Investigación expone que asesores de Kast ganaron más de $76 millones en el Estado tras columna que tildó de «parásitos» a funcionarios públicos
Una investigación de Fastcheck, revelada este 15 de noviembre y replicada por CNN Chile, ha develado una clara contradicción entre el discurso público y la práctica de tres asesores clave del candidato presidencial José Antonio Kast. Cristián Valenzuela, vocero oficial del comando de Kast, junto a Carmen Soza y Sebastián Figueroa, se desempeñan como profesionales expertos en el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) mientras asesoran activamente la campaña presidencial del Partido Republicano. Según la información obtenida por Fastcheck vía Ley de Transparencia, y citada textualmente por la fuente, «los tres acumulan $76.2 millones en remuneraciones entre 2018 y 2025 por su participación en comités que seleccionan a directivos de segundo nivel jerárquico del Estado».
La exposición de estos cargos adquiere especial relevancia tras la reciente publicación de una columna titulada “Parásitos” por parte del propio Cristián Valenzuela. En dicho texto, Valenzuela calificaba al Estado como “podrido” por funcionarios que, en su visión, sacarían provecho del aparato público. Sin embargo, los datos recabados por Fastcheck detallan que Valenzuela, incorporado al SADP en 2018, es quien lidera las percepciones con «$33 millones por 197 sesiones, incluyendo 41 solo en 2025». Su rol, según la investigación de Fastcheck, «lo ha llevado a participar en 21 procesos de selección en ministerios como Economía, Educación y Salud».
Los otros dos asesores no se quedan atrás en su participación y remuneración dentro del sistema estatal. Sebastián Figueroa, quien se desempeña como director ejecutivo de la Agrupación Republicana, «ha recibido $25.8 millones desde 2019, con peak de $7.3 millones en 2024 por 36 sesiones». Por su parte, Carmen Soza, directora de Ideas Republicanas, «acumula $17.4 millones por 107 asistencias, participando en 13 procesos incluyendo direcciones regionales del SernamEG». La investigación de Fastcheck, recogida por CNN Chile, precisa que «los tres mantienen sus cargos vigentes hasta octubre de 2025, con renovaciones durante el actual gobierno».
Esta situación genera una evidente contradicción entre el discurso crítico hacia el Estado y la práctica de sus colaboradores directos. La investigación de Fastcheck subraya esta divergencia, la cual se acentúa con la defensa pública que hizo Valenzuela de su continuidad en el SADP, argumentando que su rol era “seleccionar a los mejores para servir a Chile”. Mientras pronuncia estas palabras, los registros muestran que estos asesores «han intervenido en nombramientos clave como directores regionales de Turismo, del Trabajo y de la Superintendencia de Electricidad», roles dentro del mismo aparato estatal que su campaña política cuestiona.
La ley que rige al SADP establece que los expertos reciben una retribución que, según reportó Fastcheck y citó CNN Chile, consiste en «entre 5 UF por sesión hasta un máximo mensual de 60 UF ($2.3 millones)». Esta remuneración, perfectamente legal, contrasta abruptamente con la retórica que califica a los funcionarios públicos como «parásitos» y pinta un panorama de un Estado «podrido», creando una fisura significativa en el relato de la campaña que asesoran y exponiendo una dualidad que será centro del debate público.
