Sin Asamblea Constituyente no habrá Constitución republicana

El debate acerca de la necesidad de una nueva Constitución para democratizar realmente las instituciones del país se está haciendo a medias y en círculos restringidos. La elite política quiere una Constitución remozada desde arriba. Los “constitucionalistas” están escamoteando el debate de fondo, ya que no habrá una nueva Constitución republicana legítima que exprese y codifique nuevas relaciones políticas, sociales y económicas democráticas sin la elección por sufragio universal de una Asamblea Constituyente que redacte la nueva Carta fundamental.

Y para que este escenario se haga realidad, es necesario que en el proceso mismo se genere un gran movimiento del pueblo ciudadano que imponga su voluntad sobre el tema en la escena política. Sólo así los cambios culturales, de mentalidades y la última generación de derechos civiles y colectivos podrán plasmarse en un texto constitucional a la altura de los desafíos civilizacionales de los tiempos presentes.

El temor de las elites políticas, e incluso de los tres candidatos punteros y de sus asesores es que esto ocurra. Que un clamor e impulso democrático surja desde abajo, les dé vuelta el tablero y los obligue a ir al fondo de los problemas. Por eso, los tres amigos y sus corifeos se agitan tanto, apalean nubes y levantan polvo. Pese a las apariencias y a la escenografía mediática, son los viejos rituales que se repiten. Los mismos que han llevado al desprestigio de la actividad política.

Los presidenciables que hacen gárgaras con los eslóganes del cambio tendrían que pronunciarse claramente por el cambio de Constitución… con Asamblea Constituyente.

Y quienes defienden la actual Constitución (entre ellos connotados analistas políticos sistémicos como Patricio Navia) lo hacen a sabiendas de que ésta es un muro de contención de las exigencias en pos de más democracia económica, más derechos colectivos, más igualdad real y mayor garantías de vida concreta y digna para los chilenos.

La coyuntura electoral es oportuna. Habría que aprovecharla. Sólo un ejercicio democrático y participativo que movilice a todo el país y sobretodo a los trabajadores (los del discurso de Salvador Allende citado el 11 pasado por la Presidenta, ¿de manera oportuna u oportunista?), a los sectores asalariados medios, a los estudiantes, a las mujeres, al pueblo mapuche y a los sectores populares podrá dar impulso a la gestación de una Constitución republicana que esté atravesada de A a Z por un espíritu de Justicia y de solidaridad de cara al futuro.

La Constitución del 80, (resultado de una correlación de fuerzas favorable en aquel momento a los sectores económicos dominantes) además de desprestigiar la política y las instituciones, adolece de un vicio de forma puesto que es un engendro de la violencia dictatorial y en su contenido y articulado expresa los intereses de la oligarquía empresarial y, luego, tras enmiendas, los de la elite política binominal. La Constitución del 80 tiene el gusano dentro de la fruta. Ella arrastra —como bien lo diría Jacques Derrida— su “Principio de ruina” (1).

En el “espíritu” de la Constitución imperante y en filigrana, por ejemplo, el derecho “liberal” a manifestar está supeditado al principio autoritario de preservación del “Orden público”; el mismo que permite reprimir y matar a manifestantes.

En su esencia misma, y pese a las reformas y a la firma de Ricardo Lagos, la Constitución imperante impone una visión excluyente de los derechos (2) y prerrogativas de las mayorías ciudadanas. Además, su faceta economicista y neoliberal la desvirtúa y revela asimismo sus intenciones de clase al supeditar lo político y lo social a los mecanismos y relaciones capitalistas de producción y dominación

En la Constitución vigente se sigue anteponiendo y privilegiando la defensa de la propiedad privada de los medios de producción por encima del bienestar y goce por las mayorías de bienes públicos fundamentales como la salud, el agua, la energía, el medioambiente saludable, la educación y la vivienda. De igual manera, la constitución actual, favorece la entrega de los recursos naturales a la dinámica depredadora del capitalismo global.

