

El fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velásquez, fue suspendido de sus funciones tras ser denunciado por un presunto abuso sexual contra una estudiante de una universidad en Temuco, donde el persecutor impartía clases de Derecho Penal, según reveló Araucanía Diario.

La identidad del funcionario se confirmó luego de cruzar información con personal de la universidad y de la propia fiscalía regional, que pidió reserva de la fuente, según señaló el medio regional.

El caso motivó una reacción institucional: el fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, ordenó un sumario administrativo, y la investigación penal fue trasladada a la Fiscalía Regional de Los Lagos para garantizar la independencia de las diligencias, consignó el medio, Araucanía Diario.

La denuncia que lo llevó a la suspensión

Según consignó por su parte Araucanía Noticias, la denunciante sería una estudiante universitaria que asistía a las clases del persecutor. El medio detalló que la seremi de la Mujer, Carolina Lagos, valoró la medida y aseguró que «ninguna mujer que denuncie violencia debe quedar sola y todas las personas deben estar sujetas al Estado de Derecho».

La abogada del fiscal, Verónica Aliaga, confirmó la existencia de una presentación ante la PDI, pero señaló que la defensa todavía no conoce los hechos específicos que se le atribuyen, reveló el medio.

El historial de Velásquez

El prontuario de Velásquez es extenso. En noviembre de 2016, fue detenido en la Segunda Comisaría de Temuco tras la denuncia de la madre de un niño de 13 años con déficit atencional. Según relató la madre a UfroVisión, el fiscal «se abalanzó sobre su hijo, lo tomó del cuello, lo empujó contra su camioneta y lo tiró al suelo» luego de que el menor le reclamara por tomarles fotografías en la vía pública y subirlas a un grupo de WhatsApp etiquetándolos como «jóvenes merodeando, sospechosos». El parte médico estableció «contusiones leves en el codo y la mejilla», según Soy Temuco.

El caso Erica Hagan y la negligencia que costó 200 millones

Uno de los episodios más graves en su carrera es su desempeño en la investigación del asesinato de la psicóloga estadounidense Erica Hagan, ocurrido en septiembre de 2014 en Temuco. Velásquez acusó al rondín Domingo Cofré, quien estuvo ocho meses en prisión hasta ser liberado por falta de pruebas y posteriormente indemnizado por el fisco por error judicial, destaca el propio portal del Poder Judicial.

La madre de la víctima, Regina O’Neal, denunció que el fiscal «ignoró una huella dactilar ensangrentada del sospechoso principal» y que «podría estar relacionado con los sospechosos, razón suficiente para haberse retirado del caso», según La Voz de los que Sobran.

En marzo de 2020, la Corte Suprema ratificó un fallo que condenó al fisco a indemnizar con 200 millones de pesos a la familia Hagan por las negligencias en la investigación, hecho replicado en nota de El Ciudadano.

«Fiscal anti mapuche»: casos de tortura, racismo y prisiones preventivas abusivas

Diversas comunidades mapuche de La Araucanía identifican a Velásquez como un «Fiscal Anti Mapuche». En 2010, fue denunciado ante los tribunales por su eventual participación en apremios ilegítimos (tortura) contra el joven mapuche Felipe Huenchullan, razón por la cual el Ministerio Público lo removió del caso, señala un reportaje de Radio Villa Francia.

En mayo de 2011, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó a Velásquez revelar los nombres de 16 testigos, y posteriormente el fiscal debió descartar a su «testigo estrella» —una exguerrillera colombiana de las FARC— lo que derivó en el sobreseimiento del caso. Al año siguiente, la Corte confirmó la resolución de la jueza Evelyn Zelaya, que en un hecho inédito excluyó al fiscal del juicio contra nueve comuneros de Temucuicui.

La causa contra un fotógrafo y un comunero mapuche

Velásquez también tuvo a su cargo la cuestionada causa contra el fotógrafo Felipe Durán y el comunero Cristian Levinao, imputados por porte ilegal de armas, quienes tras casi un año en prisión preventiva fueron finalmente absueltos en octubre de 2016. En una entrevista con El Desconcierto, Durán expresó su convencimiento de estar preso por «confrontar, con sus fotografías, los intereses de latifundistas y trasnacionales», y aseguró haber recibido presiones por parte del fiscal del caso, según consignó The Clinic y la Agencia EFE.

El Bono Covid y el actuar «tendencioso»

En enero de 2021, Velásquez debió devolver el Bono Covid para la Clase Media que había percibido de manera irregular. Según Araucanía Diario, el funcionario, que se encontraba en el grado 5 de la escala de remuneraciones de la Fiscalía —con un sueldo bruto cercano a los $6 millones mensuales**—, no cumplía con los requisitos del beneficio, orientado a trabajadores con ingresos inferiores a **$2 millones. Además, en 2011, la Corte de Apelaciones de Temuco lo excluyó de un juicio por actuar «tendenciosamente» en un caso contra miembros de la comunidad mapuche.

El caso lonko Ñirripil y la «criminalización paralela»

En julio de 2026, comunidades mapuche solicitaron al fiscal nacional Ángel Valencia una investigación administrativa contra Velásquez por «uso indebido de recursos públicos, difamación y racismo» tras la absolución del lonko Guillermo Ñirripil de los cargos de robo con intimidación y extorsión, delitos por los que la Fiscalía pedía 22 años de presidio.

La carta advirtió que el fiscal «instrumentalizó y recicló evidencia material del juicio anterior» para «etiquetarlo como un ‘extorsionador habitual'», y calificó su actuar como un «acto de difamación institucional tendenciosa» que busca «perpetuar la condena social y mediática contra nuestra autoridad».

 Las comunidades concluyeron: «Exigimos que el Ministerio Público se constituya en un garante de la paz social y no en un actor de la guerra contra el pueblo mapuche», destaca nota de  El Ciudadano.

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