Senadora Fabiola Campillai: “¿Somos un país inclusivo o solo accesible?”

«¿Qué pasa los otros 363 días del año?»: Fabiola Campillai cuestiona la diferencia entre accesibilidad y verdadera inclusión en Chile

En su más reciente columna de opinión, la senadora Fabiola Campillai plantea una interrogante que incomoda tras la masiva solidaridad de la Teletón: «¿Qué pasa los otros 363 días del año?». A través de una serie de casos concretos —desde cines y estadios hasta el Metro de Santiago y el propio Estado—, la parlamentaria evidencia que cumplir con la norma de accesibilidad no es lo mismo que incluir. «Un lugar accesible permite entrar. Un lugar inclusivo permite estar, y estar junto a los demás», sentencia, denunciando que la discapacidad sigue siendo tratada como un problema a resolver con una rampa o una ley, y no como una forma de vivir que debe estar en el diseño desde el principio.

Campillai también aborda los recortes presupuestarios que afectan directamente a este sector, como la rebaja al Senadis y la eliminación de programas de inclusión laboral en el Presupuesto 2027. Con la consigna «nada sobre nosotros sin nosotros», la senadora advierte que un derecho que depende de la buena voluntad de alguien no es un derecho, y llama a construir una sociedad donde las personas con discapacidad sean ciudadanos activos y no meros beneficiarios de la solidaridad. Te invitamos a leer la columna completa a continuación.

Columna: “¿Somos un país inclusivo o solo accesible?

Por Fabiola Campillai

Este fin de semana, millones de chilenos se movilizaron por la Teletón. Ese aporte es real y vale reconocerla siempre. Pero la pregunta que quiero hacer es otra: ¿Qué pasa los otros 363 días del año?

Chile tiene leyes de accesibilidad universal, y muchas instituciones y empresas las cumplen. Hay rampas, ascensores, un espacio reservado. Pero cumplir la norma no es lo mismo que incluir. Un lugar accesible permite entrar. Un lugar inclusivo permite estar, y estar junto a los demás.

Los ejemplos se repiten. Una madre denunció en redes sociales que en un cine el espacio para la silla de ruedas de su hija de nueve años quedaba junto a una escalera que tapaba parte de la pantalla, y la familia no pudo sentarse junta. El espacio existía. La inclusión, no. En el aeropuerto de Santiago, una estudiante en silla de ruedas denunció que la asistente especializada en brindar ayuda a personas con movilidad reducida le hablaba a su amiga y no a ella, y que pasó más de tres horas sin apoyo adecuado para ir al baño.

En los espectáculos pasa lo mismo. En el Lollapalooza de este año, el sector para personas con discapacidad y neurodivergentes estaba apartado de los espacios comunes y de los escenarios, y las guías de camino para sillas de ruedas eran obstaculizadas por asistentes del festival, que incluso se sentaban en ellas.

En el fútbol también ocurre. En el Estadio Ester Roa de Concepción, un hincha denunció en redes que, cuando el público se pone de pie, el sector para sillas de ruedas queda con la cancha tapada: pagó su entrada y el viaje para no poder ver bien el partido. Un hincha de la U con distrofia muscular demandó a Azul Azul, bajo la Ley Antidiscriminación, porque un guardia no lo dejó entrar por el acceso para personas con discapacidad, por el hecho de que no usaba silla de ruedas. Un sinsentido total.

En agosto, Isidora Uribe, joven reconocida por Forbes Chile por su trabajo por la inclusión y que fue la encargada de abrir el cierre de la Teletón este año en el Estadio Nacional, contó que en la premiación el ascensor no funcionaba y el recinto tenía escaleras: «no había ni el espacio, ni las condiciones».

Tampoco el Estado está libre de esto. Una carabinera con autismo denuncia más de un año de acoso en la Décima Zona de Carabineros; esta semana se confirmó el sumario y la Contraloría dio diez días a la institución para responder. En el Hospital de Osorno, un trabajador con autismo sufrió torturas hace cinco años. El sumario terminó en sobreseimiento, y solo cuando se conocieron los hechos, el Ministerio de Salud destituyó a cuatro funcionarios y el INDH presentó una querella. Y una madre denunció que su hijo, también con autismo, era humillado por sus colegas en el Hospital San Borja.

Pero la inclusión también se decide en el presupuesto. En abril, el decreto 331 de Hacienda recortó 32 mil millones al Ministerio de Desarrollo Social, y en agosto de este año la Ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, justificaba la rebaja en $1.135 millones al presupuesto del Senadis señalando que “El compromiso del gobierno es total” en materia de discapacidad… Inentendible. Necesitamos un Estado de Bienestar que haga cargo de los tratamientos de las personas con discapacidad y eso no se hace recortando sino sumando.

En la misma línea, un estudio de Horizonte Ciudadano estima, además, recortes por más de 325 mil millones en 48 programas sociales del Presupuesto 2027. Entre los que enfrentarían modificaciones figura el Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.

Soy una persona ciega, usuaria de bastón retráctil, y sé lo que significa que un espacio esté hecho para cumplir y no para incluir. Usuarios han denunciado en redes que hay vagones del Metro de Santiago que no anuncian la estación, y así el viaje se hace imposible de no depender de un tercero. Y cuando dependemos de la buena voluntad de alguien para no pasar un mal rato, eso no es un derecho sino un favor.

Otro caso. En mayo invité al Senado a Eric Rodriguez, influencer ciego, y a Salvador, un niño también con discapacidad visual. Salva, como le gusta que le digan, llevaba meses sin recibir sus libros escolares en braille. Tuvimos que hacer presión con Eric en la Comisión de Educación del Senado, en el ministerio y la subsecretaría para que finalmente Salva recibiera sus libros. Una vez más, las herramientas de accesibilidad están, pero la inclusión no.

Y nada de esto ocurre por una sola mala decisión. Ocurre porque aprendimos a pensar la discapacidad como un problema que se resuelve con una norma, y no como una forma de vivir que debe estar en el diseño desde el principio. Primero se construye para el promedio. Después, si alcanza, se adapta. Y quien no cabe en el promedio queda esperando que alguien haga una excepción.

Así, quienes tenemos una discapacidad pasamos a ser beneficiarios y no ciudadanos. Nos protegen, nos ayudan, nos acompañan. Pero rara vez nos preguntan cómo queremos participar, y menos nos entregan el poder de decidir. La exclusión es la suma de decisiones pequeñas: un ascensor sin reparar, un guardia sin capacitación, un presupuesto recortado. Esas decisiones las toman quienes diseñan, contratan y votan. Pero quienes pagamos el costo cada día somos los que intentamos entrar.

Incluir es otra cosa. Lo decimos hace años: «nada sobre nosotros sin nosotros». Significa construir con quienes vivimos la exclusión, y no sobre nosotros. Significa entender que un derecho que depende de la buena voluntad de alguien no es un derecho. Y significa aceptar que, si no podemos estar, el error no es nuestro: es del lugar.

La solidaridad de un fin de semana es valiosa. Pero la inclusión se prueba los otros 363 días del año.