Tribunal Ambiental responsabiliza al Estado de Chile por daño ambiental en vertederos de Alto Hospicio y ordena plan de reparación
El Primer Tribunal Ambiental de Chile declaró al Estado responsable por el daño ambiental significativo causado por vertederos ilegales de ropa, neumáticos y escombros en los sectores Pampa Norte, Pampa Sur, Mollecita Norte y Mollecita Sur, en la comuna de Alto Hospicio. La sentencia, emitida tras una demanda presentada en marzo de 2022 por la abogada Paulina Silva, condena al Fisco a presentar un plan de reparación ambiental en un plazo máximo de seis meses. Se eximió de responsabilidad a la Municipalidad de Alto Hospicio, por haber desplegado acciones concretas, aunque insuficientes, para gestionar los residuos.
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Fundamentos del fallo y magnitud del daño
El tribunal basó su decisión en la constatación de una afectación grave al suelo y al paisaje, con base en informes técnicos e inspecciones judiciales que verificaron la acumulación de “decenas de miles de toneladas de ropa usada y otros residuos acumulados desde hace más de una década”. Se destacó que la magnitud, extensión y permanencia del daño supera el umbral meramente local, configurando un daño ambiental relevante según la Ley N° 19.300. El Ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, redactor de la sentencia, explicó: “analizados y ponderados los antecedentes, resulta que efectivamente existe un daño ambiental, el cual es de carácter significativo respecto de los componentes suelo y paisaje”.
Detalles del plan de reparación ambiental
El plan de reparación ordenado por el tribunal deberá incluir un diagnóstico ambiental integral, el retiro y disposición segura de los residuos, la restauración del suelo y la recuperación del paisaje. Además, contempla medidas para prevenir nuevos depósitos ilegales, educación ambiental y un sistema de monitoreo y seguimiento con participación ciudadana y transparencia en la ejecución. El tribunal enfatizó que el plan debe responder a la caracterización específica de cada sitio, con metas verificables de limpieza y recuperación.
La demanda, presentada por la abogada Paulina Silva, denunció que desde 2012 existían vertederos ilegales en terrenos fiscales, con un acumulado de 30.000 toneladas de residuos en 300 hectáreas en la zona de La Pampa, y otro foco en el sector Esmeralda. Estos desechos generaron gases tóxicos, incendios y plagas, afectando a la población local. El tribunal realizó dos inspecciones en terreno que fueron cruciales para sustentar la decisión, verificando directamente la magnitud del problema.
De acuerdo al fallo, en disidencia, la ministra Sandra Álvarez votó por rechazar la demanda, argumentando que la demandante carecía de legitimación activa y no acompañó pruebas suficientes. Por su parte, el ministro Hernández emitió un voto preventivo proponiendo un análisis multicriterio para determinar la significancia del daño, aunque coincidió en la existencia del perjuicio ambiental.
Autoridades regionales valoraron el fallo. El seremi del Medio Ambiente de Tarapacá, Marcelo Hernández, recalcó: “El fallo demuestra que sí existe un daño ambiental, y que este es de carácter significativo”. Mientras, el seremi de Gobierno, Rodrigo Vargas, señaló que la resolución obliga a las autoridades a trabajar de manera más activa en soluciones, destaca el medio La Estrella de Iquique.
El dictamen sienta un precedente crucial en la jurisprudencia ambiental chilena, reforzando el rol del Estado como garante de la normativa ambiental y estableciendo obligaciones concretas para reparar daños de larga data causados por residuos no controlados.
La abogada Paulina Silva sostuvo que el fallo es un hito nacional y que demuestra que los organismos del Estado deben cumplir con su rol de fiscalización.
“Estamos dando un paso en protección ambiental y en poner en evidencia que el Estado también debe hacerse responsable por la falta de fiscalización y de medidas preventivas y sancionar severamente a quienes lucran contaminando”, subrayó, según destaca <Diario La Estrella de Iquique>.