Venezuela cuestiona a la ONU por negarse a condenar sanciones contra el país

Venezuela condenó que desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) no se condenen las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra el país.

El cuestionamiento se hizo durante la actualización Oral de la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre situación de derechos humanos en Venezuela en 49° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En ese sentido, el embajador Héctor Constant recalcó que en el informe presentado este jueves «no tomaron en consideración la información compartida por el Estado».

«Todavía vemos con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos, lo cual se aleja del sacro objetivo de la promoción de los derechos humanos», expresó Constant durante su discurso, reseñó Últimas Noticias.

Constant recordó que en días recientes el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una videoconferencia con la Alta Comisionada, donde debatieron la asistencia técnica entre ambas partes, así como se reiteró la cooperación para fortalecer todos los mecanismos de derechos humanos.

No obstante, el diplomático lamentó «escuchar hoy información sobre supuestas violaciones al debido proceso de ciudadanos venezolanos y otras líneas discursivas que generan duda sobre la actuación del Estado, a pesar del intercambio constante de información existente con los oficiales de la Oficina en el terreno. Tomamos nota de tales alegaciones, pero reafirmamos que no se ajustan a la realidad».

A pesar de que se valora el llamamiento para levantar las medidas coercitivas unilaterales, no obstante, señaló que «no se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela, sin referirnos al terrible impacto en la vida de nuestro pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos».

«Venezuela ha sido blanco de al menos 502 medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales que persiguen acabar con nuestro modelo social inclusivo. Hoy el efecto de sobrecumplimiento de tales medidas ilegales genera vicios terribles en todas las áreas del quehacer social venezolano», puntualizó.

«Confiamos en el papel que la Alta Comisionada pueda tener para lograr el cese inmediato de esas acciones ilegales que generan sufrimiento y atentan contra la vida de mis compatriotas», recalcó.

El diplomático subrayó que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Bachelet ha reforzado su presencia en Venezuela en los últimos años, por lo cual aseguró que «sus funcionarios cumplen su mandato con total libertad y apoyo de los órganos competentes del Estado».

Bachelet aboga por levantamiento de sanciones

 La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, reiteró su llamado a que se levanten las sanciones contra Venezuela como vía para mejorar la calidad de vida de su población, reseñó, por otra parte, Sputnik Mundo.

«Sigo alentando el levantamiento de sanciones sectoriales para contribuir a aliviar las necesidades de los segmentos más vulnerables de la población venezolana», expresó en la actualización del informe sobre la situación de Venezuela, publicado en el portal web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr).

Bachelet hizo también varias recomendaciones al Gobierno de Venezuela e indicó que de acuerdo con lo expresado en la participación de Venezuela en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal, espera que se cree un mecanismo nacional para el seguimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal.

La comisionada reconoció algunos avances desde su último informe presentado en septiembre de 2021, como la reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional, así como la prohibición de enjuiciar a civiles por tribunales militares.

En ese sentido, saludó la extensión del lapso para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia e instó a las autoridades a evaluar la independencia e imparcialidad de los candidatos en el proceso de selección, así como la firma de un Memorando de Entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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