Esta situación debe ser revertida. La nueva Constitución debe expresar los requerimientos democráticos y las correlaciones de fuerza del presente. La única manera es volver al principio original. A la idea democrática fundamental de que el origen del poder o soberanía constituyente (es lo mismo), en una nación que se asume como una democracia auténtica, reside en el pueblo, en los ciudadanos.

El primer paso en pos de este objetivo es que los ciudadanos decidan constituirse en una “asamblea constituyente amplia” (seamos redundantes para que quede en claro cual es el origen del poder político en una democracia) el día mismo y por el acto de elegir democráticamente por sufragio universal directo a sus representantes en una Asamblea Constituyente (3).

El segundo paso, inseparable del anterior, es la redacción por la Asamblea Constituyente electa y legítima, previo debates y consultas a la ciudadanía, de la Constitución democrática de la república o comunidad de ciudadanos que se dan (autogobiernan) leyes, normas y derechos para vivir en condiciones concretas de Justicia e Igualdad. El último paso es plebiscitarla. No hay otra manera de reconstruir confianza en las instituciones y en la política.

Por Leopoldo Lavín Mujica
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(1) Jacques Derrida (1930-2004), el filósofo francés que enseñó en universidades norteamericanas desarrolló  la teoría de la “Deconstrucción”. Según sus análisis, todo el derecho es “deconstructible”. Con mayor razón una Constitución ya que es un texto fundado por hombres que actúan con intenciones. La Deconstrucción según Serres no destruye al derecho constitucional, sino constituye su movimiento de transformación histórica y su apertura a lo que la supera: la Justicia.  Según Derrida, la Deconstrucción inscribe la Justicia en la transformación del Derecho y abre también el Derecho a la Justicia. La Deconstrucción según Derrida es “el principio de ruina que habita cada discurso, institución  o construcción”. No se trata de destrucción,  es más bien el análisis y la descomposición infinita que comienza con el origen de cada texto. No hay nada fuera del libreto, todo es, en un cierto sentido, texto en un contexto.

(2) El derecho constitucional es en efecto deconstructible. Es siempre un texto o discurso fundado porque no puede fundarse él mismo, por si mismo). Desde la modernidad no puede pretenderse que los textos de ley sean el equivalente de las Tablas de la Ley o de los 10 Mandamientos de origen divino. Lo que significa que una “Carta fundamental” necesita un acto fundador. Alguien la funda. Por un acto que es fundamentalmente político, es decir atravesado por relaciones de fuerza. Por lo mismo, en una democracia, una Constitución sólo puede ser fundada por un acto abierto a la participación de todos los ciudadanos. Que le dan su razón de ser a la democracia.  Es una de las justificaciones (o argumento) filosóficas de la Asamblea Constituyente.

(3) La soberanía es popular porque reside en el pueblo ciudadano. En la gran asamblea donde reside y se erige el poder son todos los ciudadanos quienes entran con su cuerpo, su palabra y sus derechos ciudadanos adquiridos por la constitución misma de este cuerpo político de seres iguales. Afuera del rodeo o espacio democrático, se dejan los títulos de nobleza, los privilegios de casta, las acciones de la bolsa, las fortunas, las espadas y cañones, los títulos y los diplomas. “Deconstruir” el poder es ir a su fuente.  Al individuo soberano con poder sobre su vida, su palabra, su acción. Ahora bien, los individuos juntos y provistos de consciencia de lo que son socialmente (de sus relaciones sociales o “existencia social” diría Marx) pueden fundar clases. El fundamento de las clases no encuentra hoy solamente su justificación en Marx. Por lo mismo, las Constituciones llevan el sello de las relaciones de fuerza entre las clases aunque no les guste a los liberales, progresistas y conservadores de todos los pelajes.

Leopoldo Lavín Mujica, B.A. en  philosophie, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canadá.