Víctimas de la Caravana de la Muerte presentan querella por presunta ayuda del Gobierno Frei a Pinochet en Londres

Acusaciones de que el Gobierno de Frei ayudó a Pinochet a fingir demencia para evitar la justicia: Familiares de víctimas presentan querella

Familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte presentó este viernes una querella contra el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle por su presunta ayuda a Augusto Pinochet para evadir la justicia internacional en 1999-2000. Según informó Radio Biobío, la acción judicial se basa en revelaciones del exasesor presidencial Cristián Toloza, quien admitió que se elaboró un informe para que el exdictador fingiera demencia y evitara su extradición a España.

La querella, ingresada por la abogada Karinna Fernández, detalla que el Gobierno de Frei coordinó esfuerzos para proteger a Pinochet durante su detención en Londres, donde enfrentaba una solicitud del juez Baltazar Garzón por crímenes de la Operación Cóndor. El medio destacó que, según Toloza, se creó un dossier de 10 páginas que instruía al exdictador «decir que había pensado suicidarse» y mostrar «problemas de memoria», estrategia respaldada por el entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta.

Los querellantes, entre ellos Angélica Palleras y Rosita Silva, acusan que el Estado chileno «se burló de las víctimas» al facilitar la impunidad de Pinochet. Palleras, cuyo hermano fue asesinado en 1973, declaró a Radio Biobío: «Ese gobierno se burló encima de todos los muertos y sus familiares». La acción judicial también menciona el uso de un documento secreto de la Caravana de la Muerte —entregado por Toloza a autoridades británicas— para negociar el retorno de Pinochet bajo el argumento de que sería juzgado en Chile, algo que nunca ocurrió.

El caso se reactivó tras las revelaciones del libro Calle Londres 38, del investigador Philippe Sands, donde Toloza admitió su rol en la estrategia. Según Radio Biobío, el excanciller José Miguel Insulza negó conocimiento del informe y aseguró que «si hubiese existido, se hizo a espaldas del Gobierno». Sin embargo, los querellantes exigen que declare junto a otros exfuncionarios, como el actual canciller Alberto Van Klaveren y el exembajador en Reino Unido, Pedro Cabrera.

La querella sostiene que los crímenes de Pinochet son imprescriptibles y apunta a delitos como encubrimiento, sustracción de documentos públicos e infidelidad en la custodia de pruebas. Fernández, la abogada a cargo, enfatizó a Radio Biobío la necesidad de acceder a archivos oficiales: «La clase política y el Ejército están llamados a entregar esa información».

Rosita Silva, hija de un ejecutado en Antofagasta, recordó que Frei «no movió un dedo» por las víctimas y hoy, pese a su delicada salud, firmó la querella en persona: «Tengo 65 años y no pierdo la esperanza de un rayito de justicia».

El Ministerio de Relaciones Exteriores declinó comentarios, mientras el entorno de Frei señaló que el exmandatario «no opina sobre contingencia». Radio Biobío destacó que este caso reabre el debate sobre la complicidad civil en la impunidad de crímenes dictatoriales, ahora bajo la lupa de la justicia chilena.