Reuniones con EE.UU. y acuerdos con el BID: Las «buenas» y la «mala» del alcalde de Temuco Roberto Neira

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Roberto Neira (PPD) asumió el 28 de junio como alcalde de Temuco y comenzó su mandato pidiendo disculpas a las hortaliceras, por todos estos años en que éstas se han visto discriminadas bajo la alcaldía de Miguel Becker, víctimas de innumerables hechos de violencia por desalojos desde la zona centro de la comuna.

Otro hito importante es que el martes 10 de septiembre, el Concejo Municipal de Temuco, con una amplia mayoría, acordó revocar la calidad de ciudadano ilustre del dictador Augusto Pinochet y a su esposa, Lucía Hiriart.

Algunos de los elementos que destacó el edil al momento de asumir funciones fue: «Reforzaremos la cultura, la reactivación económica con la cual tenemos que trabajar mucho. Queremos ser un aporte como municipio a muchos emprendedores, Pymes, Mypes y empresarios que lo están pasando mal (…)».

Este 2 de septiembre, se anunció también que el Municipio colaborará para que Convención Constitucional pueda sesionar y cumplir algunas metas de participación indígena en Temuco, destacándose la gestión en el izamiento de la bandera mapuche, la relevancia cultural de las hortaliceras y la creación de una Oficina Indígena que viene promoviendo la Municipalidad.

Además, se están impulsando algunas iniciativas de reciclaje, aperturas a los poetas en la tradicional Biblioteca Galo Sepúlveda, elaboración de nuevas políticas de seguridad, la propuesta para una mesa cultura comunal, entre otras de interés público, sin embargo, un hecho que no pasó inadvertido fue la reunión del edil este 1° de septiembre, con funcionarios del Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

De hecho, la Municipalidad de Temuco publicó en redes sociales información sobre este encuentro: “Para conversar y ver las posibilidades de financiamiento y así poder solventar iniciativas en el área de desarrollo de tecnologías e innovación en Temuco, el alcalde @robertoneiratemuco, se reunió en el Banco Interamericano de Desarrollo, con el jefe de operaciones, Pablo Angelilli, y la especialista senior Bid Lab, Carolina Carrasco, siendo esta entidad bancaria la que ofrece soluciones financieras flexibles para financiar el desarrollo económico y social a través de préstamos y donaciones a entidades públicas y privadas”.

El pasado 2 de agosto del 2022, Neira ya se había reunido en Santiago con Richard Glenn, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Chile, con el objeto de “acercar la capital regional con la potencia mundial”.

“En la oportunidad se logró concretar realizar diversas acciones en conjunta en la que destaca realizar una mesa de trabajo para apoyar iniciativas tecnológicas y de innovación, propuestas que apuntan a grupos de trabajo en trasferencia educativa, científica y fuerza laboral”, consignó Temuco Diario.

Cabe recordar que, en julio del 2019, Roberto Neira siendo concejal, fue invitado por el gobierno de los Estados Unidos a participar de una capacitación internacional para líderes emergentes. Según señala una nota “Por más de 20 días se analizará principalmente los problemas medioambientales y sus posibles soluciones”.

Historial del Banco Interamericano de Desarrollo BID

 El Banco Interamericano de Desarrollo en sus iniciales BID (en inglés: Inter-American Development Bank) es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington D. C. (Estados Unidos), y creado con el propósito de “financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe”.

Sin embargo, esta entidad financiera presenta una serie de denuncias por afectaciones, conflictos e imposiciones generadas en diversas áreas relacionados a intereses de proyectos industriales extractivistas estratégicos y en materia de seguridad.

 El Banco Interamericano de Desarrollo es miembro del Comité de Coordinación Técnica y uno de los motores principales para la implementación del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana)  a través de préstamos, donaciones, garantías y asistencia técnica para la infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones relacionadas principalmente  de manera directa o indirecta, con la explotación extractivista de empresas y transnacionales en diferentes territorios de Sudamérica a través de ejes estratégicos sin fronteras o como lo que se ha denominado desde los 90 en la geopolítica transnacional “Regionalismo abierto”, basada en la globalización económica y que ha contribuido a un disipado crecimiento.

Académicos internacionales como:  Ana Esther Ceceña – Paula Aguilar – Carlos Motto, señalaron en su publicación “Territorialidad de la dominación. IIRSA”, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica,  este plan  en Sudamérica que “es el proyecto más ambicioso de ordenamiento del territorio que se haya desarrollado en el mundo. Mediante el trazado de rutas multimodales (hidrovías, carreteras, vías ferroviarias) la enorme masa territorial de América del Sur pretende ser refuncionalizada de acuerdo con las exigencias de un mercado mundial ávido de recursos (…)  A las fronteras actuales se sobrepondrán otras, diseñadas para asegurar la movilidad de capitales y mercancías o, incluso, de tropas y pertrechos militares que garanticen el respeto a la propiedad privada, sin importar que ésta se haya establecido desplazando a los habitantes originarios de estas tierras”.

