67 asesores de parlamentarios fueron finiquitados e indemnizados, salieron a hacer campaña y luego los recontrataron, revela CIPER Chile
Una investigación exclusiva de CIPER Chile, reveló que 67 asesores de diputados y senadores fueron indemnizados con recursos públicos para salir a hacer campaña en las elecciones de 2024 y 2025, y al finalizar los comicios todos fueron recontratados. El monto total pagado a estos colaboradores, cuyos finiquitos fluctuaron entre $500 mil y casi $10 millones cada uno, alcanzó los $189 millones.
La normativa del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe que un asesor sea candidato y trabaje en el Congreso al mismo tiempo, por lo que estos colaboradores debieron renunciar o suspender su contrato para participar en las campañas municipales y regionales de 2024, y en las parlamentarias y presidenciales de 2025. CIPER documentó que 58 de los 67 asesores finiquitados se presentaron como candidatos, principalmente a concejales, y que todos ellos, salvo tres casos, participaron en campañas del mismo sector político al que pertenecían los parlamentarios para los que trabajaban .
El cruce de datos realizado por CIPER Chile entre las indemnizaciones pagadas por la Cámara y el Senado entre enero de 2024 y marzo de 2026, y las rendiciones de campañas del Servel, también evidenció que cuatro asesores aumentaron sus sueldos meses antes de ser finiquitados, lo que incrementó el monto de sus indemnizaciones según establece el artículo 163 del Código del Trabajo. El caso más llamativo, según reveló CIPER, fue el del diputado Nelson Venegas (PS), quien incrementó el sueldo de un asesor de $1,3 millones a $2,8 millones en mayo de 2024, y lo finiquitó en julio para que fuera candidato. El diputado justificó el alza ante CIPER señalando que el asesor «había mejorado su condición académica».
El medio detectó además que cuatro asesores trabajaron simultáneamente en el Congreso y en campañas electorales, vulnerando la normativa que prohíbe destinar recursos de las asignaciones parlamentarias a actividades electorales. Entre ellos figuran Luis Reyes, asesor del actual senador Enrique Lee, quien emitió boletas por $2,8 millones para una campaña a consejera regional mientras percibía sueldo en la Cámara; Josue Varas, exasesor de la exdiputada Sofía Cid, quien facturó $560 mil por labores de coordinación territorial mientras mantenía su contrato; y Norma Elguin, asesora de la diputada Joanna Pérez, quien colaboró en cuatro campañas mientras estaba contratada. Todos fueron recontratados tras las elecciones, y los dos últimos fueron finiquitados en 2025 .
La investigación de CIPER también reveló que entre 2022 y marzo de 2026 la Cámara de Diputados pagó $5.700 millones en indemnizaciones para 1.336 asesores, y recontrató a 489 de ellos con un gasto asociado de $2.400 millones. El gasto en estos finiquitos aumentó 187 veces en 14 años: pasó de $31 millones en el periodo 2012-2014 a $5.700 millones en 2022-2026, según datos obtenidos vía Ley de Transparencia. En el Senado, en tanto, se pagaron $2.188 millones para indemnizar a 218 asesores, de los cuales 23 fueron recontratados. Al ser consultados por CIPER, la diputada Daniela Serrano (PC) y el diputado Raúl Soto (PPD) coincidieron en señalar que los finiquitos no son competencia de ellos, sino de la Secretaría General de la Cámara.
El presidente de la Asociación de Trabajadores de Parlamentarios de Chile (Afutraparch), Bastian Espinosa, señaló a CIPER que la crítica real apunta a los casos de concejales y cores que son contratados como asesores, generando «dobles sueldos».
La investigación del medio de investigación periodística, evidencia además que cuatro asesores del Senado, al ser recontratados tras su finiquito en marzo de 2026, alcanzaron el tope legal de 11 años de indemnización, y si vuelven a ser despedidos podrían sobrepasar ese límite. Consultados por CIPER, los parlamentarios involucrados ofrecieron diversas justificaciones, mientras la diputada Joanna Pérez se limitó a señalar que todo su equipo «ha trabajado siempre bajo los reglamentos internos establecidos», y el senador Enrique Lee cuestionó la investigación, señalando que la encuentra «sesgada y muy dirigida».
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