¿Se ahogó proyecto sobre nueva ley acuícola? Acusan que gran industria salmonera torpedeó propuesta y proceso participativo

Nueva Ley Acuícola se hunde: Denuncian “normas a medida de la industria salmonera”

En 2022, el Gobierno del presidente Gabriel Boric prometió una nueva Ley General de Acuicultura como parte de su compromiso con una industria más transparente y sostenible y con especial énfasis a la acuicultura de pequeña escala.

La propuesta fue presentada por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, y contó con amplios procesos de participación ciudadana organizados por Subpesca. Se instalaron ocho pilares temáticos y se realizaron talleres territoriales y diálogos con cientos de actores del sector en ciudades como Puerto Natales, Castro, Puerto Montt, entre otras.

“Existe un compromiso de este Gobierno trabajar una Ley General de Acuicultura que sea fruto de un debate abierto y transparente; que aborde y de respuesta a los desafíos que tiene el sector para las próximas décadas; y que continúe contribuyendo sustentablemente con la seguridad alimentaria nacional y mundial”, señalaba así SUBPESCA en la promoción del proceso participativo.

¿En qué quedó la propuesta?

La expectativa de contar con una ley robusta y transformadora fue abruptamente reemplazada por un nuevo enfoque. En mayo de 2025, el propio Julio Salas comunicó ante la Comisión del Senado que la Comisión Nacional de Acuicultura (CNA) había decidido, por unanimidad, abandonar la idea de una ley general, optando por avanzar mediante “normas especializadas”. De esta forma, las únicas prioridades anunciadas fueron la “modernización de la gobernanza” y la “simplificación de trámites para relocalizaciones”.

Cabe consignar, que la Comisión Nacional de Acuicultura señalada, tiene como participantes instancias públicas y privadas. Entre las entidades estatales, están: el subsecretario de Pesca y Acuicultura quien la preside, incluyendo representantes de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; del Ministerio del Medio Ambiente; de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Por el sector privado, en tanto, participan una docena de representantes, incluyendo personeros de las asociaciones de empresas salmoneras, , asociaciones de prestadores de servicios de las empresas salmoneras y, representantes de los trabajadores de centros de cultivo de la industria salmonera.

Para la organización Defendamos Patagonia, esto representa una claudicación del Gobierno frente a los intereses de la gran industria salmonera. “El Gobierno de Gabriel Boric se somete a las órdenes de la industria salmonera. Aquí te contamos por qué”, señala uno de los mensajes que serán difundidos en sus redes sociales. Según la agrupación, se ha confeccionado una “nueva ley acuícola hecha a la medida de la industria”.

Desde la perspectiva ciudadana y ambientalista, esta decisión constituye una oportunidad desperdiciada para reordenar una industria marcada por escándalos de sobreproducción, incumplimientos normativos y operaciones en áreas protegidas. “Si anhelamos ser un país serio y sostenible, la salida de las salmoneras de la Patagonia debiese ser un mínimo acuerdo transversal”, afirman desde organizaciones costeras.

En el relato gráfico difundido por Defendamos Patagonia, se destaca el giro del Gobierno: desde una promesa de transformación hasta un ajuste técnico acotado. “Finalmente el año 2025 el Subsecretario de Pesca Julio Salas comunicó… que pasáramos del enfoque de Ley General de Acuicultura, a un enfoque de normas especializadas”, se señala, cuestionando que en ocho meses restantes de Gobierno no exista voluntad para retomar una agenda legislativa amplia.

Las imágenes también critican que solo se legislará en dos aspectos: gobernanza y relocalización. “¿Dónde quedó la protección del mar?”, interpelan con fuerza, recordando que fueron cientos las personas y organizaciones que destinaron sus tiempos con una serie de propuestas e ideas en los procesos de participación. Para los defensores del patrimonio marino, esto confirma que el Ejecutivo prefirió los intereses privados por sobre el bien común, retrocediendo ante la presión de una industria con fuerte poder de lobby.

El proceso de diseño de la ley incluyó importantes aportes técnicos y comunitarios durante 2023 y 2024, incluyendo propuestas desde la acuicultura de pequeña escala. Sin embargo, ninguna de esas propuestas fue incluida en el nuevo enfoque sectorial. Desde Defendamos Patagonia concluyen: “El mar no necesita simplificación de trámites, necesita justicia ambiental”.

Frente a este vuelco, la demanda ciudadana que comienza a instalarse es recuperar el rumbo de la Ley General de Acuicultura y asegurar que el mar y las comunidades costeras estén en el centro de la regulación, no al servicio de los grandes conglomerados empresariales.