Chile no ha estado exento de conflictos de estos planes instalados desde Washington y ejecutados por el BID. Dicho Banco en pleno estallido social, aprobó un préstamo de 48 millones de dólares para Chile con el objetivo de “financiar un programa de Fortalecimiento de la Gestión Estratégica de la Seguridad Pública”.

Según informó La Tercera. el 29 de noviembre del BID entregó un préstamo de inversión con un período de ejecución de cinco años a través de la Subsecretaría de Interior. Entre los beneficiarios del proyecto el documento contabiliza a la Subsecretaría de Prevención del delito, Carabineros, PDI y la misma Subsecretaría de Interior.

Para el BID, no importó la seguidilla de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese periodo contra las protestas sociales y dotar de mayor financiamiento a los responsables. Cifras oficiales desde Fiscalía a fines de enero del 2020, daba cuenta de 31 muertos en el contexto de protestas. Asimismo, el informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de DDHH para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes) y 411 traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentó a esa fecha 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.

Sin embargo, el conflicto BID en Chile no se remonta allí. En noviembre del 2017, diversas organizaciones internacionales interpelaron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su sede en Washington D.C, por diversas situaciones que se están viviendo en el sur de Chile como consecuencia de conflictos de proyectos de energía, que involucran a esta institución financiera y que han afectado a varios territorios de comunidades Mapuche.

Entre las organizaciones presentes, estaban: Friends of the Earth, United States; European Commission of Human Rights and Ancestral Peoples, Sweden; National Center for Cooperation in Development (CNCD-11.11.11), Belgium; Observatory for Studies and Support of Social and Environmental Responsibility, Democratic Republic of the Congo; Common, Italy; BankTrack, The Netherlands; Forest Peoples Programme, United Kingdom. 

Las organizaciones hicieron eco de las denuncias públicas por parte de organizaciones y comunidades Mapuche en el sur de Chile, quienes dieron cuenta sobre las malas prácticas en planes pilotos del BID/CORFO/Ministerio Energía en comunidades, quebrando a miembros  para asociarlos a intereses privados y conjuntamente ejecutar proyectos de energía, dañando la integridad cultural, paz y bienestar social ya que por razones culturales y por existir en numerosas familias y comunidades con otras prioridades en materia de desarrollo,  la intervención externa de la institución habrían causado problemas y tensiones.

“Entendemos que este tipo de iniciativas son parte de fondos que el BID incorpora a instituciones como CORFO: Corporación de Fomento de la Producción de Chile (CIFES) que pretenden implementarse para diversas áreas y que en este caso, en alianza con Ministerio Energía,  se relaciona directamente con lo que mal denominan “Energía Renovables”, directrices que obedecen a necesidades e intereses externas y que no contribuyen al bienestar colectivo de los territorios donde se pretenden implementar, como han denunciado”, indicaron las organizaciones.

En otro punto plantearon que «un tema importante que se debe acatar, es el respeto a los planes de desarrollo de acuerdo con los propios intereses y necesidades de las comunidades que señalan las normas internacionales de derechos de los Pueblos indígenas y que deben estar estipulados con ejercicios colectivos y que involucren a familias, autoridades ancestrales y comunidades en su conjunto.  Las comunidades y sus instituciones ancestrales deben decidir libremente sobre sus prioridades en desarrollo y no ser receptoras de la imposición de políticas”.

Varios casos han sido denunciados en ese sentido, que involucran a instituciones públicas con financiamiento detrás del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de ellos, fue el que afectó  en la Región de Los Ríos, principalmente en territorios de comunidades mapuche williche en comunas de Rio Bueno y Futrono, en el marco de un conflicto con un proyecto hidroeléctrico, generándose graves tensiones a causa de la intervención  y que en nada cumplía con los principios y normas del derecho sobre Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en general y que fueron denunciados por la Alianza Puel Willi Mapu.

Ante este escenario, es preciso que la Municipalidad de Temuco ofrezca detalles sobre cuáles son los proyectos y programas en específico que pretende desarollar el alcalde Neira, considerando el ambiguo anuncio de   “solventar iniciativas en el área de desarrollo de tecnologías e innovación”, con financiamiento del BID, como también, sobre los mecanismos de consulta y participación de la ciudadanía.

En  caso de que estos proyectos afecten intereses de comunidades y organizaciones Mapuche, Neira también deberá explicar cómo se implementarán planes de consulta y consentimiento de acuerdo al estándar internacional de derechos indígenas.

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