La paradoja salmonera: Invierten millones en robots que reemplazan trabajadores, pero acusan a leyes ambientales e indígena de destruir empleo
Mientras la industria salmonera chilena despliega con entusiasmo y gran publicidad su denominada “revolución tecnológica”, promoviendo una imagen de sostenibilidad y progreso, un análisis basado en datos oficiales, declaraciones de actores clave y reportes especializados revela una contradicción central: el despliegue de Inteligencia Artificial (IA) y automatización amenaza con erosionar aún más la base laboral del sector, desmintiendo el reiterado discurso de la industria y sus campañas contra leyes ambientales como la SBAP o la Ley Lafkenche, las que en reiteradas ocasiones tilda como principales amenazas al empleo, incluso movilizando a sus trabajadores bajo la promoción de un discurso polarizado.
El 5 de diciembre de 2024, Mowi Chile inauguró en Chonchi su “sala de operaciones para alimentación y monitoreo remoto”, corazón de su estrategia global “Mowi 4.0 Smart Farming”. Según su comunicado, este centro de 160 m² controlará “cerca de 30 centros de cultivo” empleando “robots de limpieza”, “cámaras multipropósito” y “procesadores de imágenes con inteligencia artificial”, destaca Diario Chiloé.
En abril de 2025, un reporte de SalmonExpert detalló cómo las cinco principales empresas del sector –AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén– implementan IA para “optimizar procesos”, “reducir costos” y lograr un “menor impacto ambiental”, digitalizando desde la alimentación hasta el fileteado.
Sin embargo, este avance tecnológico ocurre en paralelo a un estancamiento histórico en la generación de empleo. Un estudio de Fundación Terram de 2023, basado en datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), concluyó que la industria generó, en promedio, solo 16.999 empleos directos anuales entre 2005 y 2021, muy por debajo de las casi 28 mil plazas que suele reportar.
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Otro estudio, citado por Radio JGM en diciembre de 2024, es contundente: “los trabajadores dependientes informados por la industria alcanzan anualmente los 27.958 empleos, los trabajadores ponderados por meses trabajados representan en promedio sólo un 61% de este total”.
Más revelador aún: entre 2010 y 2020, la cosecha de salmón creció un 131%, mientras el empleo ponderado solo aumentó un 62%. “En términos proporcionales, una mayor producción de salmones no se ha traducido en una mayor cantidad de puestos de trabajo”, puntualiza una publicación del medio Interferencia.
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Esta tendencia a la desconexión entre producción y empleo se ve potenciada por las nuevas tecnologías. Ejemplo de ello es la máquina de fileteado MS 2750 de Marel, presentada en Aquasur 2024 y reportada por El Divisadero, que procesa 25 peces por minuto “sin intervención del operador”. Su objetivo, según la noruega Sotra Fiskeindustri al adoptarla, es claramente “reducir la dependencia de la mano de obra”. Este caso no es ajeno a Chile: el proyecto de modernización de la planta de Mowi en Bahía Chacabuco (Aysén), aprobado en 2022 y citado por Radio JGM, triplicó su capacidad de procesamiento (de 8 a 27 ton/h) mediante automatización, sin un aumento proporcional de empleos.
La narrativa de la industria, que se presenta como pilar laboral del sur, es cuestionada incluso por autoridades. En diciembre de 2024, el gobernador de Aysén, Marcelo Santana, afirmó al diario El Divisadero: “No es un sector que impacte tanto en el empleo.
Revisando los datos del INE, la salmonicultura es el quinto o sexto rubro productivo en impacto laboral en la región”. Esta declaración choca frontalmente con el discurso de que leyes ambientales, como la SBAP que regula las áreas protegidas o incluso la llamada Ley Lafkenche, como la principal amenaza para los puestos de trabajo que en reiteradas ocasiones ha sido parte del discurso de las salmoneras.
La paradoja se profundiza al constatar que la industria expande su producción justamente en estos ecosistemas frágiles. Una investigación publicada el 21 de noviembre de 2024 por Interferencia, reveló que existen 409 concesiones salmoneras otorgadas dentro de áreas protegidas, con 309 activas que produjeron 3,2 millones de toneladas entre 2001-2023. El economista Cristopher Toledo de Terram, autor del estudio, explicó a dicho medio que mientras la industria creció a un 4% anual nacionalmente, dentro de parques y reservas lo hizo a una tasa cercana al 30% anual. “Las características ecosistémicas que justificaron la protección –sus aguas limpias, menor intervención– están potenciando la rentabilidad de la industria”, señaló Toledo.
Frente a esta evidencia, organizaciones ambientales y sociales señalan que el verdadero riesgo para el empleo no son las normativas de protección, sino la lógica extractiva y tecnificada del modelo. Prospectivamente es bueno preguntarse qué cambios generarán las nuevas tecnologías para el futuro del empleo”. El debate, por tanto, ya no es solo ambiental, sino sobre qué tipo de desarrollo –y para quiénes– promueve la transformación digital de una industria señalada como clave para el sur de Chile y que tiene un amplio prontuario de impactos sociales y ambientales en la Patagonia.


